Antonio Mora Plaza

 Economista

 Madrid, mayo 2007

         Hay una arraigada tradición en el mundo sindical de considerar que la negociación colectiva es el núcleo duro del trabajo sindical, mientras que la negociación del salario social entre sindicatos, organizaciones empresariales y el gobierno de la nación es la guinda de la negociación, lo que da prestigio, marchamo de seriedad a los sindicatos y “estabilidad” al sistema económico. Eso podía estar justificado en el pasado porque salíamos de una dictadura donde había que consolidar derechos laborales –Estatuto de los trabajadores-, además de los salariales, porque el presupuesto del Estado no llegaba al 30% del PIB y porque los pilares del Estado de Bienestar[1] –educación pública, sanidad pública, pensiones, desempleo, vivienda protegida- aún se estaban construyendo o generalizando para todos los ciudadanos. Sin embargo hace más de una década que las cosas han cambiado a pesar de los años de plomo de los gobiernos del P.P. Hoy la participación del Gasto Público en el PIB está en torno al 38%, las pensiones están generalizadas y acordadas según criterios del Pacto de Toledo, la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años (secundaria), y toda la población residente es población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los problemas surgen porque aún las dotaciones presupuestarias no son suficientes y porque las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. tienden a privatizar las prestaciones sanitarias, a potenciar la enseñanza privada o concertada vía prepuestos frente a la pública, a disminuir los presupuestos para la vivienda protegida, etc., de acuerdo con los criterios neoliberales de que están imbuidos los políticos del partido conservador. Queda, por lo tanto, mejorar y aumentar los componentes del Estado De Bienestar, luchando contra las tendencias neoliberalizadoras.

    cuadro 1

         Todo esto obliga a una reflexión a partir de unos datos que son reveladores: hoy día, en España, estamos cerca de que las rentas obtenidas por los trabajadores dentro de la empresa no representen mayoría de la renta vital[2], sino que, para amplias capas de la población, nos acercamos a un “fifty-fifty”, a un 50% entre estas rentas salariales, por un lado, y el conjunto de ingresos derivados del desempleo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y las subvenciones obtenidas en términos de educación gratuita (o casi), de sanidad pública del SNS, viviendas protegidas, rentas de integración, ayudas públicas a diversos colectivos, etc., que los ciudadanos en general, y los trabajadores en particular, van a recibir a lo largo de su vida. El cuadro nº 1 es revelador de este hecho[3], porque indica una tendencia a la baja de las rentas salariales y a la vez que se da una mayor participación del Gasto Público en el PIB desde hace ya más de 2 décadas[4].

            Pero, además de este hecho estructural, se da una situación coyuntural que parece haber pasado inadvertido para los sindicatos y que abre unas perspectivas y posibilidades que en un futuro no muy lejano no volverán a repetirse: el enorme fraude fiscal y en las cotizaciones que se da en España y los aún altos niveles de economía sumergida. Ambas cosas están relacionadas, aunque no son la misma. Ahora vamos a por los datos, pero adelantamos que podemos afirmar que las posibilidades de aumento marginal de los ingresos públicos como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y en las cotizaciones en los próximos 4 años son equivalentes al aumento de las rentas salariales derivadas de la negociación colectiva; si a eso le añadimos el dato de que aún estamos lejos del óptimo entre Gasto Público y PIB (un 38%) en España en comparación con la Unión Europea (un 47,6%)[5], la cosa, la exigencia sindical de un aumento de la participación del Gasto Social en relación con el PIB, se torna oportuna y posible.

         Vayamos con el fraude. Los niveles de economía sumergida se han venido estimando en torno al 20% del total de la actividad económica, la más alta junto a la italiana y la griega de los países de la Unión Europea de los 15. La dificultad de estimarla es extrema por la propia naturaleza del objeto. No obstante, existen algunos criterios de estimación mediante indicios y/o signos externos, por comparación con países de nuestro entorno de estructura económica similar. Así, puede estimarse por los niveles de consumo eléctrico o energético por PIB, porque cualquier actividad, por oculta, opaca o sumergida que sea, no puede evitar gastar luz, teléfono, calefacción, agua, etc.

        Aquí traemos a colación el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio[6] y aceptamos la definición de economía sumergida como la de aquella que abarca a “todas las actividades económicas no registradas que de algún modo contribuyen al Producto Interior Bruto”[7]. Estiman los autores la economía sumergida[8] a partir de la supuesta estabilidad que se da entre algunas variables que indican la carga fiscal y las variables que componen la base monetaria (algún agregado monetario), fruto de cierta experiencia internacional en la correlación de estas variables[9]. El resultado del trabajo indica que el nivel de economía sumergida en el 2002 en relación al PIB fue del 18,2%. Con este dato, y bajo los supuestos de que no haya variado apenas el nivel de fraude en el presente con respecto al 2002 y el de proporcionalidad entre fraude fiscal (y en las cotizaciones) y economía sumergida, obtenemos un techo de fraude de 180.000 mills. de euros[10]. Utilizamos ahora la relación entre la Renta Nacional Bruta y el Producto Interior Bruto[11] (98,7% para el año 2005[12]), que se mueve en un entorno del 98.5% en la última década. Con ello calculamos lo que podríamos llamar “techo de negociación del Salario Social”, que sería aquel que correspondería al trozo de tarta del Gasto Social sobre el Presupuesto (50%) del total emergido (180.000 mills.). Este “margen de negociación del Salario Social” valdría según esto 34.200 mills. de euros[13] (ver cuadro 3).

        Compárese estos 34.200 mills. de euros de techo de negociación[14] institucional con los 16.500 mills. de euros anuales (col.2007a), también de techo de negociación -pero en este caso colectiva-, que surge del supuesto de un incremento medio del 3,5% en los salarios para un 48% de participación de las rentas salariales en la Renta Nacional Bruta (RNB)[15]. Este sería el margen máximo de influencia de los sindicatos, si, siendo optimistas, suponemos que todos los incrementos de las rentas salariales son fruto directo o indirecto de la negociación colectiva[16] y, por ende, el de valor máximo de la “capacidad de negociación colectiva”.

         Es evidente que no podemos ser tan ambiciosos y exigir un éxito en tan poco tiempo en la lucha contra el fraude[17], pero incluso con una “reflotación” del 50% de lo sumergido en una legislatura, obtendríamos un margen potencial de negociación institucional de 17.100 mills. de euros[18] (col.2007b), similar a los 18.000 mills. de euros obtenidos a través de la negociación colectiva[19].

        Hemos adjuntado un cuadro (nº 3) con diferentes situaciones hipotéticas. Así, se ensaya con una evolución de los niveles de fraude del 17% al 14% hasta llegar a un entorno del 9% en el 2016; con aumentos de la relación entre Presupuestos y PIB del 38% al 45,4%; con aumentos también del Gasto Social en relación al Presupuesto (del 50% al 59.5%); y variación de los salarios medios (3,4%, 3,3%, 3,2%, 3,1%): hipótesis todas ellas coherentes, factibles e, incluso, necesarias. Pues bien, con esta evolución de relaciones entre Gasto Social, Rentas salariales, Presupuestos y PIB, la relación entre el Gasto Social y el Salario Nominal pasaría del 40,2% en el 2007 al 45,3% en el 2011 y a un entorno de entre 53,4% y el 61% para el 2016; visto de otra manera, significaría también un acortamiento en términos de PIB de las diferencias entre ambos (del 28,3% en el 2007 al 25,3% en el 2011, para llegar a un entorno de entre 21,6% y el 17,3% en el 2016). La mayor dificultad para llegar a este escenario en el 2016 es sin duda el paso 38% de los Presupuestos sobre PIB al entorno del 43,4% y el 45,4% para el 2016 y la del Gasto Social sobre Presupuestos (del 50% al 59,5% para el 2016). Ahí habrá 2 tricheras por las que pasar: la de la resistencia de cualquier gobierno a cambiar el estado de cosas en las macromagnitudes, y a la resistencia a ultranza de las autonomías gobernadas por el P.P[20]., cuya ideología eleva a los altares al mercado y, simultáneamente, trata de matar al Estado de Bienestar como Teseo al Minotauro; consecuentemente, intentarán –y lo hacen- invertir el proceso, vía privatizaciones (hospitales), vía presupuestos (educación concertada y privada frente a la pública), vía licencias (la construcción por los ayuntamientos), etc., para hacer coherente su discurso neoliberal.

         Como colofón a estos cálculos, hay que decir que ambas cosas no son incompatibles, porque los actores principales son distintos: en la negociación colectiva lo son los sindicatos y organizaciones empresariales; en la negociación del salario social lo son el gobierno de la nación y los autonómicos, por un lado, y los sindicatos, por otro; también que la negociación colectiva hace tiempo que viene encauzada en temas salariales en torno al IPC y no admite muchas sorpresas y, por lo tanto, especiales dificultades que exijan grandes movilizaciones. No debería haber problemas con felicitar al gobierno de la nación por los éxitos relativos que está obteniendo en la lucha contra el fraude -incluso apoyarle y exigirle más ahínco-, pero, simultáneamente, volcar la negociación sindical hacia la consolidación y aumento presupuestario de los componentes del aún insuficiente Estado de Bienestar[21]. La ocasión es propicia porque, una vez disminuidos los niveles de fraude y emergida la economía que aún navega oculta en procelosos mares, no habrá “margen coyuntural” de mejora del Estado de Bienestar vía recaudación y, entonces, habrá que recurrir a modificaciones de los tipos impositivos o, en general, cambios en la tributación que tiendan a aumentar los ingresos fiscales del Estado para aumentar y mejorar los servicios públicos.           

[1] Puede verse la evolución del Estado de Bienestar hasta 1989 en “Orígenes y evolución del Estado de Bienestar español en su perspectiva histórica. Una visión general”, por Gregorio Rodríguez Cabrero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, en “Política y Sociedad”, nº 2, 1989. Se puede obtener de internet tecleando en Google: españa “evolución del estado de bienestar”.[2] Renta vital sería el conjunto de las rentas obtenidas a lo largo de la vida, de acuerdo con las teorías del ciclo vital y de la renta permanente de Modigliani y otros.

[3] Ver el cuadro en internet: http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/rnd.xls

[4] Puede verse en la evolución de los presupuestos en relación al PIB.[5] Cual es tamaño óptimo del Sector Público es una cuestión abierta (cuadro 2). Los neoliberales se apoyan en la “curva de Laffer” para defender y justificar la disminución de su tamaño. La curva relaciona recaudación y nivel medio de impuesto, y establece un máximo (el óptimo) entre ambos; de ahí se pasa a relacionar Gasto Público y PIB. En Europa se demuestra que los países más avanzados, como son los nórdicos, Alemania, Francia, etc. han mantenido una relación entre ambos cercano al 50% durante décadas, cuando no lo han sobrepasado. El caso alemán –que no llega al 50%- se ha visto perjudicado por la reunificación, el galo ha sobrepasado con creces el 50%, el italiano apenas aprovecha su porcentaje cercano a ese 50% por la enorme deuda pública que arrastra y el liberal Reino Unido está en un 45,5%. Estos datos me llevan a pensar que nuestro óptimo “laffertiano” debería perfilarse a partir del 45% de GP sobre PIB a medio plazo; a largo plazo no hay pitonisa o casandra– o sea economista de plumilla- que lo otee.[6] “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes”, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, documento de trabajo, nº 184/2004. (www.funcas.ceca.es/Publicaciones/InformacionArticulos/Publicaciones.asp?ID=1072)[7] Definición de Frey y Weck-Hanneman (1984).

[8] Otros trabajos sobre la economía sumergida en España son los de F. Schneider en “El tamaño de la economía sumergida en los países de la Europa occidental”, en Ekonomiaz, nº 39, 1997, que la estima en un 22,3% sobre PIB para 1994; la Comisión Europea en “Comunicación de la Comisión sobre el trabajo no declarado” da un 16% en 1998; I. Mauleón y J. Sardá  en “Estimación cuantitativa de la economía sumergida en España”, Ekonomiaz, nº 39, 1997, dan un 16,8% para 1996.

[9] Trabajos de Bahttacharyya (1990).

[10] [180.000 mills. de euros = 18% de economía sumergida x 1.000.000 mills. de euros de PIB del año 2007]

[11] Que para el año 2005 vale 98,6% [98,6% = 893.165 mills. de euros de RNB / 905.455 mills. de euros de PIB] [12] INE, Contabilidad Nacional de España, Renta nacional disponible.[13] [34.200 mills. = 38% de Presupuestos/PIB x 50% de Gasto Social/Presupuestos x 180.000 mills. de fraude][14] Que correspondería a la eliminación total de la economía sumergida.[15] [16.548 mills. euros = 3,5% de Incremento salarial x 48% de Rentas salariales/RNB x 98,5% de RNB/PIB x 1.000.000 mills. euros  de PIB][16] Con datos del Ministerio de Trabajo, de los 20.001.800 de población ocupada para el 2006, sólo 8.448.000 trabajadores estuvieron afectados por uno de los 4.161 convenios.

[17] Y menos aún cuando no lo hemos sido con los 8 años de gobierno del P.P.

[18] [17.100 mills. de euros = 38% Presupuestos/PIB x 50% Gasto Social/Presupuestos x 90.000 mills. de economía sumergida][19] [18.037 mills. de euros = 3,5% de Incremento salarial x 98,5% RNB/PIB x 48% Rentas Salariales/RNB x 1.090.000 mills. de PIB][20] Doy por supuesto que este P.P., neoliberal y tardofranquista, no tiene posibilidades de volver a gobernar en el Estado e irá perdiendo poco a poco las autonomías que aún mantiene; en caso contrario, la evolución de estas cifras sería otra, empezando por un relajamiento en la lucha contra el fraude y en un mantenimiento -en el mejor de los casos- de los niveles de Presupuestos y Gastos sociales actuales en relación al PIB, que echarían por tierra todas estas hipótesis.[21] Que ha aumentado con la “ley de dependencia”. Otra cosa son los presupuestos.

Antonio Mora Plaza

Economista

Madrid, mayo de 2007

Resumen:

Este trabajo trata del dilema que se plantea en el mundo de la farmacopea entre genéricos y no genéricos y la fijación de precios. La empresas farmacéuticas y laboratorios se caracterizan porque son una estructura oligopolística donde se investiga nuevos principios activos, nuevas moléculas, bajo patentes otorgadas por las administraciones sanitarias; también porque presentan costes decrecientes merced a las cuantiosas inversiones iniciales para conseguir nuevos fármacos que lanzar al mercado. Ambas características –patentes y costes decrecientes- originan dificultades insalvables si se deja a las empresas operar libremente en el mercado porque se cae en el dilema de elegir entre la producción con eficiencia, la viabilidad empresarial o un coste fiscal. En este trabajo se aporta una solución mediante un órgano regulador de carácter público que opere con reglas precisas que se enumeran en el último epígrafe y que intentan dar satisfacción a las partes.

Palabras clave: patentes, genéricos, farmacéuticas, órgano regulador

Abstract:

GENERIC MEDICAMENTS AND PATENTED DRUGS: A MICROECONOMIC ANALYSIS

The present study addresses the dilemma raised in the pharmacopoeia industry between generic and non generic medicaments and price assessment. The pharmaceutical enterprises and the laboratories are oligopolistic structures where new active principles and molecules are investigated, and many of them carry out patents given by public health authorities. These enterprises also have decreasing costs because their considerable initial investments to obtain new drugs to place in the market. Both characteristics -patents and decreasing costs- originate insurmountable difficulties if these enterprises operate freely in the market, because it falls in the dilemma to choose between efficient production, enterprise viability, or tax costs for the Public Finance. In the present study I bring a solution by the means of a controller public agency that operates with precise rules, enumerated in the last epigraph, and that attempt to satisfy all parts.

Keywords: patents, generics, pharmaceuticals, controller Public Agency

GENÉRICOS Y NO GENÉRICOS: ANÁLISIS MICROECONÓMICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DILEMA

           Antonio Mora Plaza

        Economista

           Madrid, mayo del 2007

           Costes decrecientes, Costes medios y costes marginales

          Partimos del hecho de que el sector farmacéutico en el mundo es un oligopolio constituido por un puñado de grandes empresas multinacionales[1], de las cuales las 10 primeras representan el 58% del mercado mundial en el año 2003 según la revista Fortune[2]. Su estructura de costes viene determinado por las cuantiosas inversiones en investigación necesarias para lanzar un producto nuevo, una nueva molécula o un nuevo principio activo, que sólo se pueden recuperar a lo largo del tiempo cuando llega la fase de comercialización del producto final, del fármaco[3] correspondiente, una vez superados los controles, los ensayos clínicos, etc[4]. Podemos afirmar que estamos en presencia de empresas –farmacéuticas, laboratorios- que se caracterizan porque sus costes son decrecientes, con una clara diferenciación entre costes variables medios y costes totales derivado de sus importantes inversiones iniciales[5]. Si ello es así, no existe una curva de oferta del sector tal y como explica la teoría económica convencional para el caso de la competencia perfecta o casi. Ello implica que no hay ni puede haber, aunque sólo sea por este “fallo del mercado”, asignación eficiente; dejamos al margen distribuciones injustas, encarecimiento del producto por la oligopolización del sector y la capacidad de imponer sus criterios por el sólo hecho del destino de sus productos: la salud. Es un caso similar al de sectores de la economía como el de la telefonía, agua, gas, electricidad, que incurren en cuantiosos gastos en la cometida de instalaciones, traída y almacenaje y redes de distribución, pero que luego trabajan con costes variables y marginales muy bajos para hacer llegar los suministros a los consumidores finales, sean estos empresas o particulares. Pero no es sobre este “fallo del mercado”[6] que recoge la “teoría económica” sobre la que versa este trabajo. Lo importante o lo característico de estas empresas en las que los costes son decrecientes es que los gestores se ven obligados a elegir entre ser eficientes o no dar pérdidas, aunque no piensen este dilema en estos términos, sino como un problema de recuperación de la inversión acometida. Me explico. Cualquier empresa que quisiera hacer máximos sus beneficios –y no hay que pensar que las farmacéuticas son una excepción- debe producir al nivel que hace igual su ingreso marginal con su coste marginal; dicho de otra manera, debe llevar su nivel de producción de cada producto diferenciado –en este caso un fármaco o medicamento- tal que los ingresos que recibe por la última unidad vendida sea igual a su coste, porque de no hacerlo, y si su ingreso por esa unidad fuera superior a su coste, le convendría seguir aumentando la producción y comercializando su producto; por el contrario, si el coste marginal de la última unidad vendida fuera superior a su ingreso, más le valiera pararse e incluso, si puede, echar marcha atrás, porque está produciendo por exceso, añadiendo más a sus costes totales que a sus ingresos totales. Esto vale para cualquier producto, bien o servicio, para cualquier empresa que opera en cualquier mercado, sea competitivo, oligopolístico, monopolístico, etc.[7] Si la empresa no trabaja en un mercado competitivo –y estos son excepción en la economía de mercado realmente existente-, se producirán los siguientes resultados indeseables: a) una producción inferior a la que daría lugar si el mercado fuera competitivo, porque en este caso la empresa apenas tendrá margen para influir en el precio y se verá obligada a producir a un nivel que iguale el precio que señala el mercado –con un pequeño margen- al coste marginal que incurre en su producción, aumentando con ello su producción, dando mejor satisfacción a las necesidades de los consumidores (en este caso los usuarios del sistema sanitario); b) al producir la empresa –en este caso farmacéuticas y laboratorios- al nivel en que los ingresos marginales iguala a los costes marginales merced a la monopolización concedida (patente), se producirá una apropiación por parte de la empresa de lo que los economistas llaman “excedente del consumidor”, por comparación con una empresa que operara en un entorno competitivo o que aceptara el papel paramétrico de los precios[8]; c) se da también una pérdida de bienestar, porque parte del excedente se pierde -tanto para la empresa como para el consumidor- por producir a un nivel en el que los costes marginales no son iguales a los precios que se darían en un entorno competitivo[9] o con aceptación paramétrica de los precios[10].

         Antes de seguir hay que hacer un alto en el camino, tomar aire y quizá algo de alimento, porque ciertamente no es fácil asimilar estas ideas, estos conceptos, si no se esta acostumbrado a la jerga -caja de herramientas para Jean Robinson- de los economistas que, prima facie, parecen alejados del mundo real. Por suerte o por desgracia no es así, y el instrumental microeconómico[11] tiene ya varios siglos de existencia y podemos considerarlo como un precipitado intelectual de una experiencia histórica.

         El lector informado sobre los problemas del mundo sanitario, con los precios de referencia, la utilización de las patentes, etc., puede cuestionar lo pertinente de lo anterior –y lo que sigue- al menos por 3 posibles motivos: 1) puede poner en duda el comportamiento de fijación de precios y cantidades anteriores con los criterios marginales por el desconocimiento de los gestores sanitarios sobre estos temas; 2) en el mejor de los casos y suponiendo adiestrados en el manejo conceptual de lo anterior, puede dudar nuestro conspicuo lector de que las farmacéuticas lleven un control de los costes de cada producto que lanzan al mercado tal que les permita evaluar sus costes e ingresos marginales, sus costes medios, variables, etc.; 3) en el caso español los precios no son libres y las empresas del ramo tienen que actuar bajo los criterios de “precios de referencia”, tanto si existe un genérico en el mercado con principios activos equivalentes como si no[12]. Sobre las 2 primeras objeciones diría que no hay probablemente ningún gestor en el mundo que tenga un conocimiento de sus costes e ingresos marginales que le permita fijar precios y niveles de producción de cada producto de acuerdo con estos criterios con total precisión, aunque cuanto más lo conozca y actúe en consecuencia mejor le irá a la empresa. Sin embargo, la experiencia cotidiana en la gestión de la empresa, el conocimiento del mercado en el que se desenvuelve, la propia cuenta de resultados, acabarán atrapando sus decisiones –como un atractor, como un agujero negro- bajo la férula de estos criterios, incluso aunque los desconozca y, eso sí, cometiendo muchos errores por el camino. Sobre el tercer punto se puede aducir que nos movemos en mercados oligopolísticos con precios –en España- de referencia, que desvirtúan estos criterios. Ocurre que el objeto de este trabajo es analizar las dificultades de estas situaciones y criterios y presentar una alternativa.

         Y ahora damos un paso y la cosa se complica aún más, porque la característica de este sector son los costes decrecientes que ya hemos mencionado. Con una empresa con costes decrecientes –o rendimientos crecientes-, la autoridad sanitaria se encuentra con el problema de qué precio de compra –en su caso, de referencia- o qué criterio debe fijar para satisfacer simultáneamente a los posibles usuarios (población protegida) del medicamento, a la cuenta de resultados de la empresa y, por último, al erario público por la pérdida de ingresos fiscales derivados de la diferencia entre el precio de compra del fármaco a la empresa farmacéutica y la dispensa de fármacos a los usuarios del SNS en forma gratuita o con copago. Caben las siguientes soluciones[13]: 1) dejar que sea la empresa la que libremente fije el precio de salida. Sabemos entonces que la empresa maximizará sus beneficios si produce y fija el precio al nivel en el que los ingresos marginales igualan a los costes marginales. Ya hemos visto lo que eso significa: producción insuficiente[14], precios caros, apropiación del excedente del consumidor, pérdida para empresa y consumidores de otra porción de excedente y asignación ineficiente de los recursos para el sector; 2) fijar un precio tal que la empresa produzca a un nivel que iguale los costes marginales al precio mencionado: con ello no se producirá pérdidas de eficiencia en el sector y sí la máxima cantidad de medicamentos posible; el aspecto negativo es que la empresa verá mermada su cuenta de resultados porque los costes medios superarán a los costes marginales y a la larga será inviable; 3) fijar el precio para que produzca al nivel que cubra los costes medios. En este caso no habrá pérdidas y la empresa será viable, pero se producirá igualmente ineficiencia en el sector porque ésta –la eficiencia- sólo se da cuando se fija con el criterio del punto anterior. La ventaja, en cambio, respecto al primer criterio, es que la pérdida del excedente del consumidor y el compartido será menor, pero mayor si lo comparamos con el criterio 2. El nivel de producción del medicamento en cuestión será mayor que en el caso del monopolio (patente), pero menor que en el de un entorno competitivo o con aceptación paramétrica de los precios (punto 2).

         Lo sentimos por los creyentes del catecismo neoliberal: el cuento de hadas sobre las excelencias de la economía libre de mercado como portadora de asignaciones eficientes y bondades maximizadoras se ha topado con el mundo real. Ha sido un bello sueño de una noche de verano, producto de lecturas de citas del libro del Sr. Smith[15], de músicas marginalistas austriacas y de silbidos paretianos[16].

         En el mundo real, de tejas abajo, cada vez hay menos mercados competitivos[17], la información sobre los bienes y servicios que producen las empresas es siempre insuficiente y deficiente, se dan externalidades, bienes públicos, rendimientos crecientes, etc., que impiden caminar por la senda inmaculada de las bondades paretianas. En el caso de la farmacopea podría resumirse lo dicho hasta ahora como que el mercado, dejado a su libre albedrío, no puede fijar los precios con criterio de eficiencia al menos por dos motivos: porque estamos en un mercado oligopolístico, que además se convierte en un monopolio para cada fármaco cuando se otorga una patente; y porque la existencia de costes decrecientes impiden fijar precios que simultáneamente den satisfacción a la cuenta de resultados y representen asignaciones y niveles de producción de eficiencia.

         Por este motivo -y también fruto de un proceso histórico-, surgen las patentes en la farmacopea, a pesar de que estemos hablando de la salud y no de cualquier invento. A ello hay que añadir las incertidumbres sobre la posibilidad de nuevos medicamentos que aparezcan durante la vida de la patente que, aunque con distintos principios activos, ofrezcan análogos resultados; las diferentes demandas de estos productos según estemos en países sin sistema público de salud donde la demanda es privada y en otros –como el nuestro-, donde la demanda es pública en un altísimo porcentaje merced a la existencia de sistemas públicos; la masiva eliminación de aspirantes a nuevo fármaco que se produce desde la selección de nuevos principios activos[18], de nuevas moléculas, hasta la conversión en un producto listo para su uso[19]; la posibilidad de cambios legislativos, de cambios de criterio en la OMC forzados por la situación trágica y de desamparo de una parte de las poblaciones americanas, africanas y asiáticas[20]; etc. Fruto de este dilema, a veces se llega a comportamientos de las empresas farmacéuticas éticamente inaceptables, a veces fraudulentas, a veces se saltan o se precipitan en la fase de los ensayos clínicos, a veces se trasladan al “Tercer Mundo” la producción o los ensayos desde los países de origen, a veces se denuncian a un Estado[21], a un país, por producir genéricos para este tercer mundo tan supeditado a los avatares y necesidades del primero[22].

          Hacemos un alto en el camino y recogemos la consideración de patente de la OMC que citan Carles Codina y Elena del Cacho: “patente es el título otorgado por el Estado que confiere a su propietario el monopolio en la explotación industrial y comercial de la invención que se patenta durante un período de tiempo determinado”[23]; por el contrario, genérico sería “aquel medicamento que, desarrollado y fabricado conforme a todas las normas vigentes, presenta la misma composición cuantitativa y cualitativa que el medicamento de referencia, siendo además bioequivalente con éste”.

         Para escapar o solucionar estos problemas, R. Helms, del American Enterprise Institute[24], señala que “a la hora de vender, los productores tienen incentivos para separar mercados para, mediante discriminación de precios, maximizar sus beneficios”. La explicación de este comportamiento se debe a la posibilidad de que la empresas en general –en este caso las farmacéuticas y laboratorios- puedan apropiarse de una parte del excedente del consumidor vendiendo a los compradores –particulares y estados- a diferentes precios, dado precisamente la falta de competencia en el sector. La inmoralidad que supone comerciar con productos donde se juegan la salud millones de seres humanos hace difícil el arbitraje[25] y, con ello, la defensa del excedente para el consumidor, es decir, para el enfermo,  paciente o usuario del sistema de salud.

         Por supuesto que esta discusión, este dilema entre costes medios y marginales, fijación de precios y uso de las patentes se presenta en los medios de comunicación, administración sanitaria, farmacéuticas y laboratorios bajo otro aspecto. El dilema es: o se asegura a las empresas farmacéuticas y laboratorios la recuperación de sus inversiones mediante una patente, con lo que supone de monopolización de un producto durante muchos años[26] con fijación de precios de recuperación, o se atiende a las necesidades médico-sanitarias de este planeta, que la mayor parte de las veces y para millones de seres humanos, ni pueden esperar ni acceder a los medicamentos con precios de recuperación. Se han aportado y se aportan soluciones varias[27], pero no parecen aún satisfactorias. Aquí se aporta una más en el último capítulo de este trabajo.

          La eficiencia: entre el mito y la ignorancia  

         En los últimos tiempos se viene utilizando esta palabra para aplicarla a cualquier cosa, para justificar cualquier medida que pueda resultar impopular; es un fetiche al que los neoliberales adoran con fruición; pedestal, tótem y tabú de la “economía libre de mercado” para los que adoran el mercado como los creyentes reverencian sus mitos religiosos. No importan que confundan eficacia, productividad y eficiencia en un “totus revolution”. Lo grave es que estos conceptos, que expresan deseos -a veces incluso bienintencionados- más que realidades, han calado en el ámbito de la salud[28] y llevado a las autoridades competentes a colocar, por ejemplo, a gestores con el título de “economistas” bajo el brazo al frente de hospitales y centros médicos sin tener conocimientos medico-sanitarios. Vamos a aclarar que es eficiencia para la economía y lo vamos a aplicar a la salud y la prevención: el resultado puede ser sorprendente. Dicen Fernando Esteve y Rafael Muñoz de Bustillo[29] que es “la cuestión de la eficiencia, es decir, el cómo extraer el máximo partido a los escasos bienes y recursos de que dispone la sociedad en cada momento del tiempo…”; Andrés S. Suárez Suárez señala en un primer momento[30] que “…una actuación económica es eficiente cuando, con un presupuesto de gastos dado, se maximiza el resultado obtenido, o, equivalentemente, cuando dado un resultado a alcanzar, éste se consigue con el mismo coste o sacrificio”, pero luego aclara que –y con ello sale de la generalidad de la cita anterior- “la teoría microeconómica convencional se ocupa de la eficiencia asignativa. Supone que los inputs tienen unas especificaciones determinadas y producen unos resultados también determinados de acuerdo con una determinada función de producción, en la que se resume el mejor procedimiento tecnológico susceptible de ser aplicado a dicho cometido”. Más tarde concreta el concepto aún más cuando se refiere “al ámbito productivo de la empresa” y dice que “un proceso o procedimiento productivo es técnicamente eficiente con respecto a otro u a otros cuando, para obtener la misma cantidad de output (producto), consume menos de algunos inputs (al menos de uno) y no más de los restantes”. Para Lionel Robbins “la Economía es la Ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación”[31]. Es este un concepto moderno porque, curiosamente, no aparece como entrada en la “Historia del Análisis Económico”, el libro de los libros de economía, de J. A. Schumpeter[32]. Paul Samuelson, en el texto de introducción a la Economía más vendido de todos los tiempos[33]dice que “la Economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad terminan por elegir, con dinero o sin él, el empleo de unos recursos productivos “escasos” que podrían tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, presente o futuro, entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Analiza los costes y beneficios derivado de la mejora de los patrones de distribución de los recursos”. Aparte de esa curiosa distinción que hace entre “los hombres” y “la sociedad”, el autor americano añade al menos dos cosas más frente a la idea de Robbins: primero, no sólo considera que los “recursos” deban tener “diversos usos”, sino que debe producir “diversos bienes”; segundo, pone el tema de la distribución como problema económico en la última parte de su definición frente a la de Robbins, que la dejaba huérfana. De las citas anteriores y cuando se pasa de las generalidades a conceptos más técnicos, se va desvelando qué es y cómo se aplica el concepto de eficiencia: no es simplemente producir más con menos medios, no es algo tan trivial; un comportamiento es eficiente cuando tenemos la posibilidad de utilizar diversos medios para obtener un mismo resultado. Así, en el campo de la energía podemos obtener electricidad con diversos inputs (medios) primarios: podemos obtenerlo de los ríos (hidráulica), del airado Eolo (eólica), del rubicundo Febo (solar), del carbón, del gas, de la biomasa, del oro negro (petróleo), del átomo (nuclear), etc. Un proceso en este sector será eficiente técnicamente si para cada Kw/h obtenido se han combinado diversas fuentes primarias -medidas en tep[34]-, de tal manera que no se puede mejorar el resultado sin aumentar algún input; y se hablará de eficiencia económica –que es la relevante económicamente- si, dados los precios de las fuentes primarias, usamos la combinación de éstas de tal manera que la relación entre lo obtenido y los costes de los medios empleados es el mejor posible. Y con más razón si los precios no son fijos y dependen a su vez de la demanda de energía final. Lo decisivo, lo significativo, es la posibilidad de utilizar diversos medios. Para Robbins, visto su concepción de la economía, si no existe posibilidad de obtener un mismo resultado con diversos medios no hay problema económico. Yo ni quito ni pongo. Entonces,  en el ámbito de la salud, de acuerdo con el criterio de Robbins aceptado por la ideología neoliberal dominante, cabría preguntarse: ¿existe problema económico en materia de salud, al menos en el ámbito de su consumo? ¿Pueden los médicos y personal sanitario aplicar diversos métodos de curación, diversas terapias, para obtener un mismo resultado pensando en asignaciones eficientes? ¿No están los médicos obligados a curar con el mejor procedimiento posible, con la mejor terapia de acuerdo con normas y protocolos médicos de la OMS, de la Administración Sanitaria, de su propio código deontológico, etc.? Se han puesto a dirigir a centros médicos, hospitales, etc. a gestores que no son médicos, a veces meros contables, y resulta que lo único que saben no lo pueden aplicar. Existe, por supuesto, un problema de financiación, porque los recursos son limitados, pero no hay desde el punto de vista médico-sanitario diversos medios susceptibles de usos alternativos que se puedan –o al menos que se daban- elegir de acuerdo con su coste; tampoco fines diversos, sino terapias, intervenciones, tratamientos óptimos, dada la situación del paciente y los códigos deontólogicos.

           Soluciones al dilema[35] 

         Volvemos al dilema planteado en el primer epígrafe. Una primera solución sería la de obviar el problema y dejar que, como dicen los neoliberales, sea el mercado el que fije los precios. Ocurre que en este caso hablar de mercado sí es una entelequia, porque por el lado de la oferta tenemos un monopolio una vez otorgada la patente a una empresa farmacéutica o laboratorio. Ya hemos visto las consecuencias: producción insuficiente para satisfacer la demanda y precios caros dada la inelasticidad de los productos cuando la salud y la vida están por medio; y, aunque sea menos importante, pérdida de eficiencia para el sector frente a alternativas hipotéticamente competitivas o de aceptación paramétrica de los precios. Si estamos en países con un sistema público de salud, siempre podrá la Administración comprar los medicamentos y recetarlos a los usuarios gratuitamente o de forma semigratuita (copago), pero no podrán evitar los otros defectos: insuficiencia y pérdidas de excedente; si estamos en países sin sistema público de salud y sin intervención de precios –de referencia o de otra manera-, serán los ciudadanos los que sufran las consecuencias: insuficiencia y precios elevados dada de nuevo la inelasticidad de la demanda.

         En la literatura económica se apunta en estos casos –aunque para otros sectores- la posibilidad de permitir la discriminación de precios, que ya ha salido a colación al final del primer epígrafe de este trabajo. Consiste en que sea la empresa la que venda el producto a los consumidores variando el precio según su capacidad de pago y su disposición a comprar. En este caso se produce apropiación del excedente, pero con asignación eficiente en el consumo equivalente a la venta en un mercado competitivo. Sólo es efectivo si no hay posibilidad de arbitraje, porque entonces podrían los compradores a precios más bajos vender lo comprado a los posibles compradores de precios altos y obtener con ello ganancias[36]; y eso podría –de hecho ocurre- ocurrir entre particulares, entre empresas y entre países[37]. Para productos –fármacos, medicamentos, productos sanitarios, tratamientos- donde la salud está por medio, estas “soluciones” se dan en la práctica, pero parece difícil de aceptar o de reconocer moralmente como mecanismo de distribución si eso supone que haya usuarios que paguen más que otros ante la misma enfermedad por el mismo producto.

          Una posible solución coherente con el análisis micro de los comportamientos de las farmacéuticas y laboratorios con patente sería la creación de un Consorcio Público o Agencia[38] que tuviera como competencia la posibilidad de comprar los costes de inversión de una patente ya concedida a cualquier empresa farmacéutica o laboratorio que operara en territorio nacional[39] para liberarla y convertirla en un bien mostrenco, en un genérico. Este Consorcio o Agencia debería operar bajo las siguientes reglas: a) debería tener siempre la posibilidad de comprar a la empresa cualquier patente en cualquier fase de producción: inversión inicial, ensayos clínicos, comercialización; b) pagaría lo más exactamente posible los costes totales que la empresa/laboratorio hubiera incurrido hasta ese momento, de tal manera que la iniciativa empresarial en la inversión de un posible futuro medicamento no se viera menoscabada ni desalentada para futuras intentonas en otros principios activos, en otras moléculas; c) la patente otorgada previamente por la Administración Sanitaria –la propia Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en el caso español- lo habría sido con las dos primeras condiciones; d) en todo momento sería únicamente el Consorcio o Agencia pública  la que decidiera, en función de las necesidades médico-sanitarias de la población y lo pertinente de la espera, qué patentes concedidas serían objeto de compra y liberación; e) una vez liberada la patente, el Consorcio/Agencia tendría libertad para producirla a gran escala y distribuirla de la forma que estimara conveniente, bien directamente, bien encargando a otras empresas mediante concurso su producción a gran escala a precio convenido, de acuerdo con las normas de la Administración Sanitaria. En nuestro país, el destino principal sería el Sistema Nacional de Salud y su dispensa gratuita o con copago según usuarios; en el caso de otros países sin sistemas públicos de salud, lo serían las empresas farmacéuticas encargadas de su comercialización y distribución al precio convenido con el Consorcio/Agencia estatal; f) este Consorcio/Agencia no sería un mero órgano regulador[40], sino que tendría capacidad de obrar en comercio, comprar, vender, comercializar y distribuir por ella misma los productos farmacéuticas que así decidiera. Dicho de otra manera: de los fármacos liberados de la patente, una parte podría distribuirlos el propio órgano regulador y otros otorgaría a su vez la patente de la comercialización a otra empresa.

          En el caso español no sustituiría al sistema actual de precios de referencia[41], sino que lo complementaría. El tiempo y la experiencia demostrarían si el mecanismo es acertado o no: si lo es, el sistema de precios de referencia iría perdiendo peso a costa del propuesto; si no lo es, ocurriría lo contrario.         Crucial es el cálculo de los costes de la inversión y la obligación ineludible de las empresas y laboratorios de vender la patente al órgano público. Si el precio de recuperación fuera inferior a los costes de inversión, la empresa farmacéutica sufriría pérdidas –en algunos casos irreparables- y, lo que es peor, desincentivaría a otras farmacéuticas y laboratorios para futuras inversiones; si fuera superior a los costes de inversión se producirían pérdidas en el erario público, además de pérdidas de eficiencia y del excedente del consumidor (usuario del SNS) frente a alternativas competitivas o con aceptación paramétrica de precios. Las empresas de las patentes liberadas no habrían obtenido beneficios excepcionales, pero a cambio se habrían asegurado la recuperación de la inversión y también habrían eliminado incertidumbres futuras de su inversión desde el momento de la liberalización.

          Si crucial es el punto anterior por la dificultad de calcular los costes de inversión, neurálgico resulta el “d”. La empresa regulada no debe tener nunca la seguridad de que el órgano regulador vaya a comprar la patente para que así los gestores se comporten como si tuvieran que sacar al mercado el fármaco/medicamento a partir de los precios de referencia –o de mercado, si no hay precios de referencia- marcados por la Administración Sanitaria y se esfuercen en optimizar la gestión.

         Existe también el consabido peligro de “la captura del regulador”[42]. Por ello, estos órganos deben estar formados por personas no ligadas a la industria o sector que regulan, tener una formación muy solvente en la materia y competencias para indagar y obtener información en las propias empresas. Las empresas con patente concedidas podrían caer en dos tipos de tentaciones, en dos formas de perversión contrapuestas: algunas y para los medicamentos que consideraran un negocio rentable, se resistirían a la compra por parte del órgano público regulador e intentarían inflar los costes de inversión acometidos hasta ese momento; por el contrario, los que consideraran que se han equivocado, sea en la financiación y cálculo de los costes iniciales, sea en la viabilidad terapéutica del medicamento, tendrían la tentación de “colocar” al órgano regulador el “marrón”. Por todo ello, la concesión de la licencia previa (la patente) debería serlo con 2 condiciones más (ya se han apuntado otras): 1) la del control desde el primer momento por el órgano regulador[43] de los principios activos y ensayos clínicos, para poder así evaluar las posibilidades de convertirse el candidato en un medicamento eficaz, en un genérico (efg); 2) también ese mismo control por otro motivo: para tener un conocimiento de los costes de inversión y poder fijar los precios de recuperación si el órgano regulador decidiera la compra de la patente.

         Con un mecanismo como el propuesto –posibilidad de compra de la patente por el órgano regulador-, todos los actores optimizan alguna variable sin graves consecuencias para otras:  a) para los consumidores se consiguen las máximas dosis posibles del medicamento a los menores precios, tanto si lo pagan a precios de coste en un sistema de mercado libre sin sistema público de salud, como si es subvencionado y esta es proporcional al precio de comercialización, si estamos en un sistema público de salud; b) las empresas eliminan la variable “incertidumbre” sobre el futuro de la recuperación de la inversión original al pagarse los costes actualizados al momento de la liberación de la patente, asegurando de paso no incurrir en pérdidas en lo que atañe al menos al medicamento liberado y sin menoscabo por ello de la solvencia de la empresa; c) para la Adminsitración Sanitaria se abren 2 opciones, como son la de seguir con el criterio de precios de referencia o, alternativamente, la de la compra de la patente, de tal manera que pueda elegir la mejor desde algún punto de vista, siendo un posible criterio el del menor coste posible para el erario público.

[12] Véase la Orden SCO/2958/2003, la nota de prensa sobre la nueva ley del medicamento del 9 de junio del 2005 o la Orden 256/2007 del 19 de febrero del 2007, y sobre todo la ley 29/2006, del 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, etc.

[16] Un criterio paretiano en un asignación de recursos que se da cuando no se puede mejorar la satisfacción de un consumidor (o productor) sin empeorar la de algún otro. Es un criterio deseable tanto en el consumo como en la producción. Norte, justificación y punto final para muchos economistas conservadores que creen el mercado como criterio único de asignación de recursos en la producción y en el consumo. La razón de ello es que desde un punto de vista meramente axiológico (y casi angelical), hay una correspondencia entre una economía hipotéticamente de competencia perfecta en todos los mercados y una asignación paretiana (primer y segundo teorema de la Teoría del Bienestar). Pero la cosa tiene al menos 2 problemas: uno, que no tiene nada que ver con el mundo real; dos, que el criterio paretiano es perfectamente compatible con una distribución de la renta y la riqueza tal que, el 1% de la población tuviera el 99% de la renta y riqueza, y el 99%  restante tuviera sólo el 1%. Que se utilice este instrumental para valorar empresas, situaciones de mercado y formas de regulación es comprensible; que se utilice como meta de reparto o cómo ideal de una ideología es inaceptable: es condenar a millones de seres humanos del planeta al hambre, a la enfermedad y a la ignorancia en aras de unas bondades del mercado que no existen ni han existido nunca.

[18] La ley 29/2006, de 26 de julio define principio activo como: “toda materia, cualquiera que sea su origen .humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo- a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento”.

[28] Véase el artículo “El fracaso del eficientismo”, de Salvador García, doctor en Medicina y profesor de Psicología Social en la Universidad de Barcelona, que aparició en el suplemento de “Salud” de El País de fecha 14.4.2007.

[34] tep = toneladas equivalente de petróleo.

[41] Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, art. 90.

[43] Para que no se echen las manos a la cabeza los del catecismo neoliberal, ya el art. 64 de la ley del 29/2006 mencionada dice que una de las obligaciones de las farmacéuticas será “permitir, en todo momento, el acceso a sus locales y archivos a las autoridades competentes para realizar inspecciones”.

          Paco Báez 

          Madrid, marzo del 2007

         En España hay un medio sencillo y barato de incrementar drástica y espectacularmente la seguridad vial. Para ello bastará con que las estadísticas de accidentes de tráfico con resultado de muerte sean confeccionadas por el INSS pues, entonces, automáticamente, las cifras anuales de muerte por accidente de tráfico quedarán reducidas a cero casi todos los años, rigurosamente a cero o, excepcionalmente y como mucho, con algún daño, con uno o dos fallecimientos por dicho concepto. Eso es, al menos, lo que cabría esperar si su comportamiento fuera similar a su actuación respecto a las muertes por enfermedad ocupacional. Ante la evidencia -década tras década- de esa situación caben cuando menos dos hipótesis interpretativas que no tienen por qué excluirse mutuamente sino que, posiblemente, ambas sean reales.

         La primera sería la de la motivación económica. Como quiera que podría generarse para el Estado alguna responsabilidad civil subsidiaria por la omisión en el momento adecuado y razonable de haber legislado la norma protectora pertinente[1], pues, en previsión de ello, se niega la mayor: si no hay reconocimiento de la enfermedad ocupacional generada no habrá nada que indemnizar, negándole al trabajador la justa compensación por el daño sufrido[2].

         Si, por el contrario, hubiera de ser los patronos los que tuvieran que indemnizar, sólo la segunda hipótesis nos permitiría entender la persistencia en el tiempo de un proceder como el que expresamos[3].

         Desde que el dictador dejara “todo atado y bien atado” y hasta nuestros días, los altos cargos funcionariales, con los escalafones inicialmente “dopados” con una generosa siembra de alféreces provisionales y “camisas viejas” por doquier -léase: oposiciones “legalmente” amañadas- y tras sucesivas incorporaciones, limitadas por el indispensable certificado de adhesión al régimen dictatorial y frecuentemente con acceso “por la vía eléctrica” -o sea, por “enchufe”-, con la previsible consecuencia de la proliferación de las redes clientelares y los nexos del nepotismo, tramas renovadas con la incorporación de los que gozan, nada menos, que de protección divina por ser los presuntos ejecutores de la Obra de Dios en la Tierra. Con toda esa amalgama  se ha nutrido a las instituciones del Estado, no sólo con individuos muy concretos y caracterizados, sino también con una cierta manera de hacer las cosas, con un “modus operandi” que trasciende a los sucesivos relevos generacionales y que ha teñido, por debajo de los subsiguientes gobiernos de la democracia y con independencia del color político de turno, a la aplicación práctica de los reglamentos y de las leyes que, de esa forma y en muchos casos, resultan inoperantes y tergiversadas en sus fundacionales propósitos; y todo ello pese a los candorosos y bien intencionados deseos de sus democráticos promulgadores. Además, con los nuevos aires democráticos, se han calcado los malos hábitos, muchas veces porque se ha tratado de un mero reciclaje político: el mismo perro con distinto collar (dicho sea con perdón de los perros); así que no es de extrañar que subsista el vaciamiento de contenido de las disposiciones legales[4].

         Notoriamente ese es el caso cuando una previsión legal de teórico derecho a percibir indemnización, jamás, en la práctica, consigue llegar a materializarse[5]. Contra esa situación, esos sucesivos gobiernos democráticos, hasta el día de hoy inclusive, en buena medida no han querido, no han sabido o no han podido reaccionar.

         La estadística anual de muertes por enfermedad ocupacional[6] con resultado cero (o casi) -todos los años- responde simultáneamente a una verdad y a una falsedad. La verdad es, obviamente, la del no reconocimiento, con efectos económicos y legales: como no se hace tal reconocimiento, la estadística se limita a reflejar esa situación y, en esa repugnante acepción, resulta ser verdadera. La segunda acepción, la de la falsedad, resulta obvia por sí misma: hay algo que es aún más tercermundista que tener una elevada estadística de casos de muerte por enfermedad ocupacional y ese algo es que, siendo uno de los países más industrializados, esa estadística siempre, año tras año, arroja un resultado cero o casi cero, aunque, evidentemente, eso no puede ser cierto; menos aún cuando no se pueden aducir realidades y normas especialmente protectoras, sino más bien lo contrario.

         Esto también es algo impropio de una democracia europea. Así que más que de falsedad cabe hablar de mentira, esto es, de falsedad deliberada, pues resulta clamorosamente contradictoria con otras estadísticas y estudios epidemiológicos sin efectos legales[7], elaborados por organismos dependientes del Ministerio de Sanidad… del mismo Gobierno, de cuyo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, depende el INSS.

         Por otra parte, Sanidad[8] también participa de la misma conspiración de silencio en la medida en la que diversos estudios epidemiológicos de impecable rigor científico y financiados, naturalmente, con los impuestos de todos los ciudadanos son, no obstante, substraídos a la publicación e incluso a la difusión restringida a los profesionales especializados (¿verdad que sí, doctores del Hospital “Carlos III”?)[9]. Estudios epidemiológicos que son financiados, también, con los impuestos de los mismos trabajadores que, con sus padecimientos y muertes, suministran el material humano, objeto de esos estudios[10].

         En concreto, cómo funciona esta engrasada guillotina para cercenar los derechos laborales y de salud del metafóricamente sodomizado trabajador es de la forma que detallamos seguidamente. Cuando el trabajador (o, en su defecto, por haber ya fallecido, su viuda o hijos) solicita el reconocimiento de la enfermedad ocupacional, ha de hacerlo ante la correspondiente Delegación Provincial del INSS y ésta, frecuentemente, le niega el reconocimiento solicitado[11]. Cuando esto sucede, tal resolución sólo es recurrible por la vía contencioso-administrativa, con los efectos prácticos que luego veremos. Una resolución que, en muchos casos, se hace con absoluto desprecio a la abrumadora evidencia científica existente. Es el caso notoriamente del mesotelioma, mortal integrante de la patología asociada a la exposición al amianto. Ello es así, hasta el punto de que ni siquiera se le reserva renglón y epígrafe en el correspondiente cuadro estadístico. A efectos comparativos, bástenos considerar que por este mismo concepto Canadá registra cinco fallecimientos diarios; entonces nos surge la duda: si las previsiones epidemiológicas fueran bastante menos alarmantes, ¿sería la misma la postura del INSS? Si lo creemos –dado que dicha postura no es exclusiva respecto del mesotelioma, en particular, o de todas las patologías asociadas a la exposición al amianto- es porque esa es la actitud que se adopta frente a toda suerte de dolencias y muertes con causa ocupacional[12].

         Cuando, excepcionalmente, a nivel de Delegación Provincial, se hace el reconocimiento de la enfermedad ocupacional -y, en su caso, del fallecimiento, atribuyéndolo a dicha causa-, entonces es el propio INSS, a nivel central, el que recurre contra sí mismo, contra su propia resolución, acudiendo también a la vía contencioso-administrativa. Con ello se aboca al trabajador o a su familia igualmente a la judicialización.

         Dicho de otra forma: si no es el trabajador el que recurre a los tribunales es la propia Administración la que lo lleva a esa situación, previo el desvío provisional que supone el reconocimiento positivo a nivel provincial y que es recurrido por el Estado. El demandante del reconocimiento de la enfermedad ocupacional con eventual resultado de muerte por dicha causa -y remarcadamente en el caso del mortal mesotelioma-, ya sea por un camino u otro, siempre se verá abocado a verse inmerso en el proceso judicial.

         Con esta actuación se incide en una abyecta  treta que también se está practicando insidiosamente con bastantes de las víctimas del terrorismo: que es la propia Administración Pública la que recurre contra sí misma, cuestionando totalmente la resolución de un organismo oficial que, además de estar legalmente habilitado para haber tomado la resolución inicialmente adoptada -y que después será impugnada-, también está técnicamente facultado para haberla tomado correctamente y posiblemente mucho mejor facultado profesionalmente que el ente superior en el organigrama administrativo que hace la impugnación[13].

         En el caso del mesotelioma se hace con el efecto concomitante de la clamorosa contradicción que se genera con las otras estadísticas y estudios epidemiológicos, también oficiales y también de la misma Administración Pública, como ya hemos comentado. Una vez iniciada la vía contencioso-administrativa, el Inc. recurrirá sistemáticamente toda resolución favorable al trabajador hasta agotar toda posibilidad de recurso a instancia superior, judicialización que arrastra al trabajador a un laberinto fractal de innumerables vericuetos legales.

         De esta forma las resoluciones, cuando en última instancia, finalmente, son favorables al trabajador, resultan ser tan excepcionales que se constituyen automáticamente en noticia de interés periodístico y, en cualquier caso, quedan fuera sin reflejo en un cuadro estadístico que cerrado fue años ha[14] y que no será rectificado para constancia posterior. Cuadro estadístico -en cualquier caso- de valor preventivo nulo, dados los mimbres con que ha sido montado.

         En el caso de los expuestos al amianto, entre los que se incluyen los diagnosticados por mesotelioma -cáncer con un intervalo entre diagnóstico y fallecimiento de unos catorce a dieciocho meses-, lo normal es que el propio trabajador nunca llegue a ver el final del recurso legal en marcha; entonces es su familia -la esposa, los hijos- quien tiene que, partiendo de cero, anular el proceso previo -que ya carece de finalidad directa- y emprender uno nuevo desde el principio, con todo el tiempo, gastos, molestias y, sobre todo, sensación de desamparo más que justificado que todo ello conlleva[15].

         Cuando el proceso judicial se pone en marcha, el trabajador se encuentra con la siguiente correlación de fuerzas: de una parte, están las Mutuas Patronales[16] que, representando intereses privados[17] muy concretos -los suyos propios y los de los patronos que las financian[18]-, y que, no obstante y a pesar de ello, forman parte integrante del propio sistema español de Seguridad Social según la infecta ley vigente, acudirán con todos sus expertos y con todo su respaldo económico y logístico. Acudirá la propia Administración, el INSS, también con sus técnicos, cuadros, etc. (Jefes de Servicios, especialistas, etc.), formando frente común contra el trabajador. Este se encuentra con que el Organismo Oficial que, según la ley fundacional es su específico protector (Seguridad Social), en la práctica resulta ser su principal enemigo -excepción hecha del patrono que en su día le generó el padecimiento a través de las condiciones de trabajo que no permitieron evitarlo-. Finalmente el propio trabajador o su familia vendrán acompañados en el mejor de los casos por los expertos aportados por su sindicato -normalmente un médico con más buena voluntad que títulos de especialidad que exhibir- y requerido para testificar sobre todo tipo de patologías ocupacionales distintas según cada oportunidad respectiva. Y todo ello porque en España los auténticos expertos -cuando los hay y se les reconoce como tales y se busca que sean independientes de la Administración- prácticamente no existen. Los que hay con reconocido prestigio científico de especialización si acudieran a testificar en contra de la Administración Pública se les generaría un conflicto de intereses por pertenecer ellos también a la misma, por lo que ni siquiera se lo llegan a plantear.

         Ante ese panorama y con la “magnífica” preparación de la generalidad de nuestros jueces en materia de salud laboral -que habría de garantizar que los argumentos de autoridad y prestigio científico responden a un real alineamiento con la verdad objetiva, con esos antecedentes- se admiten apuestas sobre el previsible resultado de la confrontación. Por otra parte, no se nos oculta que los jueces también pueden estar “tocados” de sesgo ideológico[19]. Hay, por ejemplo, sentencias en las que se dice que la contaminación con amianto la ha podido adquirir el trabajador acudiendo al cine… No se trata de que hayamos echado mano de un caso excepcional; por el contrario, habría muchos otros similares que podrían igualmente ser aducidos[20] atinadamente.

         Con estos dados lastrados, con estas cartas marcadas, el trabajador  se ve obligado a jugar la partida judicial. “Homo lupus homini est”[21].

         Por todo ello y, dado nuestro diagnóstico de residual contagio de franquismo “underground”, es imaginable que los responsables del Inc., y sus directos subordinados, día a día, confortablemente instalados en “la ciudad alegre y confiada”, al final de su agotadora jornada -eso sí, sin exposición al amianto- en su tiempo de descanso y despojados ya de sus corbatas de moda, de color… caldera, podrá ser que, cuando vayan a conciliar el sueño, con beatífica placidez, sereno éxtasis y encendido arrobo, con los ojos en blanco, como en trance hipnótico o en comunicación con el más allá, en sesión de espiritismo y también a imitación del habitual gesto de su ministerial jefe, al igual que los integrantes del equipo policial del popular y televisivo inspector Miranda, podrán exclamar: “¡¡Nos hemos “coronao”!!.

[7] Sería bueno que se aportara algunos de esos datos y/o estudios (A. Mora).

[10] En efecto, los impuestos,  a diferencia de las tasas, se pagan independientemente del uso que hacen las Administraciones. Este se fija anualmente mediante ley a través de los Presupuestos. Tampoco entiendo el argumento (A. Mora).

Texto preparado por Ángel Cárcoba

Madrid, marzo 2007

         Recientemente CC.OO. hacía público un Informe sobre mortalidad por enfermedades derivadas del trabajo, llegando a la conclusión de que en España se producen al año más de 16.000 muertes por enfermedad profesional. Días más tarde, el Ministerio de Trabajo presentaba las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (2206) y de nuevo se nos mostraban unos datos de verdadero escándalo. En la columna de enfermedades profesionales mortales no figuraba ni una sola muerte por enfermedad contraída por el trabajo. Las EP graves y mortales parecieran que todas se curan o vivimos en el mejor de los mundos posibles.

        Históricamente es conocida la marcada tendencia ocultista de los accidentes de trabajo. En las principales Comunidades Autónomas el año 2006 se cerró con un incremento espectacular de la siniestralidad laboral, que se ha silenciado por unos y otros. Algunos ejemplos:

• “En la Comunidad de Madrid los accidentes de trabajo mortales aumentaron un 8,3%, pasando de 155 en 2005 a 168 en 2006. Los accidentes mortales in itínere crecieron un 21,4% (de 42 a 51)” (Madrid Sindical, enero 2007).
• “Siniestralidad en las empresas de Catalunya: los accidentes de trabajo mortales aumentaron un 44% de enero a noviembre de 2006” (El Periódico 08/01/07 citando datos oficiales). Un mes más tarde rebajan la cifra total anual de muertos y porcentajes en más de 10 puntos (el milagro del mes de diciembre).
• “En Andalucía han perdido la vida  en el desempeño de su trabajo 207 personas durante 2006” (datos de CC.OO. al Diario de Córdoba, 9 de febrero/2007). “UGT considera que en 2006  hubo 14 fallecidos más que en 2005 en Andalucía” (prensa varia). “En Cádiz, las muertes por accidente laboral se incrementaron un 26,31%, pasando de 19 en 2005 a 24 en 2006” (CC.OO. en Diario de Cádiz, 9/02/07).
• 129 trabajadores fallecieron en 2006 en Euskadi (Gara, 11/01/2007).
• Castilla La Mancha: un total de 81 trabajadores fallecieron  en accidente laboral en el 2006. La Consejera de Trabajo, Magdalena Valerio reconoce que hay un repunte del 2%. Sólo en la provincia de Albacete se pasó de 6 muertos en 2005 a 12 en 2006.”  (La Verdad, 05/02/07).
• Canarias: “CC.OO. advierte de que en Canarias se supera su tope histórico en siniestralidad laboral en 2006” (La Gaceta, 05/02/2007).
• Com. Valenciana: 140 trabajadores mueren por accidente de trabajo en 2006, de las cuales 98 fueron en jornada de trabajo.
• Sector de Construcción: “En el pasado ejercicio, 308 trabajadores de la construcción perdieron la vida mientras realizaban su jornada laboral, el peor dato de los últimos catorce años” (5 Días Enero/2007). En este mismo periódico se puede leer: “ SEOPAN, la patronal de grandes constructoras ha pedido al Gobierno un endurecimiento de la Ley de Prevención (sin comentarios).

        En las CC.AA. con mayor población ocupada y en los sectores de mayor riesgo, se producen unos incrementos  de los AT mortales espectaculares. Sin embargo el año 2006 terminará oficialmente con un descenso de casi el 2%. Es una cuestión de fe.

• Estadísticas a la carta o el milagro del mes de diciembre. De unos años a esta parte hay una tendencia obsesiva por parte de la Administración en adaptar los datos estadísticos a no se sabe que objetivos. Es más fácil cambiar la estadística que la realidad. De esta forma asistimos a situaciones imposibles de comprender. Veamos. El 3 de febrero de 2006 aparecía en varios medios la siguiente noticia cuya fuente era el propio Ministerio de Trabajo: “En los 11 primeros meses del año 2005 se han registrado en España 926.126 accidentes con baja que han provocado la muerte  de 1291 trabajadores, de ellos 938 en jornada de trabajo y otros 353 in itínere, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo período del año anterior. Y todo ello pese a incluir 2004 un incremento cercano el 30 % por considerar las víctimas del 11 M como accidentes in itínere”.

        En el último mes del año, diciembre, no solo se consigue reducir el incremento de los 11 primeros meses, sino la ingeniería estadística logra terminar cada año  con un descenso. Los milagros del mes de diciembre que se repiten en los últimos años.

         La siniestralidad laboral tiene un componente estructural que hace que, salvo catástrofes, los meses tengan un comportamiento estadístico similar a lo largo de los años. La media de los AT mortales en el mes de diciembre de los últimos 15 años nunca bajó de 72 (salvo de 2004 a 2006). Sigue siendo una cuestión de fe.

        ¿Son los índices de incidencia la variable que mejor explica la evolución de la siniestralidad laboral? Si aceptamos que el problema es estructural, sostengo que es una variable más. Ni siquiera la más importante. No es cierto que a más población ocupada, mayor número de AT, como no lo es que los siniestros en carretera se deban al mayor número de coches circulando. Es más cierto que las mayores tasas de siniestralidad se producen en épocas de crisis y desempleo masivo, es decir de menor población ocupada (véase los datos de 1987-1992). Así y todo, la realidad es tozuda y difícil de explicar. En la página 11 de las estadísticas remitidas por el INSHT figura un gráfico que demuestra que los índices de incidencia de los AT con baja en jornada de trabajo correspondiente a 2006 son los mismos que en 1987. ¿Cómo explicar estas dos realidades con datos de paro y de precariedad tan dispares en una época y otra? Para cualquier estudioso del tema está claro que las estadísticas sobre accidentes de trabajo están sometidas a una importante subestimación. Y por supuesto no es aceptable bajo ningún concepto el intento de sacar de las estadísticas oficiales a los trabajadores accidentados y muertos en trayecto. Así y todo, nada que ver con lo que viene a continuación.

        EL ESCÁNDALO DE LAS EE.PP.

        Siempre hemos sostenido que el AT es la punta del iceberg de las condiciones de trabajo de un país determinado, de escasa o nula utilidad preventiva. La morbimortalidad sufrida y percibida no coincide con la morbilidad diagnosticada. Esta a su vez no tiene nada que ver con la morbilidad reconocida y menos con la indemnizada. Nuestro sistema público de protección social (INSS) tendría como objetivo la protección de los colectivos más desprotegidos, siendo los trabajadores enfermos por el trabajo uno de estos; sin embargo la realidad nos muestra que el objetivo del INSS es negar la relación entre salud y trabajo. Recurre por sistema todo proceso que pudiera dar lugar al reconocimiento de una enfermedad profesional mortal. Desde los EVIs hasta el Tribunal Supremo, su función obsesiva es negar toda evidencia científica sobre el tema. Desde hace más de 50 años se sabe la relación entre exposición al amianto y los cánceres de pleura, de pulmón y peritoneo. Desde mucho antes se sabe la relación entre el cloruro de vinilo y el angiosarcoma hepático, entre el benceno y la leucemia, entre el arsénico y los cánceres de piel, pulmón e hígado, entre la bencina y cáncer de vejiga y un largo etcétera.

        Pues bien, en las estadísticas que nos acaba de remitir el Ministerio de Trabajo sobre EE.PP., no aparece ni un solo caso de EP mortal. Si no reconocen las enfermedades sobre las que existe suficiente evidencia científica en relación al trabajo, qué decir sobre las patologías derivadas de las nuevas formas del trabajo moderno (alteraciones musculoesqueléticas, cardiovasculares, del sueño, fatiga mental…). El INSS se ha convertido, después de la empresa que  ocasionó la enfermedad o la muerte, en el principal enemigo del trabajador y de sus derechohabientes, a los que sólo les queda someterse a procesos judiciales largos y complicados. Es bastante frecuente que el trabajador afectado por determinadas enfermedades muera antes de producirse la sentencia.

         El caso del amianto es bien elocuente: para el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) en España se diagnostican cada año unas 500 muertes relacionadas con la exposición al amianto. Según diversos estudios de institutos oncológicos o del Instituto Carlos III, la cifra de muertos por esta causa puede superar los 1.100 al año; para la Seguridad Social ningún trabajador muere por enfermedad profesional.

         CC.OO., basándose en un estudio de un grupo de expertos, denuncia que cada año se producen 16.000 muertes por enfermedades laborales. Las estadísticas oficiales, desautorizando a la comunidad científica y médica, nos dicen que el número de EP mortales es CERO. Como ocurría con los AT, estamos ante una cuestión de fe: en este caso de mala fe.Este escándalo es conocido y denunciado desde hace años. Es muy poco o nada lo que hemos avanzado.

        CONVIENE RECORDAR

        Para algunos esto es un fenómeno nuevo. Presentan como primicia datos, informes y propuestas sobre la problemática de las EP. (“Desde hace una década CC.OO. comenzó a preocuparse de las EP.”, Informe reciente de un compañero).

        Conviene recordar que la historia del movimiento obrero está ligada a luchas por el reconocimiento, tratamiento, rehabilitación y compensación de las enfermedades que originaba el trabajo. Desde 1840 hasta bien entrado el siglo XX, se puede encontrar numerosa literatura obrera sobre las EP. Por ejemplo, en 1909 las asociaciones socialistas obreras hicieron al Gobierno peticiones varias relacionadas con la adopción de medidas sobre pensiones vitalicias para los trabajadores que quedaran inútiles, preferentemente por AT. La regulación legal de la EP se inicia en España con la Ley de Bases de 13 de Julio de 1936, que contenía un listado completo de las enfermedades consideradas como tales y de sus agentes productores. Desgraciadamente el golpe de estado fascista contra el Gobierno de la República impidió el desarrollo de la legislación más avanzada de la época. En plena dictadura fueron saliendo decretos como el del 3 de Septiembre de 1941 sobre prevención y protección de la silicosis. En 1951 se incluyó como enfermedad profesional el nistagmus de los mineros. En 1961 se aprueba el Decreto 792 de 13 de Abril sobre algunas enfermedades profesionales. ¿Por qué las primeras EP que se reconocieron fueron las de los mineros? Es innegable el papel que juegan una serie de determinantes sociales en la producción de normas, de conocimientos y reconocimientos de las EP. La historia de cada EP o grupo de EP está plagada de hechos, luchas y reivindicaciones obreras  sobre el tema.

         En diversos documentos de las CC.OO. en clandestinidad se reflejan exigencias por trabajar menos horas, en mejores condiciones y por la protección social de los enfermos por el trabajo. El 12 de Mayo de 1978  se aprueba el RD sobre el cuadro de EE.PP., que venía a sustituir al Decreto 792 de 13 de Abril de 1961. Las normas de carácter médico para el diagnóstico, reconocimiento y clasificación no se desarrollan y el ocultamiento se mantiene hasta nuestros días.

        En 1977 las recién legalizadas CC.OO. presentan a la opinión pública un Informe titulado “Índices epidemiológicos de Salud Laboral”. Desgraciadamente siguen siendo válidas la mayoría de cuestiones que planteamos hace 30 años. Señalo de forma resumida algunos de los puntos que contenía aquel Informe de 32 páginas.

 I.- Análisis crítico de las estadísticas de siniestralidad laboral.

1.- La presentación de las estadísticas se hace recogiendo un concepto global de siniestralidad general que es muy poco útil a la hora de evaluar la importancia del problema…

2.- Existe una marcada tendencia ocultista en la evaluación de las estadísticas oficiales… El ocultamiento sistemático del sector leve sin baja declarados supera el 14%.

3.- La intencionalidad de los resultados estadísticos son siempre de evaluación económico-monetaria, por lo que no se elaboran estudios serios que incluyan la búsqueda de los factores preventivos en déficit… Es importante señalar la necesidad de aumentar el cuidado de los factores de prevención y educación sanitaria, introduciendo el concepto de salud laboral dentro del concepto integrador de salud global y no como el pago reparativo que se hace de la enajenación de la salud.[1] 

4.- La relación que se presenta entre AT y EP carece totalmente de sentido, es inexacta y está en contradicción con la más elemental percepción de la realidad productiva... La relación entre morbilidad y la mortalidad en las EP es igualmente ridícula (0,25 por mil). Ninguna enfermedad profesional mortal…Al mismo tiempo la distribución por enfermedades también es escandalosa. Sólo las neumoconiosis, brucelosis y dermatosis tienen importancia estadística.Todo esto entra en contradicción con estudios epidemiológicos internacionales en los que la incidencia de la EP en la población expuesta a ruido, polvo de sílice, plomo, disulfuro de carbono, amianto a benceno oscila entre un 10 y un 40%.... España declara un total de 392 EP por año y millón de productores, frente a Alemania que declara 1215 o EE.UU., con 4.900 por año y millón. (recuerdo que estamos hablando de un informe de 1977).Si se comparan los casos de EP de la estadística oficial con los casos de sordera traumática en los servicios de ORL, o de las neumoconiosis en los servicios de neumología, o las dermatosis profesionales en los de Dermatología del sistema sanitario público, surge de nuevo el flagrante ocultamiento oficial y su contradicción con la realidad.

 II.- Análisis de los índices de salud laboral.

El tipo de salud laboral que se encuentra, está en relación con el modelo del proceso de producción.En este punto se hace un análisis de la relación entre diferentes formas de industrialización existente en nuestro país y cómo ello se refleja en las estadísticas de siniestralidad laboral. Junto a ello se analiza el concepto indemnizatorio como una forma legal y monetaria de reparación de la porción de salud perdida por el trabajador…. Todo planteamiento actual, se dice en este punto, de corrección de la accidentalidad está plagado de un concepto monetarista, que impide concebir la salud como un valor en si mismo… Desde esta situación podemos marchar a una etapa donde, o bien el trabajador se convierta en dueño de su propia salud a través del control en forma de autogestión de la organización del trabajo, o bien la estructura capitalista inicia un proceso basado en una explotación más inteligente pero tanto más enajenada.” 

       Como algunos recordaréis, CC.OO. optó por convertir al trabajador en protagonista y dueño de su propia salud a través de aplicación del modelo obrero italiano basado en la no monetarización, en la no delegación, en la autonomía en el conocimiento, en la validación consensual y como método el mapa de riesgos.

 III.- Problemática de las Enfermedades Profesionales.

 “Ya hemos indicado el ocultamiento escandaloso de la realidad en torno a las estadísticas de EP, como queda reflejado en los cuadros 3 y 9. Este ocultamiento flagrante es indicativo de la pobreza  preventiva de nuestro país a pesar de los medios que poseemos… Por que nosotros  consideramos que el problema base de la deficiencia  de salud laboral no es el AT, que es un riesgo límite con un carácter de inmediatez, sino las pequeñas  pérdidas de niveles de salud, los microtraumatismos repetidos, la mayor predisposición a enfermedades, los tumores de origen laboral, la situación de salud en la vejez así como la salud mental o los niveles de salubridad de las familias trabajadoras. Todo ello repercute en este término amplio que hemos dado en llamar “afección a causa del trabajo” y en el que se incluyen enfermedades hoy producidas por ambiente no laboral en su consideración legal pero en las que es aceptado por una mayoría de expertos, que el trabajo es un factor importante en su etiopatogenia (insisto, esto se decía en 1977). Consideramos como causas de estos errores estadísticos:

1.- Una dirección burocratizada y laboralizada de la política de prevención. Esto ocasiona que los médicos, sea por impericia, negligencia u otras causas, no diagnostican la patología de origen laboral como tal. Obviamente lo que no se diagnostica no se registra.

2.- El concepto de EP en España es muy pobre, lo que hace que el número de EP comunicadas no se ajuste a la realidad. Se exige además que para que se haga el diagnóstico de enfermedad laboral, ésta ha de presentarse en grado avanzado.

3.- La inmensa mayoría de la patología laboral, sobre todo la mínima y cronificada, se diagnostica y atiende como enfermedad común, actuando sobre ella en sentido reparativo y no preventivo.4.- Ausencia de una educación sanitaria general y específica para que el trabajador comprenda los riesgos que se derivan para su salud en el trabajo que realiza.

  IV.- Equipamiento sanitario para la mejora de la salud laboral.

En este punto se hace un análisis y propuestas sobre el papel que deben jugar el INSS, las Mutuas, la Inspección de Trabajo, los Servicios Médicos de Empresa, el Ministerio de Sanidad…”. Este documento sirvió de base para la elaboración de un Plan estratégico de salud laboral de k.o. (Ver Actas de las ponencias del I Congreso Confederal, capítulo V dedicado a “Condiciones de Trabajo”  y del I Congreso de CC.OO. de Madrid, capítulo IX, ambos celebrados en 1978).

        A lo largo de la década de los 80 fueron varios los informes técnicos, documentos públicos y Resoluciones aprobados por los órganos de dirección de la Confederación y publicados en revistas, tanto del sindicato como especializadas (incluidas revistas internacionales),  con títulos como: “Las estadísticas del sufrimientos”, “De qué enferman y mueren los trabajadores”, “El trabajo perjudica seriamente la salud”, “Se vive para trabajar, pero trabajando se muere”, “Organización del trabajo, clase social y enfermedad,” “El desgaste obrero”, “Cáncer y trabajo”, “Riesgos para la reproducción,” etc.

        El 28 de octubre de 1985, el Secretariado Confederal aprueba un informe bajo el título “Documento Público de CC.OO. sobre Salud Laboral”. Consta de 20 puntos, en los que se aborda, entre otros, el problema de las EP (puntos del 2 al 8). En el punto 8 se dice: “La actual legislación en materia de EP debe ampliarse, incluyendo enfermedades como la artrosis por sobrecarga, posicionales y postraumáticas, la psicopatología laboral, los cánceres de origen laboral y, en general, la patología inespecífica que se ha demostrado guarda relación directa con las condiciones de trabajo”.

        En 1992, con motivo del I año Europeo de la salud laboral, CC.OO. organiza en Valencia unas Jornadas europeas sobre enfermedades profesionales que titula “Conocer para Prevenir”. En estas Jornadas se presentaron varios estudios sobre las enfermedades profesionales en Europa y España. Entre las diversas ponencias destacó una de Laurent Vogel de la CES. Merece la pena recordar de aquella intervención tan brillante la historia de algunas EP y, sobre todo, “los tres filtros a los que deben someterse todo proceso de reconocimiento de las EP, a saber: filtro médico, filtro jurídico y filtro económico e indemnizatorio”. Terminaba su intervención con un decálogo de alternativas. Todo esto está publicado en un libro bajo el título “Conocer para Prevenir”, de vigente actualidad.

        Y en 1993, el Gabinete de Salud Laboral de CC.OO. publica un excelente trabajo de Carlos Aníbal Rodríguez titulado “Acerca de la Salud de los trabajadores”, dedicado íntegramente al análisis de las diferentes formas de enfermar en el trabajo.           Determinantes sociales en el reconocimiento de las EP o el camello a través del ojo de la aguja.

         Existen otros muchos trabajos sobre el drama de la enfermedad laboral. En 2003  el profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada, ALFREDO MENÉNDEZ, escribió un excelente trabajo sobre “conocimiento experto y la gestión y percepción de los riesgos laborales en las sociedades industriales. Una reflexión desde la Historia de la Ciencia” (Cáp. 6 del libro “Democracia, desigualdad y salud”. Ángel Cárcoba (compilador) Ed. La Lucerna). En el punto titulado “conocimiento experto y riesgos laborales: el camello a través del ojo de la aguja”, el profesor Menéndez se refiere a las EP de la siguiente forma: “ El cuadro de EP en la mayoría de las legislaciones compensadoras se asemeja demasiado al juego de , en el que sólo aquellos trabajadores en los que coincida la exposición a un determinado agente en el desarrollo de la actividad laboral en un determinado sector productivo con la presentación de un determinado cuadro clínico será susceptible de aspirar al reconocimiento de dicho problema como EP”. Es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que el INSS reconozca  las muertes de los trabajadores por EP.

        En definitiva, las estadísticas oficiales sobre EP están sometidas a sesgos notables, detrás de los cuales se esconde la desproblematización de la salud de los trabajadores.

        El nuevo sistema de declaración de EP será más eficaz  y resolverá parte de los temas enunciados en la medida que tengamos en cuenta los aciertos y errores cometidos en el pasado. Para cualquier estrategia obrera es fundamental recuperar la memoria.

Gregorio Benito

Madrid, marzo del 2007

          INTRODUCCIÓN

         Es evidente que durante los últimos años, y especialmente a partir de la promulgación de la Ley de Prevención y de sus Reglamentos, se viene desarrollando una actividad extensa en materia de información, divulgación y formación sobre prevención de riesgos laborales.

         Este tipo de actividades son y van a seguir siendo claves en el tema que nos ocupa. Aplicar en las mismas los recursos más eficaces para el logro del objetivo, que no es otro que la reducción de las lesiones del trabajo y la mejora de las condiciones en las que se desenvuelve el mismo, es en este momento esencial. Especialmente porque hasta ahora, a pesar de ese esfuerzo, los resultados son bastante limitados.

        Por otra parte conviven en este momento riesgos tradicionales y nuevos riesgos, que se siguen abordando en lo cotidiano, y en el mejor de los casos, con métodos tradicionales.

        Riesgos y problemas por una parte  y conocimientos y medios por otra, han cambiado sustancialmente.

        El elevado crecimiento de los recursos económicos  públicos y privados dedicados en  los últimos años a este tema y sus poco significativos resultados nos obligan a una evaluación crítica del conjunto.

         La reconstrucción de un modelo efectivo de salud laboral, ante el fracaso del modelo actual, pasa por la posible actualización del modelo obrero y necesita partir de tres premisas al menos:

        La de-construcción del modelo liberal actual

        La revisión y actualización del modelo obrero ante la nueva realidad

       La iniciativa en la reconstrucción corresponde a los trabajadores y sus organizaciones vivas.

       La primera premisa porque sólo así podemos desmontar las contradicciones de un  modelo que en el mejor de los casos es “ilustrado” y en el peor falaz. La confusión que ha supuesto y supone la apropiación por parte del modelo liberal de elementos del modelo obrero, cambiando su sentido, hace imprescindible una disección del modelo liberal,  desnudándolo de aportaciones ajenas desfiguradas y dejándolo en su auténtico ser.

        La segunda porque el paso de estos últimos cuarenta años ha modificado sustancialmente el trabajo. Se ha transformado el trabajador  y la composición de la clase obrera; el entorno social del trabajador y el papel social del trabajo; el consumismo; la profundidad de las transformaciones en los medios de producción y en las fuerzas productivas; en los conocimientos y competencias de los trabajadores; en las relaciones personales. Todo se constituye en un panorama radicalmente diferente que exige propuestas nuevas y adecuadas.

         En tercer lugar la construcción de ese nuevo modelo obrero de salud laboral corresponde a los trabajadores. “Ni en dioses, reyes, ni tribunos…..”. La experiencia histórica del movimiento obrero nos permite aventurar que los primeros pasos de un nuevo modelo se dan  siempre en los tajos; y que las organizaciones burocratizadas y los tecnócratas no son capaces de percibir “lo nuevo” que nace y “lo viejo” que muere. A las organizaciones obreras vivas  corresponde estar atento al nacimiento de lo nuevo, aplicarlo, ser capaz de comprender su potencialidad, e impulsarlo con decisión.

         Precisamente por esto último el proyecto de crítica y alternativas que se desarrolla a continuación es una “obra abierta” –una obra en construcción-, que, con los medios que nos proporcionan hoy las nuevas tecnologías, permite la inclusión de aportaciones, la crítica, el desarrollo, en una posible estructura en fractales, de temas que, solamente se apuntan, capaz de abarcar el frondoso ramaje de la salud laboral.

        Se trata de proceder a una reflexión crítica y colectiva sobre el pasado, presente y futuro de las condiciones de trabajo en nuestro país. Con sus protagonistas directos, los trabajadores, y con las aportaciones de todos los que participan desde distintos campos en el abordaje de dichos problemas.

        La información periódica sobre los accidentes de trabajo en nuestro país se convierte cotidianamente en el peor parte de guerra. Además de los fallecidos, una legión de incapacitados nos deben de recordar permanentemente lo inaceptable de la pasiva aceptación, de la frivolidad de la mercantilización del sufrimiento.

        Y como la mejor crítica es una  buena alternativa. Trabajemos en ella.

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UNA NUEVA SITUACIÓN.  LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS RESPUESTAS

1.-  La población expuesta a riesgos del trabajo en nuestro país abarca actualmente alrededor de 22 millones de personas y viene manteniendo una tendencia creciente muy relevante[1]. Los efectos en la salud con causa en el trabajo también muestran crecimientos en cifras absolutas.

2.-  Siguen sin contemplarse, por diversas causas, en las cifras oficiales  colectivos cuantitativa y cualitativamente importantes como funcionarios, servicio doméstico, autónomos.

3.-  A ello hay que sumar las actividades de la economía sumergida, totalmente opacas a las regulaciones fiscales y laborales de las Administraciones que siguen representando, según algunos estudios, un porcentaje significativo y creciente de la actividad económica y laboral[2].

4.-  El importante incremento de la población jubilada o prejubilada, la prolongación de la vida y las precarias condiciones de trabajo a las que han estado expuestos durante años muchos de estos trabajadores, es la causa de la aparición de nuevos problemas de salud, cuyo origen es laboral, pero en poblaciones ya sin vínculo laboral cuya atención corre a cargo del Sistema Público.

5.-  Quedan, por tanto, excluidas de coberturas y registros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales importantes bolsas de población expuestas a riesgos del trabajo o cuyas patologías actuales proceden del trabajo. A ello se suma el importante subregistro, reconocido y aceptado por todos, de las enfermedades profesionales en nuestro país.

6.-  Factores recientes han modificado en un tiempo breve la composición de esta población expuesta a riesgos:

         Retraso en la edad de incorporación a la vida laboral.

         Incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.

         Incorporación masiva  de población inmigrante.

         Adelanto en la edad de terminación de la vida laboral.

7.-  Si las propuestas que se vienen haciendo para alargar la vida laboral más allá de los 65 años se hacen realidad, aparecerán colectivos con riesgos característicos. La adaptación del trabajo a la persona, y no al revés, exige prevención específica ya exigida con la incorporación de la mujer, discapacitados, inmigrantes, etc. Los datos actuales muestran un mayor índice de gravedad y mortalidad por accidentes de trabajo en los trabajadores mayores que se incrementarían, así como las bajas por enfermedades comunes y profesionales, cubiertas por el Sistema.

8.-  Los conocimientos y medios actuales nos permitirían anticiparnos a los futuros riesgos. El nacimiento de nuevas actividades, nuevas ocupaciones, nuevas sustancias, nuevos equipos de trabajo, nuevos entornos, nuevos sistemas de organización debería de ir acompañado previamente del estudio de los nuevos riesgos y sus condiciones de eliminación. Es prioritario establecer la obligación, previa al inicio de la actividad, de someter los nuevos riesgos a una evaluación de impacto similar al regulado en la normativa medioambiental o farmacológica, como procedimiento técnico y social inscrito en otro principal dirigido a autorizar la actividad o puesto de trabajo.

9.-  La distribución de la población ocupada por sectores ha sufrido cambios también importantes, con la reducción en los sectores primario e industrial, mantenimiento relativo en construcción y el incremento en el sector servicios,  en éste último especialmente en ciertas ramas.

10.-  Los cambios en la organización empresarial con la externalización de actividades, la deslocalización, los clúster, la fábrica difusa, la subcontratación en cadena, los autónomos y los falsos autónomos,  dificultan la aplicación de medidas preventivas tradicionales y favorecen la dilución de responsabilidades. En general se fomenta la transferencia de responsabilidades y costes en los riesgos más peligrosos, desde la gran empresa a la pequeña empresa o al trabajador individual y desde las zonas más ricas a las más pobres.

11.-  Las Administraciones Públicas, que emplean en todo el país a más de 2.400.000 empleados, se han movido siempre en una cultura consistente en que las leyes se aplican al resto del mundo y no a ellas. Bajo el amplio paraguas de la relativa impunidad administrativa las AA.PP. no son un ejemplo a seguir en materia de prevención y ello no demuestra una voluntad política seria por parte de los distintos gobiernos. Las organizaciones patronales denuncian habitualmente esta mala práctica de la Administración para exculparse de sus propias responsabilidades. Se evidencia y se trasmite, por parte de los poderes públicos,  más potestas que  autoritas.

12.-  Desaparecen y/o se transforman las ocupaciones tradicionales y nacen nuevas ocupaciones, se manipulan nuevas sustancias, nuevos equipos de trabajo, nuevas formas de organización del trabajo que requieren nuevas capacidades, destrezas y cambios más rápidos y radicales para el trabajador.  Y  todo ello conlleva nuevos riesgos. La adaptación del trabajo al trabajador, proclamada por las normas, es pura poesía.

13.-  Características como el origen social, el sexo, la edad, la formación, la nacionalidad, determinan una distribución no proporcional de los trabajadores en actividades económicas, ocupaciones, categorías, tipo de contrato, dimensión de empresa,  etc. y como consecuencia en tipos de riesgos y gravedad.

14.-  Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales no se distribuyen de forma homogénea y afectan significativamente más a unos perfiles de condiciones de trabajo que a otros. Hay una distribución desigual de los riesgos y una segmentación de los mismos. El grado de lesividad también se distribuye desigualmente. Generalmente todo ello en perjuicio de los más débiles socialmente.

15.-  La ruptura de la estabilidad individual en el puesto de trabajo y la empresa; la extraordinaria rotación; la elevada y persistente temporalidad de los contratos; la excesiva subcontratación y la desregulación en muchos ámbitos de las relaciones laborales representan uno por uno y en conjunto un segundo nivel de cambios.

16.-  Los cambios tecnológicos, los cambios en la organización del trabajo[3] y en la formación y responsabilidades del trabajador, su ritmo, la elevada competencia soportada en el factor trabajo más que en los avances tecnológicos, la carga, la flexibilidad productiva, los sistemas “justo a tiempo”, la personalización de la demanda y el protagonismo de ésta, conforman un tercer nivel de factores con una influencia más directa en la transformación de los riesgos[4].

17.-  Tiempos y espacios se han transformado negativamente para la vida personal, social y laboral del trabajador[5]. Las distancias al trabajo y en el trabajo, el alargamiento de las jornadas y su desordenación inhumana generan desgastes y fatigas físicas y psíquicas añadidas que se ven representadas en el significativo crecimiento de determinados epígrafes de las estadísticas de accidentalidad[6]. Las consideraciones que se vienen haciendo desde la Administración Pública y la Comisión Nacional para la Racionalización de los horarios ratifican esta preocupación[7]. Tiempos y espacios de trabajo y consumo, reducen al mínimo hoy los tiempos y espacios familiares, sociales y de libertad no dirigida.

18.-  La alteración de los ritmos biológicos, especialmente con la ruptura de un horario regular de sueño-vigilia y descanso y las patologías asociadas, los desarreglos alimenticios y sus efectos metabólicos crónicos y el incremento de las lesiones de tráfico durante la jornada laboral e in itinere son las consecuencias negativas más visibles. Los desarraigos espaciales, temporales y sociales, debido a la elevada y errática movilidad laboral, provocan nuevos riesgos psicosociales.

19.-  Pero, además, la relevancia y características de estos cambios tienen una importante repercusión en el incremento de las patologías psicosociales y psicosomáticas. Las propuestas de conciliación de la vida laboral y familiar, la protección social de las situaciones de dependencia, pretenden resolver fenómenos conflictivos  familiares, de pareja, escolares, juveniles, de dependencia que se han extendido y agudizado en los últimos años y  que tienen su origen en las características del trabajo actual.

20.-  Las patologías no traumáticas de tipo cardiovascular, junto con los accidentes de tráfico con relación laboral, ambos de elevada lesividad, suponen hoy un porcentaje muy elevado de los accidentes de trabajo graves y mortales. Los desarreglos metabólicos y hormonales y las tensiones y sobrecargas en el trabajo influyen en el aumento de la obesidad, hipertensión, la diabetes tipo 2 y las enfermedades mentales, detectado en el mundo desarrollado. La propuesta de solución a través del cambio personal en los estilos de vida es un verdadero insulto a la inteligencia y a la dignidad mientras no cuente con cambios sustanciales en el trabajo y en la sociedad. Los únicos que pueden seguir un estilo de vida sano en las actuales condiciones son los ricos.

21.-  Las sucesivas encuestas europeas y españolas sobre condiciones de trabajo reflejan el aumento en la sensibilización y percepción de los trabajadores sobre estos temas y en sus resultados. En especial el incremento de las dolorosas y persistentes lesiones osteo-musculares asociadas al trabajo. El 25% del total de los accidentes de trabajo con baja en nuestro país corresponden a lesiones de la columna vertebral[8]  En España se producen 1.000 nuevos casos de lesiones cerebrales y medulares al año, la mitad de ellos por accidentes de tráfico y casi la otra mitad por accidentes laborales y otros (Ministra de Sanidad en su visita al Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo. 2004).

22.-  Los episodios y daños psíquicos y psicológicos repetidos se van convirtiendo en crónicos: estrés, ansiedad, depresión, violencia psicológica, burnout[9]. La OMS considera que en el año 2020 la depresión, que hoy ya es la cuarta causa de incapacidad laboral, se convertirá en el principal motivo de baja. Se alerta igualmente de que la naturaleza de los riesgos profesionales cambia al ritmo que lo hace la innovación tecnológica y aparecen más casos de violencia en el trabajo, acoso sexual y psicológico (Estrategia de la UE sobre salud y seguridad laboral).

23.-  Por otra parte, existe un cambio radical en las fuertes y nuevas demandas que en las sociedades desarrolladas se hace por parte de la empresa hacia el trabajador en formación e implicación[10]. Los entornos actuales de trabajo requieren no sólo una formación específica elevada sino también altas competencias en comunicación, en trabajo en equipo, en negociación, en gestión, en polivalencia, en manejo de conflictos, en uso de nuevas tecnologías[11]. Y una implicación total, en los valores de empresa,  a tiempo y dedicación plenos[12].

24.-  Los grados de libertad en las ideas profesionales quedan fuertemente reducidos para el trabajador, que se debe de adherir plenamente a las de la empresa, defendiéndolas en su actividad cotidiana frente a clientes, usuarios, proveedores, competidores, etc., sean o no justas o éticas.  Es el caso de las actividades de atención al público, cada vez más relevantes en la actual sociedad de servicios. Los trabajos repetitivos y rutinarios reducen las capacidades creativas y anulan la iniciativa. Y otro ejemplo evidente es la función que les toca desempeñar a algunos trabajadores de empresas implicadas en sonados y masivos fraudes sociales.

25.-  Aumenta la carga física y psíquica por el trabajo y en el trabajo. Y las consecuencias se extienden no sólo al trabajador sino también a su entorno familiar y social[13]. Aumentan la violencia y las conductas agresivas que se originan en el trabajo (Caso vigilantes de seguridad de Correos de Madrid). Y aumentan el sufrimiento, la autolesión y los suicidios  (SJS Comunidad de Madrid, Madrid, 392/2005 (Núm. 11), de 14 de Noviembre; Suicidios de ingenieros en el Tecnocentro de la Renault en Paris, febrero 2007), de lo que, por otra parte, nunca hay datos ni “noticias”.

26.-  El recurso a estimulantes  por parte de sectores de la población laboral para soportar y sobrellevar los conflictos y  tensiones  laborales y la carga de trabajo, es un fenómeno no tan reducido como se piensa y con obvias repercusiones en la seguridad y salud por el trabajo y en el trabajo. Alcohol, tabaco, drogas,  pero también excesos consumistas, ludopatías, violencia,  se convierten en desahogos, inconsciente e incontroladamente.

27.-  La persistencia e intensidad de estos pequeños y grandes daños psíquicos y psicológicos tiene  impactos somáticos variados e importantes. Problemas metabólicos, desequilibrios hormonales, patologías cardiovasculares,  trastornos del sueño, cansancio crónico, etc.,  además de los sufrimientos personales y familiares que generan, por la penetración del trabajo en los espacios de la vida personal.

28.-  La constante aparición de nuevas sustancias químicas contaminantes y su manipulación en el trabajo: tóxicas, cancerígenas, mutágenas, teratógenas, neurotóxicas, disruptores endocrinos. Las nuevas enfermedades infecto-contagiosas, de transmisión animal y humana (encefalopatía bovina espongiforme, gripe aviar virus H5N1, SIDA). La aparición cada vez más habitual de afecciones relacionadas con los edificios en los que se trabaja (edificios enfermos y enfermantes). El incremento de equipos de emisión de radiaciones electromagnéticas (REM), la introducción de las nanotecnologías[14], el teletrabajo, el telemarketing. Todo sin el necesario estudio previo de sus repercusiones para el trabajador, nos sigue conduciendo a la reparación y no a la prevención. Una pequeña muestra, punta de iceberg, es el crecimiento en los últimos años de la declaración y registro de enfermedades profesionales causadas por alergenos.

29.-  Así, el marco general y tradicional de los riesgos por el trabajo se ha visto transformado radicalmente por la irrupción rápida y extensa de nuevas materias primas, nuevos equipos de trabajo, nuevas formas de organización de la producción, nuevas formas de explotación de las capacidades físicas, cognitivas e intelectuales del trabajador y por cambios económicos y normativos notables.

30.-  Ante ello, el atraso de nuestro país en esta materia, por motivos esencialmente políticos y económicos,  sigue sin tener una respuesta contundente y, en el mejor de los casos, nos seguimos moviendo, en la práctica, mediante actuaciones tradicionales y resistencialistas de carácter prevalentemente reparador. Seguimos actuando sobre los efectos y no sobre las causas.

31.-  La inversión privada en prevención es mínima comparada con “la obligatoria” en reparación. En un perverso efecto sustitución son las administraciones públicas las que, con el dinero de todos los ciudadanos, están incrementando muy significativamente y a nivel presupuestario las obligaciones en la materia de las empresas privadas. Mientras, las propias administraciones públicas no dedican recursos en prevención para sus propios trabajadores. Se refuerza  y se legaliza así la externalización de costes.

32.-  Subvenciones clientelares para formación, información, divulgación, investigación, sustitución de maquinaria, contratación de técnicos de prevención, forman parte hoy de los Presupuestos de todas las CC.AA.  Actividades, sin embargo, de obligatoria cobertura por parte de la Empresa privada. La reparación es una “obligación” y la prevención un negocio.

33.-  Los gobernantes y políticos de las Comunidades Autónomas han visto en la accidentalidad laboral y su repercusión mediática una forma de obtener rentabilidad política y económica y junto con entidades privadas de la prevención montan ferias y mercadillos locales para exponer sus productos.

34.-  Pero, a la vez, la prevención -expulsada de lo público a lo privado- está sometida no a un mercado perfecto, como se pretende hacer ver, sino a los distintos poderes de demandas asimétricas. Las grandes empresas, que deberían realizar la prevención a través de servicios de prevención propios, la externalizan e imponen precios en un mercado todavía no estabilizado y “conectado” con el otro “mercado” de cobertura de las contingencias profesionales[15]. Las pequeñas empresas pagan más y reciben menos servicio, mientras que las grandes pagan menos y reciben más. El gasto en prevención sigue siendo una partida a reducir en las estrategias empresariales[16].

35.-  A ello se suma la transmisión de la responsabilidad en el tema por parte de la empresa. La Ley de PRL y su desarrollo reglamentario han promovido la externalización y privatización de la prevención. La integración de la prevención en la gestión de la empresa queda, desde ese momento, en un buen deseo. La mayoría de las empresas contratan Servicios de Prevención para que les resuelvan, a bajo coste y formalmente, la función directiva empresarial de seguridad y prevención.

36.-  La visualización social del problema, gracias a los medios de comunicación, ha tenido efectos positivos, pero las instituciones y organizaciones han capitalizado y rentabilizado con agilidad el buen hacer de aquellos, quedando relegados de nuevo sus protagonistas y afectados a un papel pasivo[17]. Congresos, Ferias, Premios, Relaciones Públicas, sustituyen, en los medios, a la dura realidad cotidiana del sufrimiento y a sus protagonistas.

37.-  Las noticias diarias sobre accidentes laborales se han convertido en rutina, formando parte de la sección cotidiana de sucesos, y se pueden prever con antelación el contenido y los términos de las declaraciones de las distintas partes,  que vienen siendo idénticas desde hace años.  Se trata de conseguir que la sociedad, sobre todo los trabajadores, asuman de forma natural la inevitabilidad del dolor, el sufrimiento y la muerte en el trabajo. La acumulación y síntesis cultural que tienen los proverbios así lo muestra en el “gajes del oficio”.

38.-  Las campañas en los medios de comunicación, financiadas por distintas Administraciones Públicas con el consenso de los agentes sociales, pierden su capacidad impactante, precisamente porque un consenso construido en base, y favorable, a la ideología dominante impide evidenciar las causas y los causantes reales de los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Con estos condicionantes, mensajes e imágenes carecen de la fuerza necesaria en estos soportes y reflejan, en general, una concepción en la que los responsables somos todos y/o nadie, cuando no se acusa directa y abiertamente a la víctima.

39.-  Sin embargo, la publicidad de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales que recogía el Art. 49.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y actualmente regulado en el Art.º 40.2 del TR de la LISOS y las normas ejecutivas reglamentarias necesarias para su aplicación práctica, se han bloqueado, paralizado y han sufrido el permanente embate  desde el derecho garantista del empresario y la falta de voluntad política de los poderes públicos para su realización.

40.-  La comunicación de masas, correctamente utilizada, tiene un potencial impresionante en materia de prevención, todavía por desarrollar. Pero un mensaje que hace recaer la responsabilidad en la víctima es incorrecto, engañoso, ineficaz, rechazable y rechazado. La claridad y el rigor exigibles deben permitir superar la simplificación y la confusión. El periodismo serio y de investigación tiene aquí trabajo. Algunos ejemplos dignos hay.

41.-  Sorprende que males que tienen su origen y sirven a un modelo enfermizo y enfermante sean afrontados promoviendo conductas individuales, mezclando salud y valores morales. ¡Cuidado con el alcohol, el tabaco, las drogas, el sexo, la alimentación y… los accidentes laborales! Es fácil, sólo se trata de “cambiar el estilo de vida” y ello “depende” de cada uno de nosotros[18]. Se trata de conseguir supertrabajdores/as que coman sano, con su dinero, en poco tiempo y fuera de casa; que hagan ejercicio y tengan una relación familiar y social, no superficial, después de largas jornadas y horarios irracionales; que soporten el estrés y las tensiones laborales con alegría y espíritu emprendedor.

42.-  El modo de producción, la sobreexplotación, la relación de fuerzas, orígenes principales de los problemas, se excluyen del análisis y de las propuestas de solución. Estas pasan en exclusiva, según las concepciones liberales, por el individuo, por sus actitudes, sus estilos de vida, su capacidad de afrontamiento, su carácter competitivo, su ambición, su energía inagotable, etc.[19] 

43.-  El modelo dominante reparador-indemnizatorio persiste en la mercantilización de la salud laboral. Antecedentes, como los pluses de peligrosidad, siguen hoy vigentes, en esencia, en cuanto que no se han sustituido por medidas de prevención. Los procedimientos civiles y penales que se empiezan a utilizar son eficaces ante la comodidad e irresponsabilidad del empresario pero pueden tener efectos de mercantilización perversos señalados ya por algunos especialistas: la negociación y sustitución pecuniaria de la pena. En todo caso siguen siendo medidas a posteriori, aunque su mayor dureza puede estimular la prevención.

44.-  El recurso excepcional en nuestro país a los procedimientos civiles y penales con motivo de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales nos permite valorar que los análisis actuales sobre los costes económicos de siniestralidad laboral, basados en las cuentas del sistema de cobertura laboral, quedan muy por debajo de los costes derivados de un procedimiento civil o penal.

45.-  El sistema de cobertura de las contingencias profesionales actual garantiza tanto o más la tranquilidad del empresario, y su desculpabilización, que la del trabajador. No nos engañemos, con ese objeto fue creado a principios del s.XX. Por su sistema de financiación y de adquisición del derecho puede considerarse un bien público, que como todos los bienes públicos, si no se controla con rigor, facilita y beneficia la actuación del defraudador y del “gorrón”, sea empresario o trabajador[20]. Aunque en este tema habrá que recordar las palabras del abogado laboralista Francesc Layret “los trabajadores no hacen huelga porque no quieran trabajar sino porque lo quieren hacer en mejores condiciones”.

46.-  Pero, contradictoriamente, la consecuencia es un rigor arbitrario y  duras restricciones para incorporar las viejas y nuevas afecciones derivadas del trabajo al acceso a la atención y prestaciones de las contingencias profesionales. Las enfermedades profesionales y laborales son el claro paradigma de la “huida” de todas las instituciones implicadas del afrontamiento de un grave problema real. En España apenas hay enfermedades profesionales registradas oficialmente.  Lo cual supone su no consideración laboral y la externalización de costes y responsabilidades del empresario hacia el Sistema Público. Las Empresas, las Mutuas, las Inspecciones de Sanidad y Trabajo, los EVI, el INSS y el legislador,  se encargan de establecer todas las barreras posibles a una determinación correcta de la contingencia con la asistencia y prestaciones correspondientes. Las consecuencias de esta actuación incorrecta son múltiples y graves. A partir de la ocultación y de la falta de registro se desconoce la situación real de las enfermedades profesionales en nuestro país y por tanto son imposibles los análisis, la investigación, el seguimiento, el tratamiento especializado y la prevención. Todo ello, como es obvio, básico y esencial.

47.-  La transferencia de una cantidad importante de enfermedades laborales y daños a la salud, cuyo origen es laboral, a contingencias comunes eleva extraordinariamente los costes de la gestión y prestaciones de la IT por esa contingencia. La prestación de IT por contingencias comunes se convierte también en  refugio de otros derechos y necesidades que no han sido cubiertos hasta ahora por nuestro Estado de Bienestar. La incorporación masiva  de la mujer al trabajo en nuestro país ha descargado su antiguo trabajo en ellas y en su familia, por poner un ejemplo.  Nuevamente se busca la causa sólo aparente: la simulación, la picaresca,  el fraude del trabajador y no la causa real: los déficits del actual Estado de Bienestar.

48.-  Sin embargo, si se persiguiese seriamente la búsqueda de los daños a la salud producidos por el trabajo y las enfermedades laborales y consecuentemente se consideraran como contingencia profesional; si el INSS no se resistiera habitualmente a considerar contingencias profesionales a lo que realmente lo son, una parte de los costes que incorrectamente corren hoy a cargo de  las prestaciones asistenciales y económicas de ITCC,  correrían a cargo de las entidades gestoras y colaboradoras en la cobertura de las contingencias profesionales, es decir preferentemente las MATEPSS.

49.-  La reversión de la gestión de las prestaciones económicas de la cobertura de la incapacidad temporal por  contingencias comunes al INSS con una gestión eficiente de el último, sería más coherente política, jurídica, económica y socialmente. Se resolvería el difícilmente salvable conflicto actual de competencias;  y muchos problemas al enfermo-usuario.

50.-  A la vez se deben de incrementar las competencias y los recursos de prevención para las entidades que actualmente gestionan la cobertura de las contingencias profesionales. La separación actual en la gestión de las actividades de prevención y de reparación es incoherente y menos eficaz que un tratamiento integrado de los dos aspectos.

51.-  La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos, para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores, trascripción de la Ley de PRL y que corresponde a las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria, pasados más de diez años de la ley no tiene virtualidad alguna.

52.-  Los problemas sanitarios derivados del binomio fábrica-territorio y su correlativo salud laboral-salud medioambiental, son perfectamente accesibles a través de la epidemiología laboral y espacial[21] y necesitan de la implantación de sistemas de información en salud laboral (SISAL) que permitan la investigación, la prevención y la atención e intervención sanitaria adecuadas. Un caso real y actual es el del amianto. Las técnicas de epidemiología laboral y espacial podrían ser aplicables también a temas nuevos como los accidentes y lesiones de trabajo derivados de la  creciente movilidad.

53.-  Siguen sin constituirse la Unidades de Salud Laboral por Area de Salud, con especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo del Sistema Nacional de Salud, para el diagnóstico de los daños a la salud por el trabajo y la puesta en funcionamiento de las  políticas sanitarias activas en materia de salud laboral reguladas en la Ley de Sanidad y competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo.

54.-  Los departamentos de Salud Laboral de las Administraciones Sanitarias tienen un rango menor dentro de su estructura orgánica y las Inspecciones sanitarias se ocupan preferentemente de tareas burocráticas de certificación y control. La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo,  centro dependiente del Instituto de Salud Carlos III, que agrupa actualmente actividades de formación, investigación y clínicas, a través de las unidades clínicas de referencia en patología laboral, tiene también un papel menor.  Igualmente sucede con el Instituto Nacional de Silicosis al que se han ampliado sus funciones a las enfermedades profesionales cardiorespiratorias.

55.-  No se han superado los problemas de competencias y tensiones entre Ministerio de Trabajo y Ministerio de Sanidad a lo largo de los años, y las repercusiones negativas que han conllevado para el trabajador-ciudadano enfermo. Para el Ministerio de Sanidad y Consumo la salud de 22 millones de trabajadores es un tema marginal y no forma parte ni de sus prioridades ni de sus “campañas”. Y sin embargo es evidente que el trabajo perjudica seriamente la salud (The Lancet dixit).

57.-  Los continuos ataques al Estado no deben mermar la defensa radical de sus facultades y competencias en materia legislativa, de investigación, de formación, de vigilancia, control, sanción, en un tema como este. La retirada del Estado y de sus instrumentos es ocupada inmediatamente por los causantes del problema. Por el contrario el Estado debe de ampliar extraordinariamente los recursos humanos y materiales, ante comportamientos resistencialistas, para hacer cumplir las leyes. La mayoría de los países desarrollados mantienen en estas actividades recursos humanos y materiales muy superiores a los nuestros y más eficaces.

58.-  La tozudez de los hechos, que no deben de ocultarse con fines tranquilizadores, está generando malestar, escepticismo  y desconfianza  de los trabajadores y empresarios hacia las instituciones y organizaciones implicadas ante las sucesivas medidas que se proponen, sin resultados efectivos.

59.-  Hay que ir hacia un trade-off radicalmente distinto entre prevención y reparación en salud laboral. La actuación para la eliminación del riesgo es eficiente socialmente y para que lo sea también en el caso de cada empresario, se tienen que internalizar los costes y además castigar con dureza al infractor. Todo lo contrario de lo que sucede actualmente. Parece que el concepto de riesgo para la salud de los trabajadores se ha identificado con el concepto de riesgo que implica la actividad empresarial o de aventura, y no es en absoluto lo mismo. Esto lleva a que muchos empresarios “jueguen a la ruleta rusa con sus trabajadores”  con una escasa probabilidad de que les “pillen”. Son conductas empresariales de riesgo cuya victima es el trabajador.

60.-  La sutil modificación introducida en el Código Penal de 1995, en su Artículo 316, sobre los delitos de riesgo y en contraste su pobre aplicación; la discusión interpretativa del concepto de riesgo grave e inminente de la Ley de Prevención en cada caso. La insistencia argumental en el terreno jurídico y cultural para crear confusión sobre la negligencia del trabajador; sobre sus conductas temerarias;  sobre las causas directas olvidando el árbol de causas, el entorno y las condiciones y organización del trabajo. Es necesaria la aclaración conceptual y social, en el campo de la prevención de riesgos laborales, sobre: peligro, peligrosidad, en abstracto y en concreto, cadenas de causas, mucho más  elaboradas hoy en otros conflictos.

61.-  En cuanto a las normas administrativas y jurídicas, sean estas laborales, civiles o penales, la consideración general de los analistas –y los resultados lo confirman- es que han jugado históricamente un pobre papel. Se garantizan con más eficacia los derechos del incumplidor que los del afectado. En una relación de fuerzas desfavorable para los trabajadores la superestructura jurídica y administrativa sirve para facilitar la elusión de las leyes por el empresario. Ello ha llevado a constantes retoques de las normas cuando el problema estaba en la falta de voluntad política y de instrumentos eficaces para su aplicación y ejecución.

62.-  A la pasividad de las Administraciones para hacer cumplir con firmeza, rapidez y masivamente la normativa, se une la lentitud o inaplicación real de medidas debido a la falta de normas de desarrollo y aplicación o recursos ejecutivos. Sanciones prescritas, no ejecutadas, archivo de procedimientos sin investigación,  inaplicación efectiva de la Ley de Contratos de las AA.PP. Art. 20 a),d), inaplicación en las sanciones  del principio “solve et repete”,  falta de desarrollo del art. 49.5 de la LPRL y del 40.2 del TRLISOS, etc. conforman el verdadero núcleo de ineficacia de las normas y de la falta de voluntad real de los poderes públicos. Y como siempre el mayor beneficio del incumplimiento lo obtienen los más poderosos. En definitiva hoy en España el trabajo es uno de los pocos lugares en dónde los daños graves a la salud, incluso la muerte, quedan impunes.

63.-  En realidad uno de los objetivos que se persigue hoy con  la promulgación de normas de salud laboral es un efecto sedante sobre las protestas de los sindicatos, en la medida en que su ejecución no es prioritaria, ni para las autoridades, ni para los empresarios. Por otra parte los sindicatos no ejercen la presión continuada y necesaria para su aplicación y se limitan a protestar por su incumplimiento.

64.-  En paralelo, y no por casualidad, sectores de la patronal europea y española y una corriente doctrinal afín proponen la simplificación de la legislación existente[22] en la materia y su sustitución por Códigos de buenas prácticas[23]. Curiosamente las razones que se argumentan son la complejidad, extensión e ineficacia de la actual normativa. El soft law o derecho débil vendría, así, a sustituir al Derecho del Trabajo cuya primordial ineficacia es que no se cumple. Y se sustituiría por la aplicación  unilateral,  privada y voluntaria sin someterse al imperio de la Ley. Se trata de una silenciosa pero permanente rebelión contra el Estado de Derecho en materia de derechos del trabajador.

65.-  Paralelamente, y en coherencia, se propone reducir las competencias de instituciones tradicionales de la Administración en actividades de vigilancia, control, asesoramiento, investigación, etc. como Inspección de Trabajo, INSHT, Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, que se sustituyen por nuevas competencias para entidades privadas de normalización, prevención, formación, etc. . Ante esta situación no sólo hay que rechazar la privatización sino que es necesario reforzar y hacer más eficiente lo público en beneficio del más débil.

66.-  Al calor del incremento sustancial de las subvenciones de las distintas Administraciones Públicas para actividades de Prevención de Riesgos Laborales y con el propósito, siempre, de “fomentar una auténtica cultura de la prevención”, ha crecido el negocio de un grupo de consultoras privadas, que subcontratadas por organizaciones patronales y sindicales, alrededor de las cuales pululan permanentemente,  conforman  uno de los “nuevos yacimientos de negocios” más prósperos, para la elaboración de estudios, formación, divulgación, edición de materiales, etc.

67.-  En la mayoría de los casos se trata de la simple reproducción de materiales antiguos con ligeras adaptaciones y de cumplir formalmente los requisitos exigidos por las autoridades que los subvencionan. En otros casos, bajo el paraguas de divulgación, se distribuyen masivamente objetos que poco tienen que ver con la prevención de riesgos laborales La verdadera medida de la eficacia de estas actuaciones se puede comprobar en los nulos resultados en la reducción de la accidentalidad o en el conocimiento y concienciación de los empresarios y  trabajadores.

68.-  La cuantiosa afluencia de recursos públicos, con periodos cortos de plazo para su ejecución presupuestaria, ha estimulado la aparición de estudios poco rigurosos, repetidos y de dudosa fiabilidad para su operatividad. La moda de los estudios cualitativos se ha extendido. Y si bien es cierta la importancia de tales estudios también lo es que para que sean válidos deben cumplir con una metodología científica contrastada. Ello supone una especialización y profesionalidad, unos costes, una extensión y unos tiempos que, en la  mayoría de los casos, no existen.[24] 

69.-  Tecnocracia y burocracia se adueñan de las políticas, competencias, vigilancias y controles de la salud laboral. La burocracia insiste en la formalización sin preocuparse de la eficacia. La preocupante experiencia en la aplicación de la Ley de Prevención y la normativa se centra en el cumplimiento formal. Las administraciones públicas son sus principales valedores. Inspección de Trabajo e Institutos de Seguridad y Salud, pero también la administración de Justicia y las Instituciones de la Seguridad Social. Costoso y pesado aparato que no ha servido sino para mantener la situación.

70.-  La tecnocracia[25] se ha utilizado para sustituir el protagonismo, el saber hacer práctico, el conocimiento y  la participación  de los sujetos implicados –trabajadores, técnicos de empresa y empresarios- por el conocimiento general, habitualmente inaplicable, y rechazado y desechado por los afectados[26]. Todo ello en una tradición nada original, por superada, de la “organización científica del trabajo”. La tecnocracia considera el trabajador y el trabajo como objeto maquínico de estudio. Y las soluciones pasan por lo que los modernos llaman la reingeniería de procesos.

71.-  A partir de la Ley de Prevención de 1995 y su desarrollo normativo se viene produciendo un crecimiento exponencial de técnicos (Médicos del Trabajo, DUE de empresa, Técnicos de Prevención, Auditores, Formadores) que constituyen los recursos humanos del creciente mercado de la prevención. La mayoría de ellos con una formación universitaria pero sin experiencia práctica acreditada en el campo de la prevención, manteniendo una relación laboral con las entidades empresariales de dicho mercado.

72.-  La inexistencia de una normativa que permita, proteja y asegure la independencia profesional de estos especialistas[27], frente a las empresas que les contratan y sus clientes, condiciona severamente su enfoque y actividad ante los distintos sujetos implicados: trabajadores, empresas, inspecciones, jueces, empresa que les contrata, administraciones, etc. En general comporta precaución y sensibilidad hacia todos menos hacia el trabajador, que es el que menor poder de influencia tiene.

73.-  Es esencial la organización de estos profesionales y técnicos, la existencia de códigos éticos de comportamiento profesional y su debida protección jurídica, que impida las presiones de los empresarios y garantice la independencia profesional. La actual situación de dependencia inadecuada en lo profesional no les exime de ser imputados en los procesos judiciales o de ser llamados a testificar,  y de que su actuación profesional esté devaluada entre los trabajadores.  La historia de los médicos del trabajo en nuestro país y fundamentalmente durante la dictadura, pero también en democracia, es una historia en la que mayoritariamente han respaldado los intereses empresariales adornados con argumentos científicos muy discutibles y discutidos.

74.-  Pero además prevalece por parte de las empresas, de los servicios de prevención y los profesionales, por la Inspección de Trabajo y los inspectores y en general por todas las instituciones y sujetos ecargados de analizar, concebir, aplicar y vigilar las medidas de prevención, una concepción no multidisciplinar, rutinaria, formalista y sobre todo mecanicista e higienista. El sistema hombre-máquina  y el sistema hombre-medio físico siguen dominando las concepciones y las aplicaciones prácticas en materia de prevención. La psicología, la sociología y la psicosociología, en tanto que disciplinas operativas en el campo de la prevención, siguen mirándose a distancia y con temor o con desprecio.

75.-  No es casual que en el momento actual coincidan la creciente burocratización y tecnocratización con la también creciente funcionarización de los sindicalistas y sindicatos institucionalizados. A través de financiación a cargo de muy diversos presupuestos públicos y por acuerdos privilegiados con las propias administraciones públicas y grandes empresas, los sindicatos institucionalizados cuentan con un ingente y creciente número de “sindicalistas” cada vez más alejados, y durante más tiempo, de los trabajadores y del trabajo real[28].

76.-  La negociación colectiva, espacio privilegiado de la contienda sindical para la consecución de la mejora en las condiciones de trabajo, sigue reflejando en todos los análisis realizados hasta la actualidad una pobreza preocupante en contenidos de prevención de riesgos laborales. La tenaz resistencia empresarial es constatable en todos los Convenio analizados y tiene su causa en la relación clara que tiene con la organización del trabajo en la empresa, núcleo duro del poder empresarial. Lo peor es que, en muchas ocasiones, sigue sirviendo de moneda de cambio para obtener reivindicaciones económicas.

77.-  Invertir estas tendencias implica invertir los espacios de protagonismo y no sólo impedir la despublificación. Hoy las instituciones y organizaciones tienen el mayor protagonismo.  Sin embargo el origen inmediato del riesgo está en el lugar de trabajo y es ahí dónde hay que actuar,  ahí es dónde deben estar sus protagonistas, dónde se deben aplicar los recursos y dónde se comprueban los resultados. Lo público implica también la participación democrática sin tutelas.

78.-  El comportamiento actual de los agentes sociales institucionalizados se encuentra fuertemente condicionado por un funcionamiento clientelar en la percepción de sustanciales recursos y subvenciones financiados por muy  diversos presupuestos de las Administraciones Públicas[29]. También se recurre cada vez más a colaboraciones, patrocinios,  “exacciones parafiscales”, mendicidad sindical, etc., con entidades públicas y privadas, que ponen en entredicho la estatutaria independencia en la defensa de los trabajadores.

79.-  Todo ello redunda en una limitada y acotada capacidad de transformación. Nos convertimos en el interlocutor aceptado y aceptable, al que conviene mantener para que nada cambie de forma sustancial. Los empresarios españoles, aconsejados por los europeos y por nuestras “debilidades”, entraron desde hace años en una verdadera revolución lampedusiana con relación a los sindicatos: “aceptemos que todo cambie para que todo siga igual”.

80.-  Desde luego, no se trata de hacer una crítica a lo actual con alternativas utópicas e inviables y en definitiva frustrantes. Tampoco se avanza realmente con una estrategia de posibilismo posibilista. En los dos casos por que el medio sobre el que operamos avanza con realidad y rapidez. Tampoco se trata de pensar que con ligeros retoques en aspectos parciales se va a solucionar el problema, porque el problema forma parte del núcleo duro y desde ahí se orientan las políticas a todas las parcelas de actuación. En este sentido, aquí, los cambios radicales lo son en tanto se aplican a la raíz, no porque deban de ser instantáneos y totales. Cambios radicales en la orientación de las políticas, sin perder pie en la realidad, pero  firme en los objetivos.

81.-  La reciente aparición de diversas asociaciones de víctimas a niveles locales relacionadas con empresas y riesgos determinados o de carácter más general, denota la gravedad de los problemas y la incapacidad de las burocracias y las tecnocracias para resolverlos. Dada la pasividad e incapacidad de las instituciones, el impulso de este tipo de organizaciones cobra gran importancia. (Asociaciones de víctimas por exposición al Amianto, de mobbing, del depósito de residuos nucleares de Andújar, etc.).

82.-  La evaluación rigurosa de las políticas públicas en este terreno, poniendo en relación recursos con resultados, debe de desplazar intereses espurios. Da la impresión de que la mayoría de las subvenciones actuales en este terreno se hacen más para acallar a los agentes sociales que para conseguir reducir la morbimortalidad laboral.  Los recursos deben de servir para eliminar las causas de las lesiones, no para proteger la supervivencia de clanes y  mantener preferentemente el paradigma compensador. Hay que avanzar en la evaluación antes y después de gastar. Hay que fijar objetivos y medir resultados.

83.-  La dedicación de los recursos necesarios para la investigación en profundidad de todos los accidentes y enfermedades profesionales, que hoy se reduce a trámites formales, sería mucho más eficiente para el objetivo perseguido que su actual dilapidación.

84.-  El  Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, el Plan General de Contabilidad y la contabilidad analítica, con la creación de las cuentas específicas correspondientes, deben de permitir medir y analizar el coste y el rendimiento y ponerlo en relación con el coste del sistema prevención-reparación. Resuelto el tema a escala micro se podría abordar en la Contabilidad Nacional y a escala macroeconómica con la correspondiente agregación contable. El proceso de reforma de nuestra normativa contable, actualmente en marcha, que terminará con un nuevo Plan General de Contabilidad, es una buena oportunidad, e imprescindible, si queremos abordar un análisis y gestión más rigurosa del tema,  superando la actual limitación de las estimaciones.

85.-  Ahora que está de moda la responsabilidad social corporativa ello permitiría un balance social más adecuado y un conocimiento más real y analítico y como consecuencia la posibilidad de utilizar instrumentos menos generales y más refinados, con recursos y resultados medibles y comparables. Partiendo de  su escasez centraríamos más los recursos en forma selectiva en los puntos más negros de la siniestralidad, sin dilapidarlos, y análogamente en lo que se refiere al análisis de resultados. Lo que pretendía el Plan Aragón en esencia.

86.-  El análisis coste-beneficio, correctamente aplicado en salud laboral, es decir internalizando todos los costes económicos realmente generados, nos daría unos resultados en costes muy superiores a los que se vienen haciendo públicos por distintas entidades. Sólo los grandes siniestros industriales, por la alarma social que causan y los intereses en conflicto que conllevan entre las diversas partes, con un poder similar, nos aproximan a un cálculo más cercano a los costes económicos reales. En esos casos la prevención preocupa mucho más a los empresarios que en el caso del accidente del trabajador.

87.-  En este terreno la lógica empresarial se fija optimizar resultados maximizando el beneficio y minimizando los riesgos propios,  y por tanto excluye los riesgos generados en la empresa y para la empresa, externalizándolos. Las restricciones a esa optimización van a proceder de la capacidad de presión de los demás jugadores.

88.-  Los trabajadores deben de ser protagonistas de su historia y participar activamente, con sus capacidades, experiencias y derechos, en un tema tan trascendental como es el de su salud, derivada de sus  condiciones de vida y trabajo. El lema principal del modelo obrero de salud laboral sigue teniendo plena vigencia: La salud no se vende ni se delega, se defiende. Y la dinámica de la relación de fuerzas es crucial para ese protagonismo.

89.-  Iniciar desde cada centro y lugar de trabajo, sobre los problemas concretos y cotidianos, desde el saber hacer de trabajadores, cuadros y técnicos de la empresa y empresarios, con el apoyo técnico suficiente, una actividad menos formal y publicitaria, pero más eficaz, es cada vez más necesario. Y eso además de ser una exigencia democrática es imprescindible para obtener organizaciones sanas y eficaces y resultados de calidad[30]. La sustracción del debate sobre el trabajo entre todos los afectados directamente, interesa solamente a las burocracias establecidas, sean estas administraciones,  empresas o los sindicatos dependientes, o a todos.

90.-  Las condiciones de trabajo y salud no están determinadas, pero sí fuertemente condicionadas, por el modo y las relaciones de producción. No se puede analizar la salud laboral ni se pueden elaborar propuestas de solución al margen del contexto global de cada momento y cada lugar.

91.-  Estamos en una fase de acumulación capitalista caracterizada por componentes extraordinariamente negativos: importantes bolsas de fraude fiscal[31] y a la Seguridad Social, extendida especulación urbanística de carácter político-institucional y privado, crecimiento económico en base a actividades intensivas en mano de obra, mantenimiento de niveles elevados de paro a pesar del crecimiento, explotación del ejército de reserva que supone la inmigración, precarización intensa, elevado endeudamiento de las familias, regresión fiscal y aumento en la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza[32]. El crecimiento no se traduce en desarrollo, y esto consolida e incrementa las desigualdades y limita el propio crecimiento a medio y largo plazo.

92.-  Los estudios sobre la repercusión de las desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza y las condiciones de vida, morbilidad y mortalidad, ya tradicionales,  vienen a confirmar que a mayor desigualdad más incidencia. Y no sólo en las enfermedades somáticas también en las psicológicas y psicosomáticas. No sólo la desigualdad material sino también la percepción y conciencia de esa desigualdad parecen influir negativamente en la salud de los que padecen las peores condiciones.

93.-  El crecimiento económico  está beneficiando especialmente a un grupo minoritario y se genera en base a la sobreexplotación. El objetivo fundamental del desarrollo económico y social es la mejora y el bienestar de las personas[33] y es contradictorio que los principales creadores materiales de esa riqueza empeoren su situación relativa. El objetivo del crecimiento y del empleo se ha erigido por encima, y a costa, de las condiciones de vida y trabajo. Crecimiento económico ¿Para quién y para qué? ¿Sobre quién recae el esfuerzo, la enfermedad, el dolor, la discapacidad y la muerte, y a quién beneficia?

94.-  No es exagerado hoy, dada la gravedad, extensión y persistencia de la situación de la salud laboral, impulsar un amplio debate social en todo el país. No de arriba abajo, como viene haciéndose hasta ahora y que queda acotado en los mismos círculos de siempre (Comisiones, Institutos, Congresos, Ferias, Jornadas, etc.), sino desde fuera de las instituciones, sin necesidad de darse al margen de ellas. Las decisiones tomadas en dichos estamentos, en el mejor de los casos, van quedando desdibujadas y degradadas a lo largo del tortuoso camino que lleva al puesto de trabajo. Iniciativas, normas, energías y dinero van perdiéndose por el camino y al final, sólo en un mínimo porcentaje, llegan a su verdadero destino.

95.-  Los accidentes catastróficos con varias víctimas, cada vez más frecuentes y que elevan la alarma social y la denuncia, provocan una puntual constricción y propósito de enmienda que se olvidan pronto. La cultura de la resignación y del conformismo vuelve a imponerse sobre la voluntad política, que queda en pura retórica.

96.-  El Estado social y democrático de Derecho definido en nuestra Constitución permite una lectura avanzada y transformadora de los derechos sociales fundamentales. Lo que Ferrajoli denomina la Ley del más débil, superando la asimetría procedente del Estado liberal, más volcado hacia la defensa de los derechos políticos y civiles de la burguesía revolucionaria. Es la sociedad, a través de la participación democrática real, la que debe decidir el nivel de riesgo que está dispuesta a aceptar y desde luego nadie tiene derecho a decidir el nivel de riesgo que deben soportar los otros.

97.-  Todos los poderes públicos: poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, han demostrado más capacidad oratoria y publicista en este tema que autoridad, voluntad, decisión y capacidad real para hacerle frente y resolverlo. Tampoco se ha hecho nada porque en algún momento sea centro del debate político y social. Sin embargo las lesiones y enfermedades del trabajo causan más víctimas humanas  por hechos  violentos que el terrorismo, el tráfico, la delincuencia, la droga, la violencia de género, la guerra, el tráfico ilegal de inmigrantes; y por enfermedades más que la mayoría de las más conocidas a través de los medios de comunicación.

98.-  ¿Por qué?. El trabajo asalariado, la obtención de la plusvalía por el capitalismo, las condiciones de trabajo y sus resultados en la salud de los trabajadores, forman parte del núcleo duro del debate sobre el sistema capitalista. Impulsar un debate social sobre ello, que implique a los trabajadores, a los medios de comunicación de masas y al Estado, supone poner en tela de juicio el propio sistema y al propio Estado como “mediador” social. Esencialmente porque las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores hoy son la clave de bóveda y el exponente más claro  de las contradicciones de clase.

99.-  Los conceptos más habitualmente utilizados de riesgo y seguridad en los medios de comunicación social deben someterse a un análisis reflexivo y a debate social. Para algunos, riesgo se relaciona con bolsa, inversiones, empresa, iniciativa, aventura, deportes, sexo, valor; para otros, con peligro, accidente, paro, precariedad, enfermedad, hipoteca. Para unos, seguridad se relaciona con orden, delincuencia, terrorismo, atracos, dinero, poder; para otros, con trabajo, salud, estabilidad laboral, protección social, seguridad social, derechos.

100.-  Conceptos y lenguajes son construcciones sociales, productos a la vez que creadores de culturas, que responden a distintos intereses. El peso en nuestra sociedad de la actividad aseguradora privada y de la teoría de la gestión empresarial, por ejemplo, aportan una prevalencia específica al significado de significantes como seguridad, riesgo, prevención, peligro, cobertura, prima, reparación, indemnización, etc., que invaden la necesaria concepción social de la seguridad y salud en el trabajo y le dan otro sentido. Para el seguro privado la existencia y mantenimiento de los riesgos es la esencia de su negocio; para la sociedad el objetivo debe de ser la eliminación de los riesgos.

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EN RECUERDO DE GASTONE MARRI y de todos los que con ilusión demostraron que los trabajadores no necesitamos tutelas.

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   BIBLIOGRAFÍA VIDA , TRABAJO Y SALUD

1.  Libro Blanco para la Racionalización de los horarios españoles y su Normalización con los demás países de la Unión Europea. Octubre 2005

2.  Decent working time: New trends, new issues. Editado por Jean-Yves Boulin, Michel Lallement, Jon Messenger y François Michon. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2006.  Presentado en la  95ª Conferencia Internacional  del Trabajo 2006.

3. Buenos días pereza: Estrategias para sobrevivir en el trabajo. Corinne Maier. Ediciones Península. 2004.

4. Time and work: work intensity. Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo

5. Utilidad, deseo y virtud. La formación de la idea moderna del trabajo. Fernando Díez. Ed. Península. 2001.

6. El trabajo en la Edad Media. Robert Fossier. Ed. Crítica. 2002

7. Fábrica y ciudad. Sociología del Trabajo 5. Queimada ediciones 1981

8. Trabajo, salud, ergonomía. Sociología del Trabajo 7/8. Queimada ediciones 1982

9. La Medicina Social en España (s. XIX y XX). FIM

10.Desigualdad de la Renta y Salud. Una aplicación empírica para la UE. David Canterero y otros Universidad de Cantabria. 2004.

 http://www.fedea.es/pub/eee/eee194.pdf 

11. La salud de los trabajadores. Aportes para una política de la salud. Franco Basaglia y otros. Editorial Nueva Imagen. 1978

12. Ser obrero no es ninguna ganga. Francisco Candel. Editorial Laia. 1976

13. La muerte obrera. Investigación sobre los homicidios blancos y los accidentes de trabajo. Renzo Ricchi. Editorial Nueva Imagen

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  CALIDAD TOTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. Trabajo y Conocimiento. Bruno Trentin. 2006

http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-bin/QuorumEC/init

2. Salud Laboral y Calidad en el Trabajo. Maria José Laguna Millán. FCT-CC.OO. Diciembre 2005

www.fct.ccoo.es

3. El papel del conocimiento experto en la gestión y percepción de los riesgos laborales. Alfredo Menéndez Navarro. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2003- 6 (4).

http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista_info.sobre?pident_revista=178

4. La Gestión Integrada: Calidad, seguridad y medio ambiente.  Juan Ramón Muñoz Santos. SERFOREM, SL.

5. La Civilización en la encrucijada. Radovan Richta. Ed. Artiach. 1972

6.  Calidad, prevención y medio ambiente. Revista Mapfre Seguridad nº 66. 1997

http://www.mapfre.com/fundaciones/es/FundacionMapfre/publicaciones/pdf/CalidadPrevencion_66_MAPFRESeguridad.PDF7.

Teoría Z. William Ouchi

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  RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 1. Corporate social responsibility and working conditions.  Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo. 2003.

 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11111.htm

2. Libro Azul 2004. Implantación del Pacto Mundial  Naciones Unidas en las empresas españolas.Naciones Unidas

 http://www.pactomundial.org/

3. La responsabilidad social de la Empresa. Luis González Seara. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nº 50

 http://info.mtas.es/publica/revista/default.htm

4. Responsabilidad social corporativa y prevención  de riesgos laborales. Ricardo Vyhmeister Bastidas. UPC. 2004.

5.  NTP 693: Condiciones de trabajo y códigos de conducta. INSHT

 http://www.mtas.es/insht/ntp/index.htm 

6.  NTP 687:  Responsabilidad Social de las empresas: Modelo de Balance Social de ANDI-OIT. Indicadores (I). INSHT

7. NTP 688: Responsabilidad Social de las empresas: Modelo de Balance Social de ANDI-OIT. Indicadores (II). INSHT

 http://www.mtas.es/insht/ntp/index.htm

8. Anuario sobre responsabilidad social empresarial en España 2006. Fundación ecología y desarrollo y Fundación alternativas.

 http://www.falternativas.org/base/download/1f98_27-06-06_anuariorsc2006.pdf

9. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. OIT. 1977

10. Informe Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las Empresas. Congreso de los Diputados. (BOCG D-24, de 28-5-2004). Julio 2006.

11. Responsabilidad social de las empresas y salud laboral. Seminario Comisión Europea y Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Bruselas Octubre 2001.

12. Conflictos y orientaciones éticos en la relación entre salud y trabajo. Giovanni Berlinguer. Revista Española de Salud Pública nº 4 -1996.

  http://www.msc.es/estadEstudios/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/portadas_pdf_65_74/v7004.pdf

13. La dimensión laboral de la Responsabilidad Social Empresarial en España. Cuadernos de Información Sindical. Fundación 1º de Mayo. Madrid Octubre 2005.

14. Corporate social responsability and safety and healt at work. Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo. 2004.

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  HACIA UN NUEVO EQUILIBRIO DE RECURSOS EN EL SISTEMA REPARACIÓN-PREVENCIÓN

1. El Seguro de accidentes de trabajo: una reforma necesaria. Emili Castejón. 2005.

2. Accidentalidad en España desde la Ley de Prevención: Crecimiento y cambio ocupacional. Antonio Mora Plaza. Revista LA MUTUA nº  12.  2005

 http://webfraternidad.fraternidad.local/revistas.aspx

3. Las mutuas como entidades colaboradoras en la gestión y como servicios de prevención ajenos. Puntos críticos del escenario normativo español. Rafael A. López Parada. Magistrado. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

4. Fiscalización especial de las actividades de colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las MATEPSS en materia de prevención de riesgos laborales, durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003. Tribunal de Cuentas. Informe nº 672.

 http://www.tcu.es/

5. Memoria Económico-Financiera y de Gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Ejercicio 2003.  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  2006

 http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=49467

6. Informe de fiscalización especial sobre la constitución y materialización de la provisión para contingencias en tramitación, de las reservas obligatorias y del exceso de excedentes de las MATEPSS. Tribunal de Cuentas. Informe nº 720. 2006.

 http://www.tcu.es/uploads/720%20Provisión%20y%20contingencias%20MATEPSS.pdf

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 SISTEMAS ORGANIZATIVOS, CONDUCTAS SOCIALES Y RIESGOS PSICOSOCIALES

1. Libro Verde. Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud  mental. Bruselas 14.10.2005 COM (2005) 484 final. Comisión de las Comunidades Europeas

2. Le Harcelèment psichologique au travail. PISTES. Vol. 7 nº 3. Nov. 2005

 http://www.pistes.uqam.ca/index.html

3. Violenza psicologica sul lavoro. Accrescere la consapevolezza. OMS. Protecting Workers´ Health Series no 4

 http://www.who.int/publications/es/ 

4. La organización del trabajo y el estrés. OMS.  Serie Protección de la salud de los trabajadores nº 3

 http://www.who.int/publications/es/ 

5. Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales. ISTAS

 http://www.istas.net/webistas/biblioteca.asp?idenlace=2616&seccion=6

6. “Mobbing: Conociendo al grupo acosador desde la antropología”. Marina Parés Soliva. XIII Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan Comas”.

7. La atención al público y la salud de las trabajadoras. FCT-CC.OO. Programa Leonardo da Vinci. 2004.

 http://www.fct.ccoo.es

8. La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Richard Sennett. Ed. Anagrama. 2000

9. Jefes tóxicos y sus victimas. Iñaki Piñuel y Zabala. Ed. El Pais Aguilar. 2004

10. Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales. ISTAS. 2006

11. Adaptación para España del método CoPsoQ desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI). ISTAS-FRATERNIDAD MUPRESPA. 2002

12. Evaluación de los riesgos laborales y factores psicosociales. José Niño Escalante. Mapfre Seguridadnº 85, 2002.

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  CULTURAS  DEL RIESGO Y CULTURAS DE LA PREVENCIÓN

1. Sobre el comportamiento seguro. Andrew Hopkins. Revista LA MUTUA nº 14 . 2006

 http://webfraternidad.fraternidad.local/revistas.aspx

2. La Civilización del riesgo. Ulrich Beck. 2003

3. Cultura de la prevención, cultura del dolor e historia. Jaime Llacuna Morera. ERGA-Noticias nº 72/ 2002

 http://www.mtas.es/insht/erga_not/erga_not.htm

4. Todo lo que siempre deseó saber sobre la “cultura de prevención” y no se atrevió a preguntar. Jaime Llacuna Morera. INSHT- CNCT. Revista Andaluza de Relaciones Laborales. 2000.

5. Percepciones y experiencia. La prevención de riesgos laborales desde la óptica de los trabajadores. ISTAS. 2001.

 http://www.istas.net/webistas/biblioteca.asp?idenlace=1463&seccion=6 

6. NTP 662: La experiencia y la imagen en el proceso de comunicación en PRL. INSHT. AL. Galiano y J. Llacuna

 http://www.mtas.es/insht/ntp/index.htm

7. La civilización del riesgo. Patrick Lagadec. Ed. Mapfre.1984

8. Limites de la asegurabilidad de riesgos. Baruch Berliner. Ed. Mapfre. 1982

9. La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Richard Sennett. Ed. Anagrama. 2000

10. Entre iconografía votiva y simbología de seguridad. INAIL

 http://www.inail.it/multilingua/spagnolo/pubblicazioni/breveviaggio/breveviaggio.htm8.

 Historia del cuerpo. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Editorial Taurus. 2005

11. Ser obrero no es ninguna ganga. Francisco Candel. Editorial Laia. 1976

12. La muerte obrera. Investigación sobre los homicidios blancos y los accidentes de trabajo. Renzo Ricchi. Editorial Nueva Imagen.

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    PENOSIDAD, LESIONES Y ENFERMEDADES  EN EL TRABAJO DESDE LA LITERATURA   Y EL ARTE

 1. La belleza imperfecta. Discapacitados en la vigilia del arte moderno. Carlos Reyero. Madrid, Siruela, 2005.

2. Información secreta hecha sobre la visita del pozo y mina de los azogues de la uilla del Almaden que se hizo por el contador Matheo Aleman juez vissitador de Su Majestad.MateoAleman.1593

 http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/libros/mateo/index.htm

3. La mina. Armando López Salinas. Destino 1980

4. Ciclo Cine Social. MTAS-ITSS

 http://www.mtas.es/itss/quienes_somos/centenarioITSS_web.html

5. Historia del cuerpo. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Editorial Taurus. 2005

6. Una historia del cuerpo en la Edad Media. Jacques Le Goff y Nicolas Truong. Ed. Paidós. 2005

7. Ser obrero no es ninguna ganga. Francisco Candel. Editorial Laia. 1976.

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    INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA EN PRL SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

1. Subsistemas cientificio-técnicos de apoyo a las políticas de salud y seguridad en el trabajo. Estudio comparativo entre diferentes paises. ISTAS

2. Recomendaciones para la mejora del subsistema cientifico-técnico español en materia de salud y seguridad en el trabajo. ISTAS

 http://www.observatorio-osl.org

3. Resolución de 18 de enero de 2006, del INSHT, por la que se convocan subvenciones para proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materia de prevención de riesgos laborales. (BOE 9/2/2006)

4. Instituto de Salud Carlos III.

5. Revista Prevención Trabajo y Salud nº 35. INSHT

6. Research Priorities in Occupational Safety and Health: A Review. Sergio Iavicoli y otros. Industrial Health. 2006.

7. V Plan Nacional de I+D+i 2004-2007. Área de Ciencias de la Vida. Subprograma Nacional  de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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    TENDENCIAS EUROPEAS EN PRL

1.  Soft law, Derecho del trabajo y orden económico globalizado. Fernando Valdés Dal-Re. Relaciones Laborales nº 4 , Febrero 2005. LA LEY.

2. Report on the priorities for occupational safety and health research in the EU25. 26 Nov. 2004

3. Páginas web de organismos de la UE dedicados a la Salud Laboral.

 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11110.htmhttp://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11146.htmhttp://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11111.htm

4. Dans le dédale de la politique européene en santé et sécurité. Un guide syndical.  Lone Jacobsen, Viktor Kempa y Laurent Vogel. 2006

5. La prevención de riesgos laborales en el marco de la Constitución Europea. Amparo Garrigues Giménez. Revista del MTAS nº 57.

6. Como adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: Una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006). Comisión Europea, 11 de marzo 2002.

7. Estrategia en salud y seguridad en el trabajo para el periodo 2007-2012. Comisión Europea. 2006.

8. New scope for the Community health and safety at work strategy 2007-2012. ETUI-REHS Health and Safety Department.

9. Las prestaciones por riesgos profesionales. Gian Guido Balandi. Revista MTAS nº64

10. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Bruselas 21.2.2007 COM(2007) 62 final.

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  LAS OTRAS DISCIPLINAS EN PRL Y SUS APORTACIONES  

1. Salud: Antropología e Historia . Curso: Salud y Trabajo en el mundo moderno y contemporáneo Programa de Doctorado y Diploma de estudios avanzados  2001-2002. Profesor Alfredo Menéndez Navarro. Universidad de Granada

2. Determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Francisco Maglio. Sociedad Argentina de Medicina Antropológica

3.“Mobbing: Conociendo al grupo acosador desde la antropología”. Marina Parés Soliva. XIII Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan Comas”.

4. La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Richard Sennet. Ed. Anagrama. 2000.

5. Historia del cuerpo. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Editorial Taurus. 2005

6. Reflexiones sobre la aparición de operadores psicosociales en la salud de los trabajadores. Rafael de Francisco López. Revista La Mutua nº  9. Año 2003.

 http://webfraternidad.fraternidad.local/revistas.aspx?

7. La medicina e higiene militar en los siglos XVIII y XIX: una olvidada Medicina del Trabajo. Rafael de Francisco López. Revista La Mutua nº 14. Año 2006.

 http://webfraternidad.fraternidad.local/revistas.aspx?

8. La medicina del trabajo en la historia. Tratado de Medicina del Trabajo. Esteban Rodríguez Ocaña y Alfredo Menéndez Navarro. Masson 2005.

9. Salud, Trabajo y Medicina en España. Esteban Rodríguez Ocaña y Alfredo Menéndez Navarro. Varios números de Archivos de Prevención de Riesgos Laborales.

10. La situación de la clase obrera en Inglaterra. Friederich Engels. 1845

11. La Medicina Social en España (s.XIX y XX). FIM

12.Desigualdad de la Renta y Salud. Una aplicación empírica para la UE. David Canterero y otros Universidad de Cantabria. 2004.

 http://www.fedea.es/pub/eee/eee194.pdf

13. La fatiga industrial. Coloquio de médicos y sociólogos. Comisión Médica del CERM 1963. Francia. Ricardo Aguilera Editor. 1969.

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  ANÁLISIS DE COSTES EN SALUD LABORAL (Costes internos y costes externos)

  1. Comprender y aplicar el análisis enconómico en la empresa. OMS. Serie Protección de la salud de los trabajadores nº 2

 http://www.who.int/publications/es/

2. Statistical analysis of socio-economic cost of accidents at work in the European Union. Working Papers and Studies. 2004

 http://www.istas.net/webistas/abreenlace.asp?idenlace=1979

3. Quality of the working environment and productivity. Research findings and case studies. Working Paper. 2004

 http://www.istas.net/webistas/abreenlace.asp?idenlace=1979

4. La cultura de la Prevención y su impacto en los resultados empresariales: Un análisis empírico en las empresas españolas. Beatriz Fernández Muñiz, José Manuel Montes Peón y Camilo José Vázquez Ordás

5. Report on Economic Impact of the Safety, Health and Welfare at Work Legislation. Indecon. 2006

6. Prevención de Riesgos Laborales ¿Gasto, inversión o simplemente un impuesto?. Emili Castejón Vilella, Revista Seguridad y Salud en el Trabajo nº 38. INSHT. 2006

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    GESTIÓN EFICIENTE EN SALUD LABORAL

    El papel de la Empresa, de las Mutuas y de los SPA

1. Comprender y aplicar el análisis enconómico en la empresa. OMS. Serie Protección de la salud de los trabajadores nº 2

 http://www.who.int/publications/es/ 

2. Memoria Economico-Financiera y de Gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Ejercicio 2003.  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  2006

http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=49467

3. La cultura de la Prevención y su impacto en los resultados empresariales: Un análisis empírico en las empresas españolas. Beatriz Fernández Muñiz, José Manuel Montes Peón y Camilo José Vázquez Ordás

4 Report on Economic Impact of the Safety, Health and Welfare at Work Legislation. Indecon. 2006.

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    GRANDES RIESGOS INDUSTRIALES Y SALUD LABORAL

    Accidentes catastróficos

1. Estadística de Riesgos Extraordinarios. Serie 1971-2004. Noviembre 2005. Consorcio de Compensación de Seguros.http://www.consorseguros.es/

2. Pérdidas por  terremotos e inundaciones en España durante el periodo 1987-2001 y su estimación para los próximos 30 años (2004-2033). 2004. Estudio realizado por el Instituto Geológico y Minero de España en el marco de un Convenio Específico de Colaboración con el Consorcio de Compensación de Seguros.http://www.consorseguros.es/

3. Catástrofes de la naturaleza y grandes siniestros antropógenos en 2005. SIGMA. Swis Re. Nº 2/2006

 http://www.swissre.com/

4. La civilización del riesgo. Patrick Lagadec. Ed. Mapfre.1984

5. Limites de la asegurabilidad de riesgos. Baruch Berliner. Ed. Mapfre. 1982

6. La responsabilidad penal de las actividades de riesgo. Escuela Judicial CGPJ. Cuadernos de Derecho Judicial. 2002.

7. Incidencia y aplicación de la Normativa Seveso en España. ISTAS. Julio 2006

 http://www.ccoo.es/istas/

8. Plataforma Europea de Seguridad Industrial, ETPIS

9. El Amianto en España. Angel Cárcoba (coord.) Ediciones GPS

10. Las catástrofes naturales y su cobertura aseguradora. Un estudio comparativo.    1999. Consorcio de Compensación de Seguros.

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  ACTORES  EN ACCIONES PENALES SOBRE SALUD LABORAL

Jueces, Fiscales, Peritos, Mutuas, Aseguradoras, Acusación Popular, Empresa e Interesado

1. Instrucciones de la Fiscalía General y las Fiscalías Provinciales sobre siniestralidad laboral.Instrucción 7/1991, de 11 de NoviembreInstrucción 1/2001, de 9 de Mayo

2. Memorias de la Fiscalía General del Estado.Años 2003, 2004, 2005

 http://www.fiscal.es/fiscal/public

3. Derecho Penal del Trabajo. Antonio Baylos Grau y Juan Terradillos Basoco. Editorial Trotta

4. Jornada de coordinación de actuaciones en materia de vigilancia, control y sanción por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. MTAS. Madrid, Mayo 2001

5. La responsabilidad penal de las actividades de riesgo. Escuela Judicial CGPJ. Cuadernos de Derecho Judicial. 2002

6. Prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestralidad laboral. Aspectos penales, laborales administrativos e indemnizatorios. Escuela Judicial CGPJ. Cuadernos de Derecho Judicial. 2004.

7. La posición del Ministerio Fiscal en la tutela de los intereses de los trabajadores. Cándido Conde-Pumpido Touron, Fiscal General del Estado. Noviembre 2004.

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    EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

    Estrategias, Póliticas, Coordinación, Investigación, Promoción, Control y Sanción

1. Protocolos y Guías  de Actuación de la IT y SS en materia de Prevención de Riesgos Laborales.Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Subdirección General para la Prevención de Riesgos Laborales y Políticas de Igualdad.

 www.mtas.es/itss/atencion_al_ciudadano/normativa.html #

2. Instrucción 104/2001 sobre relaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la Fiscalía General del Estado en materia de ilícitos penales contra la seguridad y salud laboral. MTAS.

3. La posición del Ministerio Fiscal en la tutela de los intereses de los trabajadores. Cándido Conde-Pumpido Touron, Fiscal General del Estado. Noviembre 2004.

4. Proyecto de Protocolo Marco de colaboración entre el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el MTAS y el Ministerio del Interior para la investigación efica y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias.

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    LA SALUD LABORAL EN LA EMPRESA MULTINACIONAL

    Normas laborales internacionales, regionales y nacionales

 1. Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. OIT, 95ª Conferencia Internacional del Trabajo. 2006,  y todos los Convenios y Recomendaciones vigentes  sobre seguridad y salud en el trabajo.

 http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm

2. Serie Protección de la salud de los trabajadores. OMS

 http://www.who.int/publications/es/ 

3. Directivas de la UE en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

 http://eur-lex.europa.eu/es/repert/0520.htm#05202010

4.  Programas Sustainable Development through  the Global Compact y Piloting Corporate Social Responsibility through globally-agreed guidelines. OIT. Equipo de Empresas Multinacionales

5. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. OIT. 1977

6. Salud de los trabajadores: proyecto plan de acción mundial 2008-2017. Organización Mundial de la Salud. 26 Enero 2007.

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  LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES COMPLEJAS

 1. Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales. Federico Navarro Nieto. Ed. Bomarzo. 2005. 

 http://www.editorialbomarzo.es/publicaciones/libro.asp?IdT=48

2. La prevención de riesgos laborales en las estructuras empresariales complejas. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. Revista del MTAS nº 48. 2004.

 http://info.mtas.es/publica/revista/default.htm

3. El perturbador efecto que genera el concepto de “propia actividad” en la cooperación de empresarios en el centro de trabajo. Joaquin Aparicio Tovar. Revista LA MUTUA nº 12. 2005.

 http://webfraternidad.fraternidad.local/revistas.aspx 

4.  Protocolo y Guía de Actuación de la IT y SS.  Coordinación de actividades empresariales

 www.mtas.es/itss/atencion_al_ciudadano/normativa.html # 

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    INSPECCIÓN DE TRABAJO Y OTRAS INSPECCIONES EN SALUD LABORAL

Minería, Industria, Transportes, Consejo de Seguridad Nuclear, Sanidad, Aduanas, Mercancías Peligrosas,  DGT, etc. Técnicos habilitados. 

1. La aplicación de la normativa técnica no laboral en materia de prevención de riesgos laborales / Leodegario Fernández Marcos. Actualidad laboral, ISSN 0213-7097, Nº 1, 2001, pags. 195-210

2. Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril. Orden ITC/101/2006.

 http://www.mityc.es/es-ES/index.htm

3. Ley General de Sanidad Libro Blanco de la vigilancia de la salud  para la prevención de riesgos laborales. Ministerio de Sanidad y Consumo.Criterios Básicos sobre la organización de recursos para la actividad sanitaria de los servicios de prevención.  Ministerio de Sanidad y Consumo.

 http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/home.htm

4. Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR).

 http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRETERA/MMPP/_DOCUMENTOS/ADR2005-zip.htm

5. Opinión del Centro Directivo de la IT y SS sobre conflicto de competencias entre la Sección de Minas de un Servicio Territorial de Industria  y la Dirección Provincial de la IT y SS. Consultas Técnicas. IT y SS.

 http://info.mtas.es/itss/utilidades/consultas_tecnicas.html

6. La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto: ejemplo de colaboración entre el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y el Sistema Nacional de Salud. MSC. Revista Española de Salud Pública. Volumen 80 Nº  1. Enero-Febrero 2006

 http://www.msc.es/estadEstudios/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol80/vol80_1/RS801C_portada.pdf 

7.  Acuerdo bilateral de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo  efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines asignados a la Inspección  de Trabajo y Seguridad Social. (BOE 153/2006 Resolución de 12/6/2006 MTAS).

 http://www.cde.ua.es/boe/ 

8. Responsabilidades de los fabricantes en materia de prevención de riesgos laborales. Beatriz Rodriguez Sanz de Galdeano. Lex Nova. 20069. Centro Español de Metrología. Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, modificada por el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, por el que se modifica la citada Ley y se establece el control metrológico CEE. Real Decreto 889/2006, de 21 de Julio, regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

 http://www.cem.es/cem/es_ES/presentacion/home2.jsp

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    ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN SALUD LABORAL

Partidos Políticos, Grupos Parlamentarios, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo  

1. Moción del Congreso de los Diputados de 24 de Febrero de 1998. Congreso de los Diputados

2. Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Sesión 18 celebrada el martes 1 de marzo de 2005.

3. Plan de actuación para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los accidentes laborales. MTAS. Abril 2005

4. Programas electorales de los principales partidos políticos a lo largo de las sucesivas convocatorias electorales

5. Hacia una Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005-2008. Año 2006

6. Propuesta de Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2011. MTAS. 2006

7. Comisión Especial del Senado para la Prevención de Riesgos Laborales. Constitución el 12 de Septiembre de 2000 y finalización el 20 de Enero de 2004.

 http://www.senado.es/legis7/comisiones/index_401.html 

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       SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE

1.- Participación y derechos ambientales de los trabajadores en la empresa española. ISTAS

 http://www.istas.net/webistas/biblioteca.asp?idenlace=1974&seccion=6

2 .La Gestión Integrada: Calidad, seguridad y medio ambiente.  Juan Ramón Muñoz Santos. SERFOREM, SL.

 http://ecom.serforem.com/tienda.pl

  LA FUNCIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN EN PRL

1. La cultura de la Prevención y su impacto en los resultados empresariales: Un análisis empírico en las empresas españolas. Beatriz Fernández Muñiz, José Manuel Montes Peón y Camilo José Vázquez Ordás.

2. Report on Economic Impact of the Safety, Health and Welfare at Work Legislation. Indecon. 2006

3. Prevención de Riesgos Laborales ¿Gasto, inversión o simplemente un impuesto?. Emili Castejón Vilella, Revista Seguridad y Salud en el Trabajo nº 38. INSHT. 2006

4. Sinergia entre seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; hacia una administración conjunta. Mapfre Seguridad nº 76. 1999

 http://www.mapfre.com/fundaciones/es/FundacionMapfre/publicaciones/pdf/Sinergia_76_MAPFRESeguridad.PDF

5. Calidad, prevención y medio ambiente. Revista Mapfre Seguridad nº 66. 1997http://www.mapfre.com/fundaciones/es/FundacionMapfre/publicaciones/pdf/CalidadPrevencion_66_MAPFRESeguridad 

Gregorio Benito Batres

Madrid, 5 de octubre de 2005

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        El  casco ha conseguido en los últimos años una fuerza iconográfica impresionante en materia de seguridad y protección de la vida del ser humano. En nuestro país y en nuestro entorno el casco forma parte del imaginario social en la protección de la vida del motorista, del ciclista,  del minero, del bombero, del trabajador de la construcción, del soldado. Pero más allá del ocio y del trabajo a través de la simbología se nos trata de imponer con elegancia desde cualquier personalidad relevante de visita en una obra, en una industria o en una zona afectada por una catástrofe. Cuando en estas ocasiones en realidad no existe riesgo físico a proteger por el casco, e incluso existen otros riesgos que no se protegen, la imagen cumple un papel sutil pero fundamental de ejemplo pedagógico.

          Sin embargo los datos nos demuestran que en la construcción, la minería y otras actividades laborales los trabajadores sufren un mayor porcentaje de accidentes, y más graves, por causas que no protege el casco.

         La fuerza simbólica alcanzada por el casco en materia de seguridad ha conseguido sintetizar en un solo elemento, a pesar o precisamente por su simpleza, el desideratum de la seguridad. Bajo el casco uno se siente un superman capaz de afrontar todos los peligros del universo y de salvar no solo la propia vida sino la del resto de los mortales. Las imágenes del bombero, del soldado o el minero, con casco, sacando de los escombros al ciudadano o al compañero heridos, sin casco, tienen una fuerza incontestable. El casco, por lo visto, ha dejado de ser y ha pasado de ser un objeto físico a un concepto. Ello ha facilitado la función sintética de la publicidad pero ha generado un gravísimo peligro de llevar a confundir y sustituir el objeto material –casco- por el conceptual –seguridad-.

         Sería ingenuo y burdo hacer un análisis simple de este fenómeno. El casco, en tanto que objeto físico, reúne una serie de características singulares que facilitan extraordinariamente el desarrollo y consolidación de su imaginario como objeto de  protección física del ser humano. En primer lugar porque en sus orígenes así fue concebido para ello. En la lucha, en la guerra, posiblemente se encuentra el origen del casco como protector de una parte especialmente sensible y fundamental del cuerpo. Pero también ahí se inicia su imaginería y conceptualización social. Más allá de su función meramente, aunque esencial, física con la adición del adorno y la distinción empieza a sumar un valor de estatus. Todos los cascos tienen la misma función real pero no tienen la misma función social. Hoy, por los colores o por otros detalles, se sigue diferenciando a los seres humanos por sus cascos. Se podría decir “por sus cascos los conoceréis”.

         El cráneo es una de las partes más sensibles e importantes de nuestro cuerpo. Ha sustituido al corazón a la hora de determinar la muerte. En él reside un cerebro que nos distingue del resto de las especies y es el núcleo de la conceptualización y de la elaboración de las relaciones sociales. Su protección, más allá de lo físico, tiene un carácter social y relacional. Es también el núcleo de la psique y de lo psicológico.

         A lo largo de la historia el ser humano se ha cuidado de proteger la cabeza no sólo frente a otros seres humanos sino de las inclemencias naturales: frió, lluvia, granizo, sol.

         Esa construcción socio-cultural de un simple objeto material permite hoy una manipulación interesada por parte de algunos empresarios de un concepto mucho más complejo cual es el deber de protección de la salud de los trabajadores. Tan es así que recientemente ante un accidente mortal de un trabajador por la caída de una quinta planta el abogado de la empresa la justificó ante la prensa porque el trabajador no llevaba casco. No es un ejemplo excepcional. La publicidad sobre el tema se sigue machaconamente centrando casi exclusivamente en el casco.

         La necesaria de-construcción de un imaginario tan arraigado socialmente va a llevar mucho tiempo y ha de hacerse en paralelo con una construcción nueva de un concepto que hoy día debe abarcar una complejidad y diversidad extraordinarias. El casco debe volver a su materialidad de equipo de protección necesario ante determinados riesgos, pero siempre parcial e insuficiente incluso en su mera materialidad, ante los riesgos actuales. El entorno de trabajo seguro, en el que insiste la Ley de Prevención, es la primera obligación del empresario, y entonces el casco quedaría relegado a situaciones muy excepcionales en un panorama como el de nuestro país con 961.240 accidentes en el año 2004 y un clamoroso subregistro de enfermedades profesionales.

Antonio Mora Plaza

economista

Madrid, febrero del 2007                                                                                

             Parece instalado en una cierta cultura de izquierdas y en el mundo sindical la idea de que practicar el déficit en las cuentas públicas es propio –o debería serlo- de una ideología de izquierdas y que el superávit sería propia de la gente de derechas. ¿Cómo es que se ha llegado a este paradigma? ¿Qué implicaciones tiene este criterio? ¿Tiene efectos económicos relevantes? ¿Cómo afecta a los ciudadanos en general? Son preguntas importantes, pero aún así, para dar con la respuesta adecuada ha de hacerse la pregunta relevante. Desde una perspectiva sindical y/o de izquierdas la pregunta sería: ¿se puede hacer desde lo público una política económica socialmente satisfactoria “a la altura de los tiempos” con déficit cero, incluso con superávit o, como dicen los economistas, con “el presupuesto equilibrado anticíclico a medio plazo”? Dejemos en suspenso por el momento la respuesta y veamos qué nos dice la teoría económica.  Primero las consecuencias del déficit[1].

            a) Positivas. Permite un aumento de la actividad económica por la vía de lo que se conoce como el multiplicador al aumentar el gasto público, que luego se traslada al conjunto de la economía a través del pago de los factores que intervienen en la producción de bienes y prestaciones de servicios. Su importancia depende en gran medida de la situación de partida: ante una atonía de la demanda (consumo público y/o privado, exportaciones e inversiones públicas y/o privadas), la acción del gasto adicional que otorga el déficit es una ayuda inestimable; en situaciones de estancamiento o, aún más, de crisis, se convierte en una necesidad. Sólo los neoliberales recalcitrantes -que cuando tocan poder se vuelven intervencionistas de derechas- niegan esta virtud y prefieren ser tachados de ignorantes. Recordemos que en la crisis del 29, algunos de los áulicos consejeros económicos del presidente F. D. Roosevelt le recomendaban aguantar sin intervenir hasta que pasara el chaparrón ya que el mercado lo arreglaría el solito (el chaparrón consistía en un aumento  del 25% de la población activa en paro). Entonces, casi todos los economistas -el keynesianismo tardaría en implantarse como doctrina[2]- tenían como catecismo las obras de Adam Smith, Alfred Marshall, J. B. Say, etc. El Sr. Roosevelt, sin embargo, no hizo caso, despidió a dos de sus consejeros económicos, implantó el “new deal” y acertó. Corría el año 1933[3]. Si hubieran gobernado los Rato, los Rodríguez Braun, los chicos de Chicago o la Tatcher en la Casa Blanca en 1933, hoy EE.UU. no sería probablemente la primera potencia económica del mundo. Tampoco Europa se habría recuperado, como lo hizo tras la II Guerra Mundial, sin el “plan Marshall”, que era un programa de préstamos y donaciones del amigo americano para 14 países europeos (excepto España), aunque los 4 grandes se llevaron el 65% de las ayudas. Si alguien tiene duda de ello, compárese las tasas de crecimiento de Europa y España hasta el plan de estabilización para salir de éllas (las dudas, si se pueden evitar, mejor). Tampoco China estaría creciendo casi al 10% si no combinara inteligentemente mercado e intervención pública (un país, dos sistemas).

            b) Negativas. El déficit también tiene o puede tener efectos negativos. La economía y la política económica tienen como Jano, el dios romano de las dos caras, también dos caras. Porque el déficit hay que financiarlo y, tanto si se hace con un aumento de la masa monetaria circulante (en manos del BCE), como si se hace con emisión de deuda pública, tendrá efectos inflacionistas, que serán más o menos graves en función  de la marcha de la productividad, del crecimiento de la economía, de la inflación de partida y de las posibilidades de sustitución de los productos encarecidos a través del comercio exterior. Tendrá también efectos negativos sobre los tipos de interés, encareciéndose estos ante la necesidad de colocar los títulos (letras, bonos y obligaciones) entre un ahorro que no se ha movido.

             c) Dudosas. También se ha señalado la posibilidad de un efecto de sustitución de la inversión privada por la pública. Aquí lo que importa es el efecto neto y los efectos redistributivos, por lo que es dudoso que haya que colocar a priori este efecto en la canasta de lo negativo. Por último decir que  la emisión de deuda es equivalente a un impuesto sobre las generaciones futuras que tarde o temprano hay que amortizar, pero que también puede justificarse, incluso en época de vacas orondas, si los beneficios sociales marginales actualizados de la emisión en términos de producción y empleo superan los resultados de la no emisión.

          Hasta aquí la teoría económica que, como toda teoría no especulativa, es un precipitado intelectual de la experiencia. Y esta demuestra que la teoría no anda del todo descaminada. En España en concreto, los efectos negativos podrían ser significativos porque partimos de condiciones iniciales nada halagüeñas: una inflación tradicionalmente de las más altas de la Europa de los 15 y un diferencial de tipos de interés  en nuestra contra respecto también a la media de la UE-15 (en torno a un punto). Y un incremento de tipos perjudicaría no sólo las inversiones, sino también a una gran parte de los ciudadanos por la enorme deuda hipotecaria contraída en los últimos tiempos en el mercado inmobiliario[4]. De la inflación decir que no puede ser soportada por nuestra productividad porque ésta es de las más bajas en Europa debido a que gran parte de la mano de obra la absorbe la Construcción, el Turismo, y la Cultura (el español), que son muy intensivos en mano de obra y poco en tecnología. En cuanto a combatir nuestra inflación como efecto de importaciones sustitutivas, nada de nada, dado nuestro deterioro de la balanza de pagos en los últimos tiempos[5]. ¿Se puede hacer, no obstante, una política social suficiente respetando el paradigma del déficit cero o el del presupuesto equilibrado anticíclico? Se puede hacer aumentando la participación del gasto público en términos relativos, superando nuestro escaso –casi ridículo para un país avanzado- 40,5% de Gasto Público[6] sobre el PIB[7]. Déficit cero significa igualdad de ingresos y gastos públicos, pero nada dice de su nivel respecto al PIB. La media de la Europa de los 15 sobrepasa esta cifra en 8 puntos porcentuales (un 48,2%, año 2004) y prácticamente la misma diferencia para la Europa de los 25 (48,1%). No se puede construir un Estado de Bienestar a la “altura de los tiempos” sin sobrepasar ese 40,5% de GP/PIB, alejado también de los 4 países grandes europeos (48,4%) -y a más de los nórdicos- y también a más de 7 puntos de diferencia de gasto social por PIB de la media de la Europa de los 15[8]. No puede ser causalidad –y no lo es- que los países europeos más avanzados en términos de Estado de Bienestar, en índices de desarrollo humano, en PIB per cápita, en gasto social, en redistribución equitativa de la renta, sean simultáneamente los mismos que han mantenido una relación de Gasto Público por PIB mayor durante décadas. Alguno ejemplos: para el 2004, Italia tiene un 48,5% de GP/PIB, Alemania un 47,5%, Francia el 53,8%, Suecia el 57,2%, el liberal Reino Unido un 43,9% y ha aumentado desde el año 2000 (36,9%), para Holanda es un 46,2%, todo ello según Eurostat[9]. Cosa distinta son las situaciones coyunturales o cíclicas que atraviesan las economías a las que los gobiernos tienen que amoldar su política presupuestaria, además de que todas las economías y políticas económicas deben encontrar el punto de saturación (de inflexión) que hace que esa relación entre Gasto y Producción se vuelve perjudicial para el crecimiento. 

           Nosotros estamos muy lejos de una relación óptima entre GP y PIB dados nuestro nivel de desarrollo medido por el PIB, nuestras insuficiencias medidas por los índices de desarrollo humano, nuestros niveles de fraude fiscal y economía sumergida y nuestro desigual reparto interno de renta y riqueza, todo en comparación con la EU-15, EU-27 o con los 4 grandes de Europa. Resultaría insoportable económica y socialmente si no fuera porque la derecha ha consolidado esta situación presupuestaria e ideológicamente en las 2 legislaturas anteriores (1996-2004).

           Y ahora vendría la contrapartida: ¿cómo se financia ese incremento de gasto público? Respuesta: combatiendo el enorme fraude fiscal (y también en las cotizaciones) derivado de la economía sumergida. Si esta representa el 20,9% sobre VAB[10] en el año 2000[11] o 18,2% en el 2002 y la relación entre GP/PIB es el 40,5%, eso significa que el nivel de fraude fiscal y en las cotizaciones se movería en un intervalo de entre 73.700 y 84.600 millones de euros[12]. Hay que reconocer que el gobierno socialista, que comenzó su andadura en el 2004, está obteniendo un éxito relativo en materia de recaudación en su lucha contra el fraude merced a las modificaciones administrativas y aumento de medios de la Agencia Tributaria[13].  Es posible que parte del crecimiento de los últimos años se deban en parte a una “reflotación” de la economía sumergida, por lo que no podríamos esperar ese 18% de esclarecimiento de lo sumergido y/o defraudado, pero a falto de estudios más concluyentes, sí parece plausible luchar por unos 50.000 millones de recaudación a medio plazo[14]. Sin embargo, para un gobierno de izquierdas esto no es suficiente a también a medio plazo y sí se debería abordar una reforma fiscal sin ánimos recaudatorios, que aumentara notablemente la equidad[15] de las rentas del trabajo y entre éstas y las del capital, sea en términos de deuda liquidable por sujeto pasivo, sea según tipos de rendimientos[16]. Mientras se cosechan resultados, se podría tirar de la deuda pública, de la cual tenemos relativo margen[17].

          ¿Es algo original o inesperado todo lo apuntado aquí? Los hechos no, pero las preguntas relevantes sí lo son y deben serlo también el peso de las respuestas. Es tal la necesidad de superar nuestro escaso nivel de Gasto público sobre el PIB, que debiera ser una estrategia sindical que cualquier negociación global con la patronal debiera implicar al gobierno de la Nación y a las Administraciones Autonómicas en una política como la apuntada: un combate denodado al fraude fiscal y en la Seguridad Social, incrementando la recaudación hasta llevar nuestro Gasto Publico a un entorno del 45% del PIB en dos legislaturas como máximo. En el ínterin, la diferencia se podría cubrir con emisión de deuda pública adicional, pero con el propósito de que, una vez alcanzado el objetivo, disminuirla hasta retornar a la situación actual[18]. Ambas cosas –aumento en la participación del GP y retorno de la deuda viva por PIB- se pueden hacer porque nuestros niveles de fraude fiscal y en las cotizaciones sobrepasan las necesidades de financiación de los niveles de Estado de Bienestar propuestos. Déficit cero sí, incluso superávit anticíclico, pero no a los niveles de GP sobre PIB actuales. No es posible una política social acorde con los problemas e insuficiencias sociales actuales (agravadas por las 2 legislaturas del P.P.), con los niveles de Gasto público por PIB actuales, por más esfuerzos que se haga en la redistribución de los presupuestos. Los sindicatos de clase deberían convertirse en cómplices morales del combate del Gobierno contra el fraude fiscal y en las cotizaciones. Déficit cero sí, déficit cero no, ahora, en España, es un falso debate; y en todo caso no se puede asimilar déficit con política de izquierdas y superávit con política de derechas, ni por su función, ni por la historia de la política presupuestaria de Europa y de EE.UU.[19]

[1] En la Unión Económica está limitado la cuantía del déficit en un 3% sobre el PIB por mor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) mediante una resolución del 17.6.1997 del Consejo de Europa. Para una discusión sobre los efectos del pacto véase el trabajo: “¿Qué aporta a la UEM el Pacto de Estabilidad y Crecimiento?”, de Blanca Sanchez-Robles, de la Universidad de Cantabria (se puede obtener por Internet). El artículo es ilustrativo, aunque algunas de sus afirmaciones sean discutibles. Ha habido una revisión del Pacto que entró en vigor en julio del 2005, relajando algunos supuestos del PEC y ya no se exige a los Estados miembros que “converjan hacia una situación presupuestaria uniforme próxima al equilibrio a medio plazo”. En el PEC revisado prevé “diferenciar los objetivos presupuestarios a medio plazo para cada Estado miembro en función de la situación económica y presupuestaria de cada país”. Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (com (2006) 304 final)).

[2] La “Teoría General… “ de Keynes se publicó en 1936.

[3] Véase la Historia de la Economía, de Galbraith, entre otros muchos trabajos al respecto.

[4] En deuda hipotecaria por habitante somos líderes, desgraciadamente.

[5] Somos el país de la Unión Económica (UE-25)  con el saldo de la balanza de pagos negativo más alto en términos absolutos (44.451 millones de euros por cuenta corriente, año 2004), fruto de nuestros saldo negativo en la balanza comercial (69.834 millones, año 2005), según datos de Eurostat y Banco de España. No es que ello sea deseable, porque un saldo negativo limita el crecimiento, pero podemos consolarnos porque el siguiente país más deficitario es el Reino Unido (34.375 millones por cuenta corriente, año 2004). Ambos países son de los 5 grandes de la UE los de más alto crecimiento del PIB en los últimos años. Conclusión: en economía no se puede ser fundamentalista sino analista.

[6] Total General Government Expenditure

[7] Gross Domestic Production (GDP)

[8] Aumentar un 5% de participación de GP/PIB representaría 50.000 millones de euros respecto de nuestro billón de euros de nuestros PIB para el año 2006.

[9] General government expenditure and revenue in the EU in 2004, en Economy and Finance, Eurostat, por Ivana Jablonska

[10] Valor Añadido Bruto.

[11] Véase el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio, “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes”, publicado por FUNCAS en el 2004, n. 184.  En este trabajo se utilizan variables monetarias (demanda) para estimar la diferencia entre la producción real y la registrada en las cuentas nacionales. También se apuntan otros criterios para la estimación como la evolución del gasto de energía eléctrica. Con otro tipo de variables estiman los autores que los niveles de fraude estarían para el año 2002 en un entorno del 18%.

[12] El 20,9% de fraude sobre el 40,5% de GP/PIB y el resultado de ese producto sobre nuestro flamante y recién estrenado billón de euros de PIB estimado sería para el año 2007 de 84.645 millones (84.600 millones = 20,9% x 40,5% x 1.000.000 millones). A falta de estudios concluyentes, ha de suponerse que los niveles de de economía sumergida y de fraude derrivado son homogéneos a los largo del tiempo estudiado. Esto es dudoso porque la estructura de la economía española ha variado en las 2 últimas décadas notablemente, pasando de ser una economía industrial a una claramente de servicios con un peso creciente de la Construcción. No queda claro si ello a favorecido el ocultamiento y/o el fraude o lo contrario.

[13] A pesar de que aún subsisten problemas a juzgar por las quejas de los cuerpos de inspectores fiscales.

[14] 50.000 millones de euros supondría reflotar de lo “sumergido y/o defraudado” 12,35% de nuestros actuales niveles de fraude (sean los 20,9% o los 18,2%), ya que 50.000 millones = 1.000.000 millones de PIB x 40,5% de GP/PIB x 12,35%.

[15] Somos el quinto país más desigualitario de la Unión Económica (UE-15) tras Grecia, Portugal, Italia y Reino Unido, aunque muy cerca de estos dos últimos, medido por comparación entre las rentas (incomes) ingresadas por el 20% de la población de más alto nivel de renta y las rentas del 20% de la población de más bajo nivel. Véase Comisión Europea (Eurostat home page/data navigation tree/Inequality of income distribution), año 2005. Otros datos señalan sin embargo que ya hemos sobrepasado a Italia y Reino Unido. Que los los 4 países mediterráneos sean simultáneamente los más retrasados de la Europa de los 15 y los de distribución más desigulitaria de la renta, echa por tierra las teorías de los teóricos del crecimiento que, como los Harrod-Domar, Kaldor, Solow, Rostow, etc., han defendido que la desigualdad favorece el crecimiento (véase, por ejemplo, “Distribución y crecimiento en la historia del pensamiento económico”, de Salvador Pérez Moreno, Universidad de Málaga, año 2003). Si la Economía pretende ser una ciencia no valen excepciones tan claras.

[16] Sin embargo es más que dudoso que la pequeña reforma fiscal de esta legislatura vaya encaminada hacia una mayor equidad. No parece que el pequeño aumento del tipo sobre las plusvalías en el IRPF (del 15% al 18%) pueda compensar la reforma sobre los tramos en el IRPF y la reducción del tipo máximo si el objetivo fuera una mejor distribución de la renta. Sobre las intenciones del Gobierno socialista puede leerse el artículo que publicó Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuando era Secretario de Hacienda en Información Comercial Española en noviembre del 2005, n. 826: “Estabilidad Presupuestaria y Calidad del Gasto Público”.

[17] Somos actualmente el sexto país de la UE-15 con menos Deuda pública por PIB (43,1%), pero muy cerca de Finlandia (41,3%) y del Reino Unido (42,4%). La media de este ratio para la zona euro (UE-12) es del 70,8% y del 63,2% para la Europa de los 25. Para que se vea lo plausible de la propuesta, Francia está en un 67%, Alemania en el 68%, Holanda en un 53%, según datos del Banco Central Europeo.

[18] Incluso reducirla, si ello no perjudica el crecimiento o, dicho en términos más técnicos, llevarla hasta el punto que los beneficios sociales actualizados de la emisión de deuda superan a los costes sociales actualizados derivados del pago del principal y los intereses en términos de menor crecimiento.

[19] No existe evidencia empírica que correlacione gobiernos de derechas con superávit y gobiernos de izquierda con déficit. Para la Unión Europea véase en Eurostat “Pacto de Estabilidad y Coordinación de las políticas económicas”/”Los Estados miembros y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” (última modificación del 19.7.2006). Si echamos un ojo a los EE.UU., ocurre que el demócrata (izquierda) Clinton dejó el gobierno con un superávit en torno a los 130.000 millones de dólares y su sucesor se está manejando en torno a una cuantía de medio billón de dólares de… déficit. Y todo eso en la patria del neoliberalismo, los neocon y la Escuela de Chicago.

              Antonio Mora Plaza y Ángel Cárcoba Alonso

(tal como fue publicado en el diario EL PAÍS en agosto del 2005)

             Desde 1996 al 2004 se han registrado en España 7.423.000 accidentes leves, 100.400 graves y más de 9.400 trabajadores encontraron la muerte a causa o consecuencia de su trabajo, sin que nadie les advirtiera que ese final no entraba en su contrato. En el año 2003 se produjeron en Alemania 735 accidentes mortales para una población activa de 39,4 millones de habitantes; en España, 1.033 accidentes mortales para 18,8 millones. El resultado es demoledor: el índice de incidencia para ese año es 3 veces superior para nuestro país en relación con el germano. Esto no es casualidad. Algo se está haciendo mal cuando no son suficientes leyes, decretos, órdenes, reglamentos, acuerdos, acuerdos-marco, directivas, protocolos, dictámenes, inspecciones, sentencias, convenios, recomendaciones, fundaciones, cursos de formación, delegados de prevención, comités de seguridad y salud, etc., para reducir sustancialmente los altos índices de siniestralidad en la octava o novena economía mundial. Esta es también unas de las herencias del P.P.

             El art. 4 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que “para clasificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo”. Esto es un error, aunque tenga raigambre y justificación histórica. El legislador se ha encontrado con un precipicio entre el riesgo laboral –“la posibilidad de que un trabajador tenga un accidente laboral”- y su frecuencia, su mero recuento –“la severidad del mismo”-, y en lugar de tender un puente entre ambos, lo que hace es sustituir, como haría una compañía de seguros, el primero –el riesgo- por el segundo, es decir, por su frecuencia (“la severidad del mismo”). Hecho esto, las consecuencias son nefastas para la prevención de riesgos laborales, porque se produce un doble subregistro: el derivado de la ocultación culposa de los accidentes en los centros de trabajo y el del riesgo, al identificar erróneamente riesgo (probabilidad) con su recuento (frecuencia).

             Veamos un ejemplo hipotético, pero extraído de la experiencia ordinaria. Hay 4 obreros de la construcción trabajando en un andamio suspendido a 5 metros de altura, todos con las mismas medidas de protección o sin ellas, pero todos iguales. Fallan las sujeciones y caen los cuatro. De ellos, uno sale ileso, otro sufre heridas leves, el tercero ha de ser hospitalizado con algún tipo de traumatismo y el cuarto tiene la mala suerte de que se mata, y hago la siguiente pregunta: ¿cuál era, en la situación en la que estaban los 4 trabajadores, la probabilidad de sufrir un accidente mortal para cada uno de ellos? Aunque pueda sorprender, para el sistema actual de prevención y para los actores que intervienen en el mismo -mutuas, INSS, compañía de seguros, las propias empresas, incluso los propios trabajadores- la pregunta no sólo no se contesta, sino que carece de sentido. El conjunto del sistema hace frente al accidente como si fueran 4 accidentes distintos, cada uno con su gravedad en función de sus consecuencias, y trata de curar, rehabilitar y compensar mediante baremos, indemnizaciones, incapacidades y pensiones –aunque sea parcialmente- a los trabajadores y/o familiares. Sin embargo, la respuesta del sistema es errónea, porque la contestación correcta es la de sufrir un accidente mortal para cada uno de ellos, porque no puede ocurrir que la probabilidad de sufrir un accidente (el riesgo) sea menor que el del accidentado más grave, cuando todos estaban en las mismas condiciones.

             Para ilustrar la diferencia entre riesgo –probabilidad de sufrir un accidente- y siniestralidad sobrevenida –frecuencia-, veamos otro ejemplo extraído trágicamente de la vida misma. Un camionero se quedó dormido en un control de la Guardia Civil en Buitrago de Lozoya y arrolló a 5 vehículos del Cuerpo, matando a 6 guardias e hiriendo a otro. El conductor, de origen rumano y de nombre Toader Iuliau, no tenía contrato de trabajo, ni permiso de trabajo, tampoco de residencia,  el permiso de conducir de su país no es homologable en el nuestro y llevaba 48 horas sin dormir. Todas estas condiciones –sobre todo las 48 horas sin dormir- avocaban tarde o temprano a un accidente. Sin embargo, de haberse quedado dormido unos segundos antes o los coches hubieran estado alineados de otra forma o más espaciados, etc., otras hubieran sido las consecuencias (y no necesariamente menos graves). Pues bien, el sistema valora el riesgo en función de las 6 defunciones y los heridos –otro guardia y el propio conductor-, porque computa 8 siniestros distintos, cada uno con su gravedad, para derivar de ello las consecuentes rehabilitaciones, indemnizaciones y pensiones.. Y pregunto: ¿acaso el riesgo (probabilidad) de sufrir un accidente en esas condiciones era menor si se hubiera producido un número menor o mayor de muertos y heridos?. El sistema, al valorar el riesgo por la siniestralidad sobrevenida (frecuencia), contesta implícitamente a la pregunta que no, que es diferente según las consecuencias, pero la respuesta es la de que el riesgo era el mismo, porque este depende de las condiciones iniciales (falta de sueño, probable impericia del conductor, plazos de entrega insoportables, etc.).

             En este baile trágico, todas las parejas de baile anteriores -riesgo y siniestralidad sobrevenida, probabilidad y frecuencia-  se dan la mano con otra que ha aparecido a hurtadillas: la financiación y la disuasión. De esta, la primera –la financiación- sale a la pista obligada, aunque sea a regañadientes, a través de las primas y cotizaciones y, en concreto, de la tarifa de primas de 1979, con alguna modificación posterior. Sin embargo, la segunda, la disuasión, más parece un torpe bailarín que aparece y desaparece cuando menos se lo espera. Es verdad que existe la posibilidad de un  recargo en las primas y/o en las prestaciones (arts. 108 y 123 de la LGSS). Pero todo esto no es suficiente para curar el error originario del subregistro del riesgo. En el cambio de parejas, la siniestralidad sobrevenida se enlaza con la financiación para que el sistema no descarrile, porque sean cuales sean los índices de siniestralidad, siempre habrá una tarifa de primas capaz de financiar sus consecuencias, y más teniendo en cuenta que esta financiación es una parte relativamente pequeña del presupuesto de la Seguridad Social que se alimenta de primas y cotizaciones ineludibles. De la otra nueva pareja –riesgo y disuasión-, la invitada por la puerta de atrás en esta marcha fúnebre más que galante baile, no cumple apenas ninguna función por 2 motivos: por el subregistro del riesgo aludido al identificar el sistema riesgo y frecuencia (siniestralidad sobrevenida), y porque el coste de disuasión para evitar el daño sólo puede coincidir por casualidad con el coste de la financiación para compensarlo. El primero –la disuasión- debe valorarse y establecerse en función del comportamiento de los empresarios hasta que piensen en su inmensa mayoría que es mayor el coste y penalización (código penal en mano) de las negligencias e insuficiencias por la falta de prevención que el coste de una prevención adecuada al riesgo; el segundo –la financiación- debe valorarse en función de las necesidades de compensación a los siniestrados y sus familias. Ambos no tienen porqué coincidir al responder a necesidades y actores diferentes.

                          La financiación y la disuasión deben ser puestos en pie de igualdad; más inspectores e inspecciones, más controles a pie de obra, son siempre bienvenidos, pueden paliar los defectos y perversiones del sistema, pero no cambiar su naturaleza.