INFORME 2007 EN ESPAÑA: ANÁLISIS Y PERPSPECTIVAS SOCIOECONÓMICAS
Aprovechar el crecimiento económico para mejorar la calidad social y medioambiental de España
Bruno Estrada López
Economista
Coordinador Área de Economía
Fundación Sindical de Estudios de CC.OO. de Madrid
1.- Durante el año 2006 se ha mantenido el alto crecimiento de la actividad económica de España, mientras se consolida la recuperación de Francia y Alemania
2.- El fuerte incremento de la construcción y de la emisión de gases de efecto invernadero indican que se mantiene un patrón de crecimiento insostenible, que genera más desigualdad
2.1 Insostenibilidad del modelo de crecimiento.
2.2 Incremento de la desigualdad.
3.- La concentración de la generación de empleos en los sectores de menor productividad, y el alto déficit exterior exigen, para no perder competitividad, políticas públicas que reorienten las inversiones hacia actividades de alto valor añadido y una elasticidad-renta elevada
3.1- El modelo de crecimiento de la economía española, basado en la construcción y en los servicios de baja cualificación, determina el tipo de empleo que se crea: uno de cada tres trabajadores tiene un empleo precario.
3.2.- El déficit exterior evidencia una incapacidad de competir en sectores de alta elasticidad de la demanda.
3.3- El incremento de los precios del petróleo, que es un claro síntoma de su agotamiento, debería acelerar la transición energética hacia las energías renovables.
4.- La reducción del incremento de los precios y los mayores incrementos salariales logrados en la negociación colectiva suponen una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
4.1.- El descenso de la inflación no sólo es debido a la bajada de los precios del petróleo.
4.2- Recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en el tercer trimestre de 2006.
4.3.- El constante incremento de los tipos de interés supone una adicional perdida de poder adquisitivo.
4.4- La nueva Ley del Suelo debe enfrentarse al incremento de los precios de la vivienda.
5.- Los objetivos de superávit fiscal, y aprobación de una fuerte rebaja fiscal a las empresas, ignoran el déficit social de España frente a Europa.
6.- Conclusiones
1.- Durante el año 2006 se ha mantenido el alto crecimiento de la actividad económica de España, mientras se consolida la recuperación de Francia y Alemania.
Incremento PIB real España-Zona euro
2003 | 2004 | 2005 | 3 primeros trimestres 2006 | ||
España | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3.7 | |
Zona euro | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 2.6 | |
Diferencial | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 1,1 | |
| Fuente: Elaboración propia a partir INE, Banco de España y BCE. | |||||
Durante los nueve primeros meses del año 2006 España ha mantenido el fuerte crecimiento de la actividad económica, un 3,7%, incluso superior al 3,5% del mismo periodo del año 2005.
El diferencial, de algo más de un punto, con la zona euro es algo inferior, seis décimas, a la media de los tres años anteriores. Esta reducción del diferencial obedece, no a una desaceleración de la economía española, sino a la recuperación de las principales economías de la zona euro, Francia y Alemania, lo cual tendrá efectos positivos en la actividad industrial de nuestro país, ya que son los principales mercados de las exportaciones españolas.
El crecimiento del PIB francés, que en el año 2005 fue de un 1,2%, esta cumpliendo en 2006 las previsiones de la Comisión Europea, de un 1,9% para todo el año, ya que este es el dato de crecimiento del PIB de los tres primeros trimestres del año 2006, según el Banco Central Europeo
En el caso de Alemania la recuperación es aún mayor, si en el año 2005 el crecimiento fue de tan solo un 0,9%, y la previsión para el año 2006 era de un 1,7%, la evolución en los nueve primeros meses del año es de un incremento del 2,5%.
Ambos países representan la mitad del PIB de la Zona euro.
Incremento PIB real España (2000-2006)
Años | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 3er. tr. |
Incremento PIB real | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
Fuente: INE
La tasa de crecimiento interanual del PIB en el tercer semestre de 2006, un 3,8%, es notablemente superior a la media de los últimos cinco años, 2001-2005.
La continuidad del crecimiento económico pone en evidencia que las incertidumbres planteadas, hace un año, por el Fondo Monetario Internacional sobre la economía española hace un año, en relación a una brusca desaceleración del consumo interno, no obedecían a un análisis riguroso de la realidad española, sino que estaban dictadas por el componente ideológico de sus directivos, lo que resta credibilidad a las instituciones financieras internacionales, y en particular al FMI.
La actividad industrial parece consolidar su recuperación, ya que el PIB industrial se incrementó un 4% durante el tercer trimestre del 2006, lo que supone una media de un 2,7% durante los tres primeros trimestres de 2006, frente a un 0,1% de incremento en el mismo período del año 2005.
El incremento del Índice de Producción Industrial (IPI) del 4,2% en Noviembre, sobre el mismo mes del año anterior, y los datos sobre la consolidación del fuerte incremento de la inversión en bienes de equipo, que durante los tres primeros trimestres del año 2006 ha crecido un 9,1%, manteniendo el fuerte crecimiento experimentado en el año 2005, un 9,0%, apuntan en el mismo sentido. Sobre todo teniendo en cuenta los positivos datos del tercer trimestre del año pasado, un 9,5%.
Las menores tensiones inflacionistas, por la estabilidad actual de los precios del petróleo en torno a los 50 dólares por barril, suponen una rebaja de las presiones para que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés.
2.- El fuerte incremento de la construcción y de la emisión de gases de efecto invernadero indican que se mantiene un patrón de crecimiento insostenible, que genera más desigualdad.
2.1 Insostenibilidad del modelo de crecimiento.
El modelo de crecimiento de nuestro país, en los últimos años ha estado basado en el consumo y en la actividad de la construcción.
Los últimos datos del consumo final de los hogares en el tercer trimestre de 2006, un 3,6% en términos reales, suponen la confirmación de una desaceleración del ritmo de crecimiento del consumo, desde mediados del año 2004. Aunque en el caso del consumo de los hogares es preocupante que sus tasas de crecimiento en términos corrientes, un 7,5%, sean superiores al incremento de la renta disponible, un 6%, lo que refleja una reducción del ahorro de los hogares, lo que podría tener consecuencias fuertemente restrictivas en el consumo futuro, sobre todo en un escenario de crecimiento de los tipos de interés.
El sector de la construcción, que durante el primer semestre del año 2006 mantuvo cifras de crecimiento muy elevadas, un 5,1%, pero decrecientes respecto al semestre anterior, un 5,5%, ha mostrado una revitalización en el tercer trimestre, un 5,7%. La entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación en Octubre de 2006, que implica un encarecimiento del precio inicial de las viviendas, pero una reducción futura de sus gastos energéticos por un mejor acondicionamiento de las viviendas, ha supuesto la aceleración de muchos proyectos, por ello la superficie con visados para construir en los últimos meses ha aumentado extraordinariamente en los últimos meses previos a su entrada en vigor, un 33,2% en agosto y un 88,8% en Septiembre. La coyunturalidad de estos datos, en función de la aprobación de esta reglamentación sectorial, hace imposible analizar la tendencia futura, los datos de Octubre son significativamente inferiores, aunque aún muy elevados, un 18,3%, sobre todo teniendo en cuenta que otros indicadores, como los precios de las viviendas en las grandes ciudades, están indicando un agotamiento del ciclo constructor en determinadas áreas geográficas.
Asimismo España se caracteriza por ser uno de los países del mundo que más incumple los compromisos adquiridos en el Protocolo Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento del planeta. El Protocolo de Kioto permitía a España un incremento del 15% en la emisión de estos gases en el periodo 1990-2012, y tan solo en el año 2005 el incremento ya ha sido superior al 53%.
Como se puede observar en los datos facilitados por la OCDE España es, entre los países con mayor volumen absoluto de emisiones de CO2, el que más ha crecido en los últimos años, un 33% desde 1995 a 2003. El deplorable comportamiento de nuestro país frente al cambio climático incluso supera al de los países en desarrollo, que aun no están sujetos al compromiso de reducción de emisiones del Protocolo de Kyoto, porque tienen emisiones per capita mucho más bajas, India, que emite una tonelada de CO2 per capita anualmente ha incrementado sus emisiones en un 32%, las emisiones de China crecieron un 25%, siendo su emisión anual per capita de 2,9 toneladas; y al de los países altamente depredadores de energía de origen en carbono, como Canadá, con un incremento del un 20% en ese periodo, Australia, un 24%, o EE.UU, un 12%, que tienen emisiones per capita entre 17 y 19 Toneladas anuales, muy por encima de media de la Unión Europea-25 que esta en las 8,5 toneladas per capita anuales.
Emisiones de CO2, de origen energético, por países
Emisiones/ 2003(1995=100) | % Emisiones sobre total | Emisiones per capita | |
España | 133 | 1,3 | 7,5 |
India | 132 | 4,2 | 1 |
Brasil | 127 | 1,2 | 1,7 |
China | 125 | 14,9 | 2,9 |
Corea del Sur | 124 | 1,8 | 9,4 |
Australia | 124 | 1,4 | 17,4 |
Canada | 120 | 2,2 | 17,4 |
Mejico | 119 | 1,5 | 3,6 |
Sudafrica | 115 | 1,3 | 6,9 |
Total mundial | 115 | 100 | 4 |
EE.UU. | 112 | 22,9 | 19,7 |
OCDE | 111 | 51,2 | 11,1 |
Italia | 110 | 1,8 | 7,9 |
Francia | 109 | 1,6 | 6,5 |
Japon | 109 | 4,8 | 9,4 |
EU25 | 105 | 15,5 | 8,5 |
Reino Unido | 101 | 2,2 | 9,1 |
Alemania | 98 | 3,4 | 10,4 |
Rusia | 96 | 6,1 | 10,6 |
Fuente: Elaboración propia a partir OCDE Factbook 2006.
2.2 Incremento de la desigualdad.
La reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística ha puesto de manifiesto la creciente desigualdad del crecimiento en nuestro país. A pesar de que la tasa media anual de crecimiento del PIB ha sido superior al 3% en la última década, este crecimiento se esta repartiendo de forma muy desigual, ya que en 2004 el 19,8% de la población española estaba considerada como pobre, es decir, que tenia unos ingresos, incluidas las transferencias sociales recibidas, inferiores al 60% de la cifra de ingresos que divide a los hogares en dos mitades iguales.
Este dato es similar al del año 2003, un 19,9%, lo que viene mostrar que el fuerte crecimiento económico de nuestro país apenas ha reducido las diferencias sociales.
Los últimos datos disponibles, 2003 y 2004, de distribución de la renta por hogares ponen de manifiesto que el numero de hogares con unos ingresos superiores a 35.000 ha pasado de representar un 14,7% de los hogares a un 16,9%, pero esto no ha supuesto una reducción sustantiva de los hogares con menores ingresos, los de menos de 14.000 euros anuales han pasado del 35% en 2003 al 34,7% en 2004.
Es decir tendemos a una sociedad cada vez más dual, propia de países menos desarrollados. Los ingresos del 20% de la población más rica de nuestro país han pasado de suponer 5,1 veces los ingresos del 20% de la población más pobre en el año 2003, a 5,4 veces en el año 2004.
Cociente entre los ingresos totales recibidos por el 20% de la población más rica y el 20% de la población más pobre.
2001 | 2004 IDH | PIB per capita( ppc) | |
Portugal | 6,4 | 28 | 19.629 |
Grecia | 6,2 | 24 | 22.205 |
España | 5,7 | 19 | 25.047 |
Reino Unido | 5,2 | 18 | 30.821 |
Irlanda | 4,9 | 4 | 38.827 |
Italia | 4,9 | 17 | 28.140 |
EU ( 15) | 4,6 | ||
Francia | 4,4 | 16 | 29.300 |
Bélgica | 4,2 | 13 | 31.096 |
Luxemburgo | 3,9 | 12 | 69.961 |
Holanda | 3,7 | 10 | 31.789 |
Austria | 3,7 | 14 | 32.276 |
Alemania | 3,6 | 21 | 28.303 |
Finlandia | 3,4 | 11 | 29.951 |
Suecia | 3,1 | 5 | 29.541 |
Dinamarca | 3,0 | 15 | 31.914 |
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo.
Los últimos datos disponibles, de 2001, que permiten una comparación entre España y los países de la UE-15, aunque están hechos con una metodología diferente a la de la Encuesta de Condiciones de Vida, ponen en evidencia como esta creciente desigualdad de la sociedad española se da en un contexto europeo en el cual nuestro país ya destaca por ser de los más desiguales. Solamente Grecia y Portugal tienen una distribución de la renta más desigual que la nuestra, que casi llega a doblar los ratios de países como Dinamarca o Suecia.
Es particularmente significativo que sean los países más pobres de la Unión Europea, Portugal, Grecia y España, los que tienen tasas de distribución de la renta más desigual. La creación de riqueza no solo es compatible con su reparto equilibrado, sino que para garantizar una mejora continua del bienestar es necesario que la riqueza generada de reparta más equitativamente.
La estructura productiva es el principal factor, en función de las diferentes productividades de las empresas, que explica el tipo de empleo que se genera, en términos de condiciones de trabajo y remuneración. No obstante, la negociación colectiva puede corregir parcialmente esa desigualdad de forma positiva para los trabajadores con salarios más bajos, sobre todo si se amplían los marcos de negociación a convenios sectoriales o estatales, y si se aumenta la capacidad de organización sindical, y por tanto de poder de negociación, de los trabajadores de los sectores de menor productividad. La conjugación de ambos factores determina una primera distribución de la riqueza en un país entre capital y trabajo, y dentro de este entre los diferentes empleos, y por tanto los niveles de desigualdad de esa sociedad.
La acción redistributiva que hace el estado a través de las políticas de gasto público, y de un sistema de impuestos progresivo en función de la renta, puede corregir aunque solo parcialmente, esa distribución de la renta.
La creciente desigualdad de la sociedad española es debido a tres factores: Un crecimiento económico basado en los sectores de menor productividad, o en sectores donde el poder de negociación de los trabajadores es muy bajo, y por tanto de salarios más bajos y peores condiciones de trabajo. Es importante esta segunda consideración ya que hay sectores como la hostelería o el comercio al por mayor, que en principio se consideran de baja productividad, pero que según el INE su productividad es superior a la media nacional y a la productividad de la industria. Por tanto, es la precariedad, y la desigualdad contractual, que de sus trabajadores lo que hace que sean sectores con bajos salarios, y altos beneficios empresariales. La negociación colectiva cada vez cubre a un menor porcentaje de trabajadores, ello supone una gran desprotección de los trabajadores que tienen un menor poder de negociación, es decir los de las pequeñas y medianas empresas y los que tienen un contrato de trabajo precario.
Porcentaje de asalariados cubiertos por la negociación colectiva
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Total convenios | 87,4% | 85,7% | 84,1% | 82,2% | 80,1% |
Convenios de empresa | 9,6% | 9,1% | 9,0% | 8,2% | 8,5% |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE, Boletín Estadísticas Laborales del MTAS y estimaciones a partir de datos del MAP.
En 2005, tan solo en torno al 80% de los trabajadores asalariados con derecho a la negociación colectiva, descontados los funcionarios, estaban sujetos a convenio, siete puntos menos que en 2001.
La externalización de actividades y descentralización productiva buscando reducir costes, la extensión de la figura laboral del “falso autónomo”; el trabajar autónomo con un único cliente, que en muchos casos antes era personal asalariado de la empresas; la excesiva atomización de la negociación colectiva; por la gran proliferación de convenios de empresa en los sectores más sindicalizados; y en otros sectores con baja sindicalización la inexistencia de convenios sectoriales, o sus bajas condiciones salariales y de trabajo pactadas, suponen una merma del poder de negociación de los trabajadores.
Como conclusión se observa que el reparto primario de la renta entre capital y trabajo entre 2000 y 2005 ha sido muy perjudicial para los trabajadores, y muy beneficioso para los propietarios del capital. Que esto se haya producido en un periodo de fuerte crecimiento del empleo implica una fuerte reducción de los salarios de quienes se incorporan al mercado de trabajo.
Reparto primario de la renta 2000-2005 (en %)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Remuneración asalariados | 55,0 | 54,4 | 53,9 | 53,8 | 53,3 | 52,7 |
Excedente bruto explotación | 45,0 | 45,6 | 46,1 | 46,2 | 46,7 | 47,3 |
Fuente: INE
Un insuficiente desarrollo del estado del bienestar. Se puede observar en el cuadro adjunto, que ante distribuciones de la renta primarias similares, antes de transferencias sociales, p.ej. Alemania y España tienen un similar porcentaje de población en riesgo de pobreza antes de transferencias sociales, un 25%, el mayor desarrollo del estado del bienestar en permite que el porcentaje de población con riesgo de pobreza después de las transferencias sociales se reduzca sustancialmente en Alemania, sea tan solo un 16%, es decir que se haya reducido en un 36%, mientras que en España el riesgo de pobreza todavía alcanza a un 20% de la población. Países como Dinamarca, Noruega, la mencionada Alemania, Suecia, Austria y Bélgica, con políticas sociales asentadas durante décadas son capaces de reducir, desde un tercio hasta el 42%, la población con riesgo de pobreza, mientras que en España las políticas sociales apenas lograr reducir tan solo en un 20%, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza.
Políticas sociales y reducción de la pobreza
Riesgo pobreza antes de transferencias sociales | Riesgo pobreza después transferencias sociales | % de Reducción población en riesgo de pobreza | |
Dinamarca | 19 | 11 | 42,1% |
Noruega | 18 | 11 | 38,9% |
Alemania | 25 | 16 | 36,0% |
Suecia | 17 | 11 | 35,3% |
Austria | 20 | 13 | 35,0% |
Bélgica | 23 | 15 | 34,8% |
Francia | 19 | 14 | 26,3% |
España | 25 | 20 | 20,0% |
Fuente: Eurostat
Además el fortísimo incremento de los precios de la vivienda en los últimos años, tanto de compra como de alquiler, acelerado tras la Ley del Suelo del PP del año 1998, ha supuesto un empobrecimiento adicional de aquellos trabajadores, fundamentalmente jóvenes e inmigrantes, que no tienen una vivienda en propiedad, y un enriquecimiento exorbitado de los propietarios del suelo y promotores urbanísticos.
3.- La concentración de la generación de empleos en los sectores de menor productividad y el alto déficit exterior exige, para no perder competitividad, políticas públicas que reorienten las inversiones hacia actividades de alto valor añadido y una elasticidad-renta elevada.
3.1- El modelo de crecimiento de la economía española, basado en la construcción y en los servicios de baja cualificación, determina el tipo de empleo que se crea: uno de cada tres trabajadores tiene un empleo precario.
El número de ocupados en los últimos 12 meses ha crecido en 687.600, hasta situarse en 20.001.800 personas. Esto marca un ritmo de crecimiento interanual del 3,6%.
Empleo en el 2006
2006 4to.trim. | Variación anual | Variación % anual. | |
Activos | 21.812.400 | 656.900 | 3,1% |
Ocupados | 20.001.800 | 687.600 | 3,6% |
Parados | 1.810.600 | -30.600 | -1,7% |
Fuente: EPA del INE.
El mercado de trabajo en el último año ha sido capaz de absorber, además del volumen de personas que se han incorporado a él, a 30.000 desempleados, lo que ha permitido reducir la tasa de desempleo anual en cuatro décimas. Aunque el comportamiento cíclico habitual del desempleo durante el cuarto trimestre de 2006 ha supuesto un aumento de 45.600 personas sobre el trimestre anterior. El número total de parados en España, según la EPA, es de 1.810.600, situándose la tasa de paro en el 8,3%.
tasa de actividad y desempleo
4º trimestre 2006 | Tasa actividad 16-64 años | Tasa de paro16-64 años |
Varones | 82,4% | 6,1% |
Mujeres | 61,8% | 11,4% |
TOTAL | 72,2% | 8,3% |
Fuente: EPA del INE
La tasa de actividad femenina, 61,8%, sigue siendo sustancialmente inferior a la masculina, un 82,4%.
La tasa de paro femenina sigue siendo claramente superior, un 11,4%, a la de los hombres, un 6,1%. Mientras la tasa femenina apenas se ha reducido en el último año, la masculina lo ha hecho en medio punto, en términos absolutos las mujeres paradas se han incrementado en 26.800, mientras que los parados hombres se han reducido en más del doble, 57.400. El desempleo en España tiene nombre de mujer.
Las medidas aprobadas por el gobierno, en acuerdo con los sindicatos y asociaciones empresariales, de bonificación de la contratación indefinida, ha hecho que en último año las tasas de crecimiento del empleo temporal, un 4,1%, y el indefinido, un 3,9% hayan sido muy similares. Así, la tasa de temporalidad se ha reducido algo respecto al trimestre anterior, aunque aún se sitúa en el 33,8%.
Si analizamos por actividades económicas dónde se crea empleo, vemos un claro reflejo del modelo de crecimiento español.
EPA por sectores. Cuarto trimestre del 2006
Sectores | Ocupados | Variación anual | Variación % anual |
AGRICULTURA | 921.800 | - 84.900 | -8,4% |
INDUSTRIA | 3.319.800 | 31.300 | 1,0% |
CONSTRUCCIÓN | 2.623.200 | 200.300 | 8,3% |
SERVICIOS | 13.137.000 | 540.900 | 4,3% |
TOTAL | 20.001.800 | 687.600 | 3,6% |
Fuente: EPA del INE.
El mayor incremento sectorial de creación del empleo en 2006 se da en la construcción, un 8,3%, que también es el sector que más esta creciendo en términos económicos, un 5,3% en los tres primeros trimestres de 2006. Su tasa de aumento supera la del PIB en los tres últimos años en un 50%. El empleo en el sector servicios ha crecido un 4,3% en 2006, con un incremento del valor añadido sectorial de un 3,7%. Mientras que el empleo industrial, y de las ramas energéticas, prácticamente ha permanecido estable en 2006, con una ligera creación de empleo de un 1 %, muy inferior al crecimiento económico del sector industrial, un 2,7%, y del energético, un 3,3%. En la agricultura se ha destruido un 8,4% empleo, un porcentaje muy superior a la reducción de su valor añadido, un 2,4%.
Evolución sectorial del PIB del 2004 (3er. Trimestre)
2004 | 2005 | Enero-Sept. 2006 | |
Agricultura | 1,9 % | -10,0% | -2,2% |
Industria | 0,4 % | 0,3 % | 2,7% |
Energía | 2,2 % | 3,8 % | 3,3% |
Construcción | 5,1 % | 5,4 % | 5,3% |
Servicios | 3,6 % | 4,4 % | 3,7% |
TOTAL | 3,5 % | 3,5 % | 3,7% |
Fuente: INE (Contabilidad trimestral)
La concentración de la generación de empleo en los sectores de la construcción y servicios, que son los que menor porcentaje de trabajadores asalariados tienen cubiertos por la negociación colectiva, un 64% y un 74% respectivamente, frente a un 93% de trabajadores por cuenta ajena en la industria, determina en gran medida que sean empleos con menor remuneración y peores condiciones de trabajo.
En los últimos años se observa un fuerte crecimiento del empleo en los sectores con menores salarios, aquellos que, según datos de la Encuesta de Coste Laboral de 2004, son iguales o inferiores a 11 euros la hora: comercio, hostelería, construcción, actividades inmobiliarias y otras actividades sociales. Estos sectores, que han pasado de representar un 55,4% del empleo en 2001 a alcanzar el 59% en 2006, con una generación neta de más de dos millones y medio de empleos.
Mientras que los empleos de salarios medios, de más de 11 y menos de 16 euros la hora, que corresponden a los sectores de la industria, el transporte, la educación y la sanidad han pasado de representar un 40,7% del empleo en 2001 a tan solo un 37,3% en 2006, habiendo incrementado en 800.000 empleos en ese sexenio.
Y se reduce ligeramente el porcentaje de empleo, de un 3,9 % a un 3,7%, de los sectores de altos salarios, de más de 16 euros la hora, fundamentalmente por la reducción del volumen de empleo de las industrias extractivas, mientras se incrementa el empleo en el sector de intermediación financiera, 80.000 nuevos empleos, y en menor medida los sectores de producción y distribución de energía eléctrica, agua y gas, que crecen en 20.000 empleos.
De cada seis empleos creados entre 2001 y 2006, dos se han generado en la construcción y actividades inmobiliarias, algo más de dos en el comercio, hosteleria, servicios domésticos y otras actividades sociales, y uno y medio en la administración pública, educación y sanidad y transporte.
Esta orientación productiva de nuestro país hacia empleos de baja remuneración supone un mal posicionamiento competitivo de nuestro país, sobre todo en los sectores que tengan más globalizados los mercados, ya que la “competencia por abajo”, reduciendo las condiciones salariales y laborales, y requiriendo una menor cualificación, es una estrategia ineficaz para garantizar un desarrollo económico sostenible, estas actividades tienen un mayor riesgo de deslocalización hacia países con salarios y condiciones laborales más bajas.
Esta orientación del crecimiento productivo hacia actividades de bajos salarios es una de las principales las razones que explican el crecimiento de la desigualdad en España en los últimos años.
Evolución de la estructura del empleo (1) 2001-2006, por niveles salariales.
2001 | 2005 | 2006 | ||||
Menos 10 euros la hora | 7.805,8 | 55,4% | 9.690,0 | 57,8% | 10.362,5 | 59,0% |
De 10 a 15 euros la hora | 5.734,5 | 40,7% | 6.455,3 | 38,5% | 6.554,7 | 37,3% |
Mas de 15 euros la hora | 554,8 | 3,9% | 624,3 | 3,7% | 657,7 | 3,7% |
(1): Total de ocupados menos Agricultura yPesca y Administración pública donde no hay información disponible de salarios.Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.
Para corregir esta situación hay que modificar las políticas industriales, de suelo, y tecnológicas, ya que, o bien están orientando el crecimiento de la actividad productiva en los sectores de menores salarios, cualificación y contenido tecnológico, o son incapaces de revertir esta tendencia del mercado.
Pero también, mientras esas medidas tienen sus efectos, deben considerarse instrumentos más coyunturales, como los subsidios directos a los trabajadores de bajos salarios, que pueden reducir el desempleo y el abanico de ingresos, reduciendo la desigualdad. En la medida que una política de ese tipo fuera gestionada en colaboración con los sindicatos se mejoraría la capacidad de organización de estos colectivos laborales, que están muy desestructurados, y por tanto su posición negociadora futura.
Mientras todos los discursos se orientan hacia la necesidad de orientar la estructura productiva de España hacia los sectores de alto contenido tecnológico, alta cualificación de los trabajadores y por tanto buenas condiciones de trabajo y salariales, la realidad va en sentido contrario. No es sostenible que en el futuro el valor añadido generado por los sectores de la construcción y actividades inmobiliarias siga suponiendo, como en la actualidad, el 90% del valor añadido industrial de nuestro país.
De forma complementaria en algunos sectores hay que impulsar nuevos instrumentos de negociación colectiva, o desarrollar eficazmente los actuales, para que se mejore la posición negociadora de los trabajadores, ya que los bajos salarios en ellos no corresponden a bajas productividades sectoriales, sino a distribución primaria de la renta muy favorable a los beneficios empresariales.
Tiende a haber una clara correlación entre productividad y salarios, es decir los sectores de salarios superiores a 20 euros son de alta productividad, como los de coquerías, refino de petróleo y combustibles nucleares, la producción y distribución de energía eléctrica y gas ( cuyas productividades anuales son superiores a los 250.000 euros por trabajador al año) e intermediación financiera. En todos estos casos estas altas productividades, y salarios, derivan de la poca competencia que hay en ellos, y por tanto del poder de mercado, es decir, de fijar precios que tienen las empresas instaladas en ellos frente al conjunto de la actividad productiva. Los dos primeros son sectores donde el 80% del valor añadido generado se destina a los beneficios empresariales.
Pero también hay sectores de productividad incluso superior, lo que refleja un gran poder de mercado, como es el de las actividades inmobiliarias, que tienen salarios bajos.
En este sector los beneficios empresariales representan más de un 90% del valor añadido generado, frente al 47% que representan los beneficios empresariales en el conjunto del PIB nacional.
Asimismo, si bien los sectores de bajos salarios en general corresponden a actividades de baja productividad, como la construcción, los servicios domésticos otras actividades sociales, el comercio al por menor, y la venta y reparación de vehículos de motor, también hay sectores de bajos salarios, como comercio al por mayor y la hosteleria que son sectores de productividad mayor que la media nacional, 42.000 euros anuales y 44.000 euros anuales respectivamente, frente a una media nacional de 37.000. Estos dos sectores se caracterizan por una distribución de la renta primaria más favorable a los beneficios empresariales, un 54,5% en el caso del comercio al por mayor, y un 50% en el caso de la hosteleria que la media nacional. En estos, y el ya mencionado de actividades inmobiliarias parece que los instrumentos de negociación colectiva disponibles son insuficiente para obtener un reparto primario de la renta más equilibrado.
3.2.- El déficit exterior evidencia una incapacidad de competir en sectores de alta elasticidad de la demanda.
En el tercer trimestre del año se ha ralentizado la fuerte recuperación de las exportaciones de bienes y servicios, un 3,2%, experimentada la primera mitad del año, un 7,2%, pero la reducción de las tasa de crecimiento en las importaciones ha sido más significativa, un 6% frente al 10% del primer semestre. Ello hace que se reduzca en una décima la aportación negativa del comercio exterior de bienes y servicios al PIB.
A pesar de la enorme magnitud del déficit comercial con el exterior acumulado en los nueve primeros meses de 2006, un 7,7% del PIB, en la actualidad este desequilibrio exterior no supone un riesgo de la gravedad del pasado, ya que al estar nuestro país en la zona euro, nos beneficiamos de la consolidación del euro como moneda de reserva internacional. Tal como venía sucediendo tradicionalmente a la economía de EE.UU., que ha venido aguantando desde hace muchos años altísimos déficit comerciales. Aunque si es preocupante su consolidación a medio plazo ya que esta evidenciando que nuestro país consume más de lo que es capaz de producir, gracias a que nos prestan dinero del exterior.
No obstante, frente a los planteamientos que basan la reducción del déficit exterior en políticas restrictivas de la demanda, superávit fiscal y aumento de los tipos de interés, hay que hacer una fuerte apuesta por la modificación del actual modelo de crecimiento basado en la construcción y actividades descualificadas del sector servicios, hosteleria y comercio fundamentalmente.
Este modelo no solo es insostenible en términos sociales y medioambientales, por la precariedad y siniestralidad laboral que genera, y por la gran cantidad de recursos naturales que consume, si no también en términos económicos, al situarnos en una senda de ganar competitividad “por abajo”, ya que la mayor parte de estas actividades son de baja elasticidad-renta, es decir que se reducirá su demanda en la medida que se incremente la renta per capita de nuestro país.
Este otro modelo debe basarse en aumentar las producciones de mayor valor añadido y mayor elasticidad-renta, que incorporen capital humano y tecnológico, lo exige incrementar el esfuerzo en educación, y formación en el puesto de trabajo, así como en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Este tipo de productos son los que más van a ver incrementada su demanda según se desarrolle nuestro país. En la medida que no se produzca esta reorientación productiva, el déficit exterior será un desequilibrio creciente.
Hay que recordar que el esfuerzo tecnológico de nuestro país es apenas la mitad de la media de la UE-15, un 1% del PIB, y la falta de compromiso de las empresas, ya que el gasto en I+D+i esta financiado principalmente por fondos públicos, un 75%, frente al 50% que representan los recursos privados en el conjunto de la I+D+i europea.
Finlandia y Suecia, países que compatibilizan una alta competitividad de sus productos y un fuerte estado del bienestar, tienen tasas de gasto en I+D+i de un 3,5% del PIB, con un reparto de su financiación entre el sector privado y el público de un 75%-25%, inverso al de nuestro país.
3.3- El incremento de los precios del petróleo, que es un claro síntoma de su agotamiento, debería acelerar la transición energética hacia las energías renovables.
El fuerte incremento de los precios del petróleo en los últimos años; desde los 25 dólares por barril del año 2002 a los más de 50 en la actualidad; con precios que llegaron a alcanzar los 80 dólares en el otoño pasado, supone la constatación de algo que muchos científicos vienen prediciendo desde hace varios años: estamos muy cerca del cenit de producción de petróleo.
El cenit de la producción de petróleo se entiende por el momento a partir del cual el consumo anual de petróleo será superior a las nuevas reservas que cada año puedan encontrarse, eso no quiere decir que la producción anual no pueda seguir incrementándose, pero será a costa de que las reservas se agotarán antes.
Según muchos analistas especializados puede que ya hayamos sobrepasado ese techo.
La opción de los países productores de petróleo No-OPEC por incrementar su producción en función de la creciente demanda, no permite que los consumidores y las empresas sean conscientes del agotamiento del petróleo, a través de un fuerte incremento de los precios, y por tanto desincentiva políticas de ahorro, eficiencia y sustitución del petróleo por otras fuentes energéticas.
Por otro lado la política de contención de producción por parte de los países de la OPEC tendrá indudables consecuencia geopolíticas en un futuro cercano, debido a que los países productores que no pertenecen a la OPEC ya han consumido más de la mitad de sus reservas de petróleo. En un plazo no superior a quince años un 75% de las reservas estarán concentradas en un puñado de países situados en Oriente Medio, fundamentalmente Arabia Saudi, Irak, Irán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, que se caracterizan por una gran inestabilidad política, acentuada después de la invasión estadounidense de Irak y las crecientes amenazas a Irán.
Frente a esta situación es obligación de los gobiernos acelerar la transición energética hacia fuentes energéticas limpias y renovables, entre las que no se encuentra por supuesto la energía nuclear, y desarrollar políticas que favorezcan una utilización más eficiente del transporte, a través de la potenciación de medios colectivos.
Si estas políticas se ponen en marcha, con suficiente antelación y recursos, la transición energética se producirá sin que los conflictos se agudicen.
En caso contrario se puede producir una fuerte crisis global, de consecuencias impredecibles, debido a la competencia entre países por el control de unas reservas mundiales cada vez más escasas, que quienes más la sufrirán serán los países más pobres. Y en el ámbito interno de cada país, un fuerte conflicto social, debido a la perdida de bienestar en muchas sociedades desarrolladas muy dependientes del petróleo, que pagaran sobre todo los colectivos sociales más vulnerables.
Greenpeace ha presentado recientemente un estudio que demuestra que, con las actuales tecnologías disponibles, en el año 2050 las energías renovables podrían producir 10 veces la demanda total de energía previsible en nuestro país, fundamentalmente por las aportaciones de la energía solar termoeléctrica, la eólica terrestre y los parques de energía fotovoltaica con mecanismos de seguimiento del sol.
Es decir, hay tecnología para afrontar con celeridad la transición energética del petróleo hacia energías no contaminantes, donde la opción nuclear se descarte definitivamente por los riesgos y costes que comporta, ya que es la forma más cara de producir electricidad cuando se considera el ciclo completo del combustible nuclear, incluido el almacenamiento y vigilancia durante miles de años de los residuos radiactivos.
La tecnología y el mercado no son capaces, por si solos, de dar solución al problema del abastecimiento energético, y por tanto son los gobiernos quienes deben asumir urgentemente el liderazgo de la aceleración de la transición energética.
En nuestro país el liderazgo público es imprescindible, ya que la industria lleva más de una década incrementando el consumo de energía por unidad de producto, es decir profundizando una senda de ineficiencia energética, debido a que no ha habido estímulos al ahorro energético, cuanto más nos enriquecemos, más derrochadores de energía somos. Ello en un marco de fuerte dependencia del exterior en el abastecimiento energético, y con un notable retraso en la transición energética hacia fuentes de energía renovables y no contaminantes, cuando tecnológica y geográficamente, estamos muy bien situados para aprovecharlas.
A medio y largo plazo no hay recurso natural, ni factor productivo más estratégico que la energía. Ni los niveles salariales, ni las tensiones inflacionistas suponen riesgos equivalentes a los asociados al consumo energético de la economía y la sociedad española.
En la medida que el petróleo barato se ha acabado, y el gas natural va por el mismo camino, y por eso países como Iran y Rusia intentan constituir ya una OPEC del gas ( solo esos dos países y Qatar tienen el 50% de las reservas mundiales) la generación de energía eléctrica sufrirá un constante y progresivo incremento de precios, mientras no haya un fuerte impulso a las energías renovables, las únicas que garantizarán en el futuro una energía limpia, barata y nacional.
La entrada de tres grandes grupos constructores (Acciona en Endesa, ACS en Iberdrola y Sacyr en Repsol-YPF), con muchísima liquidez monetaria debido al fuerte crecimiento de la actividad constructora e inmobiliaria en nuestro país, en el sector energético puede dar pistas sobre el futuro de dos pilares económicos de nuestro país: Por un lado, el inicio de la tan anunciada ralentización de la actividad constructora, y por ello los capitales generados en estas actividades migran hacia otras empresas con mayores expectativas de rentabilidad. Asimismo el incremento de los procesos de concentración de empresas medianas, que tienen menos repercusión en los medios de comunicación, es un claro indicador en esta dirección. Por otro, las enormes oportunidades de beneficios que representan, y seguirán representando, las principales empresas energéticas, y particularmente las eléctricas, en un escenario futuro de liberalización de las tarifas eléctricas a partir del año 2011, claras perspectivas de crecimiento de la demanda, e incremento de precios debido al aumento de los costes. Teniendo en cuenta, además, que tres empresas (Unión fenosa, Iberdrola y Endesa), que en breve podrían quedar en dos, tienen un gran poder de mercado por la estructura olipolistica del sector, ya que concentran el 80% de la generación, de la distribución y de la comercialización de energía eléctrica.
Si bien las declaraciones gubernamentales en el sentido de que se va a ser estricto a la hora de autorizar incrementos de tarifa son positivas a corto plazo, todo parece indicar que las compañías eléctricas mantendrán la presión sobre el gobierno para lograr alguna fórmula que les permita recuperar parte de los derroches que están realizando, con políticas insostenibles de reparto de dividendos en el curso de la carrera de Opas, u operaciones de compra con precios de acciones muy por encima del valor real de las empresas.
La propia Comisión Nacional de la Energía ha abierto numerosos expedientes sancionadores por la conducta manipuladora de varias empresas eléctricas, que han provocado una elevación artificial del precio de la electricidad, generándoles ingresos millonarios vía “déficit tarifario”[1], que se han llegado a cifrar en 2.000 millones de euros, más de un tercio de los beneficios de las tres principales compañías eléctricas en el año 2005. En Gobierno acaba de alertar a los accionistas de estas empresas que las estimaciones realizadas por estas empresas sobre los ingresos previstos en base al “déficit tarifario” no son estimaciones fiables.
Sería inaceptable que los errores financieros de quienes lanzan operaciones de compras de acciones muy por encima del valor real de una empresa, como resalta la propia prensa alemana sobre la Opa de E.On sobre Endesa, sean financiadas en el futuro bien por los consumidores, mediante aumentos desorbitados de la tarifa, por los trabajadores de las empresas eléctricas, debido a una fuerte reducción de costes que concentre actividades, o por una reducción de las imprescindibles inversiones para modernizar el actual parque de generación y acelerar su transición a fuentes energéticas renovables.
Teniendo en cuenta, además, los altísimos beneficios de estas compañías (Endesa, 3.182 millones de euros en 2005 y 1.756 millones de euros en el primer semestre de 2006; Iberdrola, 1.382 millones de euros en 2005 y 817 millones de euros en la mitad del año 2006; Unión Fenosa, 814 millones de euros el año pasado y 331 millones de euros durante los seis primeros meses de este).
Y por tanto, es necesario una fuerte regulación pública para impedir que se generen enormes beneficios privados, el 78% de la riqueza generada en el sector se destina a beneficios empresariales, a costa de la perdida de poder adquisitivo de la mayoría de los consumidores.
Sobre todo considerando que los consumidores más humildes, como el consumidor domestico y las pymes, soportan desde hace años tarifas eléctricas hasta tres veces superiores a las de las grandes corporaciones industriales y de servicios. Estas empresas han conseguido tarifas mucho más baratas lo que, además de ser regresivo en términos sociales, fomenta procesos productivos crecientemente ineficientes desde el punto de vista energético, en la medida que no tienen incentivos para ahorrar.
Las modificaciones anunciadas por el propio Ministro de Economía sobre la regulación del sector deberían considerar, en primer lugar, las conclusiones del “Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de generación eléctrica” que elaboró el propio Ministerio de Industria: permitir el funcionamiento en competencia del mercado eléctrico, lo que significa mitigar el poder de mercado de las tres grandes empresas. Mejorar el diseño de los mercados mayoristas y minoristas de electricidad, diseñando mecanismos específicos para contribuir a asegurar, tanto la generación, como la garantía de potencia sostenible, en el futuro. Y apostar porque la generación de electricidad se situé dentro de un modelo energético sostenible, es decir, impulsar las energías renovables.
El gobierno del PSOE tiene las soluciones a los problemas del sector eléctrico es de esperar que no le falte la voluntad política para aplicarlas en defensa de los consumidores, de los trabajadores y de su compromiso medioambiental, frente a las presiones de quienes sólo buscan maximizar hasta el infinito la rentabilidad de sus inversiones a costa del interés general.
4.- La reducción del incremento de los precios, y los mayores incrementos salariales logrados en la negociación colectiva, permiten una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
4.1.- El descenso de la inflación no sólo es debido a la bajada de los precios del petróleo.
Los precios han reaccionando relativamente bien frente al fuerte incremento de los precios del petróleo experimentado en el último año.
Evolución IPC armonizado 2004-2006
2004 | 2005 | Julio 2006 | Sept. 2006 | Nov.2006 | Dic.2006 | |
España | 3 % | 4 % | 4,0 % | 2,9% | 2,7% | 2,7% |
Diferencial zona euro | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
Fuente: INE.
Tras un primer semestre con fuerte subidas de los precios del petróleo que repercutían directamente en el IPC, el descenso de los precios de energía a partir de Septiembre ha supuesto que la tasa interanual cayera del 4% en Julio al 2,7% en Diciembre. Pero lo realmente positivo es que a este descenso también ha contribuido la contención de los precios de bienes industriales, apenas un 1,5%, y los alimentos elaborados, un 2,2%, sobre todo a pesar de los reiterados anuncios de la OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo) sobre un recorte de la producción para evitar una caída de los precios.
El diferencial de inflación con la zona euro de Diciembre es de 0,8 puntos, menos de la mitad del diferencial del año 2005, que fue de 1,7 puntos.
Por tanto la evolución de los precios en España no es preocupante en términos de perdida de competitividad internacional, sobre todo en una economía que crece más de un punto que la zona euro.
Pero si no se toman fuertes medidas de ahorro y eficiencia energética, dada la gran dependencia energética que tiene nuestro país del petróleo sobre todo en relación al transporte, el previsible crecimiento tendencial de su precio, por su progresivo agotamiento, más allá de oscilaciones coyunturales, supondrá nuevas tensiones inflacionistas en un futuro cercano.
4.2- Recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en el tercer trimestre de 2006.
En los últimos años se había venido incrementando el diferencial entre los aumentos de los salarios medios pactados en los convenios en la industria y en los servicios, que afectan a más del 80% de los trabajadores sujetos a la negociación colectiva, y el aumento de los precios: en el año 2004 los trabajadores perdieron entre una y dos décimas de poder adquisitivo, en torno a medio punto en el año 2005 y algo más de un punto en el primer trimestre del año 2006.
En el segundo trimestre de 2006 se redujo el diferencial entre el incremento salarial y la evolución de los precios, y en el tercer trimestre, gracias, tanto a la reducción de la inflación como a los mayores incrementos salariales, por primera vez desde 2004 el diferencial ha sido positivo para los trabajadores, algo más de medio punto.
En la medida la política económica del gobierno suponga reducir la capacidad de consumo de los trabajadores, por un insuficiente desarrollo de las políticas sociales, los sindicatos tendrán que apostar por una negociación colectiva que permita recuperar el poder adquisitivo que vienen perdiendo los trabajadores en los últimos años, sobre todo los de los sectores con mayor precariedad.
Evolución IPC-Salarios
2004 | 2005 | 1er. trim. 2006 | 2do.trim. 2006 | 3er. trim. 2006 | |
IPC | 3,1% | 3,4% | 4 % | 3,9% | 3,5% |
Incremento salarial medio industria | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | 4,1% |
Diferencial | -0 ,1 | - 0,4 | - 1,0 | - 0,8 | 0,6 |
Incremento salarial medio servicios | 2,75 | 2,9 | 2,8% | 3,4% | 4,3% |
Diferencial | - 0,25 | - 0,5 | - 1,2 | - 0,5 | 0,8 |
Fuente: INE Encuesta Trimestral de Coste Laboral e IPC.
Es necesario tener en cuenta que estamos hablando de una media de incremento salarial. Los trabajadores que están en una peor posición en la negociación colectiva, por una mayor temporalidad y una menor cualificación de sus empleos, tienen salarios muy inferiores, como pone de manifiesto que la remuneración de asalariados, en la distribución primaria de la renta, este reduciéndose desde el año 2000, a pesar de la creación de más de tres millones y medio de puestos de trabajo en ese periodo. Por ello, sobre estos colectivos debe intensificarse los esfuerzos para mejorar su condiciones salariales y de trabajo, ya que en la vienen sufriendo una fuerte perdida de poder adquisitivo desde hace muchos años, acentuándose la dualización del mercado de trabajo.
Los sindicatos deben hacer un gran esfuerzo de incorporación a sus estructuras del creciente volumen de trabajadores inmigrantes, ya que sus condiciones laborales, debido en muchos casos a la situación de ilegalidad a la que les habían condenado los gobiernos del PP, son mucho peores. En ningún caso es aceptable responsabilizar a los trabajadores inmigrantes de sus peores condiciones de trabajo, ya que supondría un cínico análisis de las condiciones de explotación a la que se ven sometidos. A nadie, desde un análisis sindical, se le ocurriría culpabilizar a las mujeres del diferencial salarial que tiene respecto a los hombres, o a los jóvenes de sus mayores tasas de temporalidad.
4.3.- El constante incremento de los tipos de interés supone una adicional perdida de poder adquisitivo.
El Euribor a doce meses, principal referente para los créditos hipotecarios se sitúo en el 4,075% en Diciembre de 2006. El Banco Central Europeo acordó el pasado 17 de Diciembre una subida de 25 pb lo que sitúa al tipo principal mínimo de financiación en el 3,5%, lo que afectará a la capacidad de consumo de los trabajadores/as con hipotecas. Su renta disponible, una vez descontada la amortización de la hipoteca y el pago de intereses, se reducirá, lo que indudablemente afecta a millones de trabajadores de rentas medias-bajas. Estimaciones realizadas consideran que una mayor elevación de los tipos de interés podría suponer problemas de financiación de su deuda hipotecaria al 10% de los hogares españoles. En la actualidad, la deuda hipotecaria de las familias españolas supera el 135% de su renta bruta disponible.
Evolución del Euribor, principal referente para los créditos hipotecarios.
2004 | 2005 | Abril 2006 | Sept./2006 | Dic./2006 | |
Euribor 12 meses | 2,33 | 2,96 | 3,22 | 3,72 | 4,075 |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España y El País.
Aunque si se mantiene la reducción de las tensiones inflacionistas, también debería bajar la presión para que el BCE continué subiendo los tipos de interés.
4.4- La nueva Ley del Suelo debe enfrentarse al incremento de los precios de la vivienda.
Una nueva Ley del Suelo es absolutamente imprescindible, porque el carácter liberalizador de la Ley vigente sobre suelo de 1998, que promulgó el gobierno del Partido Popular, ha tenido unas consecuencias absolutamente catastróficas en términos medioambientales y sociales. En los ocho años que han transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de 1998 no se han apreciado mejoras contrastables en la competencia, en la eficiencia o en la transparencia del sector, por el contrario, los precios del suelo urbano se han incrementado en un 500% y los niveles de promoción y acceso a la vivienda protegida han caído a mínimos históricos.
Se ha construido más que nunca, se ha producido en estos años un incremento desaforado en la urbanización de suelo, un tercio de la superficie construida en España se ha hecho en el periodo 1995-2000, pero se han agravado los problemas de los jóvenes de accesibilidad a la vivienda, y se ha extendido la corrupción a muchos ayuntamientos, en relación con las decisiones municipales de recalificación del uso del suelo.
En estos últimos años, la ordenación del nuevo desarrollo urbanístico se ha encaminado hacia patrones más extensivos de ocupación del territorio sin tener en cuenta, en muchas ocasiones, los efectos que esta dispersión urbanística tiene sobre la economía española (perdida de eficiencia energética, incremento del coste de la prestación de servicios públicos tales como el transporte, la sanidad, la educación…), ni sobre el medio ambiente (destrucción de paisajes, consumo de recursos bastante escasos como el suelo o el agua, contaminación…). Esto es inadmisible, sobre todo teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los proyectos de urbanización no han estado orientados a ofrecer vivienda a quien tiene necesidad para vivir en ella, si no a ofrecer un bien de inversión de alta rentabilidad, sin importar el uso que se de a lo construido.
Asimismo es necesaria la puesta en marcha de una autentica política pública de vivienda que, dotada con suficientes recursos y orientada en mucha mayor medida al alquiler social, termine con la exclusión a la que se ven sometidos millones de trabajadores, principalmente jóvenes, en relación con el acceso a una vivienda digna. Los reducidos porcentajes de obligación de construcción de vivienda pública que plantea el proyecto de la nueva Ley del Suelo, apenas un 25%, parecen absolutamente insuficientes tanto para frenar la construcción especulativa de vivienda, como para garantizar el acceso a una vivienda digna a quien lo necesita.
El retraso en la edad de emancipación de los jóvenes en nuestro país, hasta cerca de los treinta años, la edad más alta de Europa, pone de manifiesto que la lucha por una sociedad con una distribución más equitativa de la riqueza no debe circunscribirse al ámbito laboral, ya que el acceso a una vivienda digna es un factor básico de inclusión social. La consideración, por parte de las rentas medias-altas, de la vivienda como un bien de inversión es la razón última del fuerte encarecimiento del suelo, principal componente del precio de la vivienda, en los últimos años, y por tanto del empobrecimiento de los trabajadores sin vivienda. Para cualquiera que compre una casa con el objetivo de especular con ella, el fuerte aumento de su valor solo significa la revalorización de la inversión, mientras que quien desea adquirirla para vivir en ella ve como el aumento del precio de la vivienda supone ahondar el abismo entre la posibilidad de acceder a una vivienda y su salario.
Los datos que manejan los expertos: en torno a un 40% de las nuevas viviendas quedan vacías; de las 800.000 viviendas que se construyen anualmente solo un 8% son de protección oficial, cuando los posibles beneficiarias de las viviendas de protección oficial suponen en torno al 70% de la población; la ineficacia y el raquitismo de las políticas públicas de fomento del alquiler; y que los principales beneficiarios de la política de desgravación fiscal a la compra de la vivienda sean las personas de rentas medias-altas, como ha puesto de manifiesto el Consejo Económico y Social; ponen en evidencia quienes se benefician y quienes salen perjudicados por las actuales políticas públicas de vivienda. Durante estos últimos 15 años, un tercio de la riqueza generada en España ha ido a parar a los bancos, los dueños del suelo, los especuladores, los promotores y los corruptos.
Los efectos negativos de esa apropiación de un bien público, como debería ser el suelo, por parte de intereses privados también se ven pueden observar en la proliferación de casos de corrupción política a escala local. España es el único país europeo en el que la decisión administrativa de recalificar un suelo genera plusvalías millonarias que van al dueño del suelo. La nueva Ley del Suelo debería corregir esta situación, para que los beneficios sean compartidos, por los propietarios y la administración, ya que, mientras una decisión administrativa pueda generar enormes beneficios privados, será la base de la extensión de la corrupción en los ayuntamientos.
5.- Los objetivos de superávit fiscal, y aprobación de una fuerte rebaja fiscal a las empresas, ignoran el déficit social de España frente a Europa. En el año 2005 las cuentas de las Administración Central y la Seguridad Social experimentaron un superávit, por primera vez en treinta años, de un 1,3% del PIB, las previsiones para el año 2006, según el avance en la liquidación de los PGE-2006, es que el superávit sea similar, un 1,2% del PIB, muy superior a las previsiones iniciales, apenas un 0,1% del PIB.
La situación de las cuentas públicas no puede catalogarse sino de magnífica, es decir que hay margen para acometer, tanto las necesidades de infraestructuras para la modernización de nuestro país desde la perspectiva del desarrollo sostenible, priorizando el fomento de energías renovables y el transporte colectivo (principalmente el tren frente a la carretera y el avión), como para cubrir los déficit sociales que tiene nuestro país frente a Europa en materia de sanidad, educación y sobre todo vivienda.
Pero las siguientes actuaciones de política económica, parecen indicar que el gobierno esta optando por otra política económica: El gasto público en relación al PIB ha pasado en España de un 45% en 1995, antes de la llegada al gobierno del PP, a un 37,8% en 2004, cuando vuelve el PSOE. Pero el primer año presupuestario del PSOE, 2005, no ha significado un importante incremento del gasto público en relación con el PIB, apenas cuatro décimas hasta el 38,2%. Las previsiones de superávit fiscal en el año 2006 de un 1,2%, y en los siguientes tres años, de al menos un 0,8% del PIB. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007se pueden considerar neutrales en términos de incentivo de la actividad económica, ya que el crecimiento del gasto público consolidado, un 7,9% en términos nominales, es casi similar al incremento nominal previsto del PIB, un 6,7%. La aprobación en el Congreso, en otoño de 2006, de una reforma fiscal, con los votos de CiU y PNV, que establece una rebaja del impuesto de sociedades de cinco puntos para el año 2008, que pasará de un 35 a un 30%, y para las pymes de hasta un 25%, sin que se eliminen todas las deducciones, como había anunciado inicialmente el Ministerio de Economía, supondrá un ahorro fiscal a las empresas de unos 4.000 millones de euros en dos años, aunque algunos analistas lo elevan a 6.800 millones de euros. Además se reduce el tipo máximo del IRPF que pasa del 45% al 43%.
Este no es el camino correcto para resolver los déficit sociales de nuestro país, cuando el gasto social per cápita de España, según los últimos datos de Eurostat para el año 2002, es tan solo la mitad de la media UE-15, un 40% de la cifra de Alemania y Francia, y tan solo un 32% de Dinamarca, y generan dudas razonables sobre la capacidad de aplicación de la nueva Ley de Dependencia.
Hay que tener en cuenta que la suma del “regalo fiscal” hacia las rentas empresariales y a los trabajadores de rentas medias-altas y el superávit fiscal del año 2006, suponen una magnitud, más de 15.000 millones de euros, algo superior a la suma del presupuesto de la Administración Central del Estado en Educación, Sanidad, Vivienda e Investigación y Desarrollo para el año 2007. Es decir si no se hubiera optado por esa política fiscal regresiva y restrictiva, se podría haber doblado la dotación presupuestaria de estas políticas públicas, básicas para mejorar la competitividad, sostenibilidad y cohesión social de la economía y sociedad de nuestro país.
Dentro de un escenario europeo de tipos de interés moderadamente al alza, la política económica del gobierno parece apostar por una contención del consumo, para frenar el creciente déficit exterior, de ahí la obsesión por mantener el superávit fiscal en los próximos años, así como la previsión de unos presupuestos no expansivos para el año 2007, pero ello significará una perdida. Pero esto supone que el conjunto de la política económica del gobierno solo encuentra coherencia si se produce un deterioro de capacidad adquisitiva, de bienes públicos y privados, de los trabajadores de rentas medias-bajas, ya que la desfiscalización de las empresas, que tiene como objetivo incentivar la inversión empresarial, y como consecuencia de ello el empleo, va a suponer lo contrario, una inyección de liquidez principalmente para las rentas medias-altas. Es optar por un modelo de crecimiento que ahonda las desigualdades sociales de nuestro país, que es uno de los que tiene una distribución de la renta más desigual en Europa.
Pero es que además se asienta sobre consideraciones falsas: el paradigma neoliberal de que la reducción de impuestos supone un fuerte incentivo a la creación de empleo a medio plazo. Según ha demostrado el reciente premio Nobel de Economía, el norteamericano Edmund Phelps, el supuesto incentivo que supone una reducción de impuestos para trabajar más, ya que se podrán obtener mayores salarios reales, no esta justificado por la historia económica. El permanente incremento de los salarios reales experimentado desde mediados del sXIX no ha supuesto que los trabajadores hayan aumentado su jornada laboral y su edad de jubilación, el proceso ha sido inverso. Además, según Phelps, si bien una reducción de impuestos genera un incremento de la riqueza individual, aunque distribuida de forma muy desigual, si la reducción de impuestos conlleva una reducción del Estado del Bienestar se produce una mayor disminución de la riqueza social. Por tanto una reducción de impuestos no incentiva trabajar más, ya que el resultado neto es que se obtienen menores bienes y servicios en total, ya sean públicos o privados, ya que el Estado ofrece, en términos generales, servicios a menor coste que la iniciativa privada.
Phelps reconoce una situación donde la reducción de impuestos sobre el trabajo podría tener efectos globales positivos en el empleo, cuando llevan aparejada una reducción de los gastos de Defensa, pero este no es el caso de nuestro país, donde los gastos en Defensa en los PGE-2007 crecen más que el conjunto del gasto público, y, por supuesto, que el PIB.
Los comparación a nivel internacional de los datos de desempleo y presión fiscal también desmienten la relación entre menor presión fiscal y mayor empleo. Si bien es cierto que países como Francia e Italia combinan altas tasas de desempleo un una presión fiscal superior al 40% del PIB, es más común encontrar, entre los países que las tasas de desempleo más altas de la OCDE, los que tienen una presión fiscal inferior al 40%: España, Grecia, Polonia, o Alemania tras la reunificación.
Entre los países desarrollados con bajas tasas de desempleo, inferiores o iguales al 6%, los hay con una baja presión fiscal, como EE.UU, Japón y Reino Unido, pero también con un porcentaje de impuestos en relación al PIB superior al 40%: Dinamarca, Suecia, Noruega y Austria.
Presión fiscal y desempleo
Año 2003 | Alto desempleo (1).Superior al 8% | Bajo desempleo (1).Inferior al 6% |
Alta carga fiscal / Superior al 40% PIB | Francia (9,5) Italia (8,4) | Dinamarca (5,6) Suecia (5,6) Noruega (4,5) Austria (4,3) |
Baja carga fiscal / nferior al 40% PIB | España (11,5) Grecia (9,7) Polonia(19,6) Alemania (9,3) | EE.UU. (6) Reino Unido (4,9) Japón (5,3) |
(1): Entre paréntesis la tasa de desempleo.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de la OCDE: Main Economic Indicators.
6.- Conclusiones.
El gobierno no está aprovechando suficientemente la bonanza económica, que incluso puede suponer incrementos reales del PIB cercanos al 4% en el primer semestre de 2007, para afrontar: La reducción del déficit social que tiene nuestro país con Europa, sobre todo en políticas de vivienda, y el deterioro de la calidad de servicios públicos esenciales, educación y sanidad, por el insuficiente incremento presupuestario que no ha tenido en cuenta el fuerte incremento de la población experimentado, debido a las políticas seguidas por los gobiernos del PP. Un esfuerzo para acercar el gasto en I+D+i a los objetivos de competitividad de la Cumbre europea de Lisboa, de forma que nuestra estructura productiva sea capaz de competir por arriba, en productos de alto contenido tecnológico alta elasticidad de la demanda, y por tanto capaces de ofrecer altos salarios y buenas condiciones de trabajo. Los retos que tiene nuestra economía en relación con la eficiencia energética, y transición hacia energías limpias y renovables, como forma más eficaz de desarrollar políticas que reduzcan los impactos del cambio climático. Es más imprescindible que nunca que se afronte el fin de la era del petróleo, tanto por la aceleración del agotamiento de sus reservas, como por los efectos de la creciente emisión de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, fruto de la combustión de fuentes energéticas fósiles: carbón, petróleo y gas natural.
El crecimiento económico se sigue apoyando en factores inviables a medio plazo, la construcción, el transporte y el consumo, mientras que los positivos datos del crecimiento del valor añadido industrial no están teniendo su correlato en términos de empleo. Este modelo de crecimiento está determinando un modelo de mercado de trabajo en España con un alto grado de rotación y precariedad del empleo.
Las políticas del gobierno para reducir el déficit exterior se han limitado a políticas fiscales restrictivas, unos presupuestos públicos que van a crecer poco más que el PIB en el año 2007, y unas previsiones de superávit fiscal para este y los próximos dos años, que tendrán como consecuencia una contención del consumo que va a afectar fundamentalmente a los trabajadores de rentas medias-bajas. Que, a la vez, van a ser las principales victimas, en términos de reducción de su renta disponible, por la tendencia alcista de los tipos de interés, que ha puesto en marcha el BCE.
Mientras que la reforma fiscal aprobada, que contempla la desfiscalización de las rentas del capital, y la reducción de la imposición para las rentas más altas, tendrá efectos contrarios, inyectar liquidez al sistema, y por tanto capacidad de consumo, pero a quien ya tiene más poder adquisitivo.
Si el gobierno prosigue con el aplazamiento, ante las incertidumbres energéticas, de las imprescindibles medidas de política industrial para afrontar los nuevos retos económicos, incrementará los riesgos de futuro para la economía y la sociedad española, Sobre todo para los sectores sociales más vulnerables, generando una distribución de la renta más desigual en nuestro país, en la medida que los escenarios internacionales en relación con la energía empeoren por el constante incremento de los precios del petróleo.
Por tanto los sindicatos deben apostar por modificar los planteamientos gubernamentales, mediante: Una acción sindical que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, sobre todo de trabajadores de salarios más bajos, que reduzca la temporalidad, y que favorezca la plena integración laboral de los trabajadores inmigrantes. Un impulso decidido de nuevas políticas sociales, fundamentalmente relacionadas con la vivienda, que acerquen nuestro estado del bienestar a los estándares europeos, y frenen el deterioro de los servicios públicos iniciado por en los gobiernos del PP, con el objetivo de desconectar a las clases medias del estado del bienestar. La puesta en marcha, de forma decidida, ya que hay suficiente margen presupuestario, de políticas industriales, tecnológicas y energéticas que permitan afrontar, con garantía de éxito, los retos que tiene nuestra economía en el ámbito internacional para consolidarse como una economía moderna, basada en la eficiencia energética, y en actividades económicas que supongan la mejora de la cualificación y de las condiciones de trabajo de los trabajadores, esto es, en producciones de alto valor añadido y elevada elasticidad-renta.
[1] El llamado “déficit tarifario” es la diferencia entre el precio del kilowatio que fija el gobierno y el precio de coste que marca el mercado eléctrico en las subastas. Si el precio del kilowatio es superior al coste de generación el gobierno debía, hasta el Decreto 3/2006, pagar la diferencia a las empresas. La continua manipulación del precio de coste del kilowatio, por las compañías eléctricas, en la subasta donde se determina su precio, ha llevado al gobierno a modificar este sistema, que suponía una subvención del estado a algunas de las empresas españolas con más beneficios.
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